Consenso social para tecnologías más sostenibles

Patricia Delgado.

Todo proceso de cambio atraviesa distintas fases a lo largo de su implantación. Si además se trata de una cuestión de envergadura, como es el caso de la transición energética, que afecta a todo el conjunto de la sociedad y nos exige sacrificios, es inevitable que surjan controversias sobre las acciones a desarrollar.

Nos encontramos en un momento histórico, «la primera gran revolución tecnológica que se hace por decisiones objetivas», en palabras de Antonio Cordón, presidente de la Asociación para la Transición Energética. Y tenemos que ser capaces de dialogar y trabajar todos en la misma dirección, que no es otra que asegurar nuestra propia supervivencia.

Este proceso, asegura Cordón «requiere consenso a nivel mundial y no se puede hacer obviando a la sociedad civil ni ignorando sus consecuencias. Implica movilizar enormes recursos y desarrollar nuevos frentes tecnológicos, por lo que necesita de un amplio acuerdo para saber qué, cuándo hacerlo y con qué medios, pero sobre todo cómo compensar los desajustes que inevitablemente va a producir».

Hace falta «una franca discusión entre todos los estamentos de la sociedad» y la ATE procura generar esos espacios de debate para ser «un agente de movilización de esta discusión, entendiendo que hacen falta posiciones neutrales» que favorezcan el acercamiento de las distintas posturas porque estamos ante un reto «necesario y urgente».

En este contexto y en colaboración con El Diario Montañés, la ATE ha promovido la I Jornada de Transición energética en Cantabria, evento en el que han tomado la palabra numerosos agentes involucrados en este proceso de cambio. Entre ellos, el evento contó con la participación del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien aseguró que «más del 90% del territorio de Cantabria va a quedar exento de parques eólicos», lo que no significa que no vaya a haberlos, porque «hay que ser solidarios» y todos los «habitantes de este país debemos compartir el desafío» ambiental que tenemos por delante.

Aunque el proceso de transición energética se aborda como una cuestión de estado y se enmcarca en una estrategia europea, es lógico pensar que el cambio debe empezar en el eslabón más pequeño, la comunidad autónoma. «Desde el punto de vista de la corresponsabilidad, las regiones deben esforzarse por aportar proporcionalmente para conseguir alcanzar los objetivos establecidos como país», explica Mario Mañana, profesor de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Cantabria.

En este contexto, la situación de partida de Cantabria «es deficitaria, tanto desde el punto de vista de la generación eléctrica como de la de combustibles derivados del petróleo, donde también lo es el resto del país», apunta el docente.

Puesto que la demanda energética es más del doble, Cantabria se ve en la obligación de importar, lo que al mismo tiempo, implica que «alguien tienen que generar lo que nosotros necesitamos».

Analizando los datos del mix de generación nacional y regional, se observa que «el sistema español ha ido incrementando paulatinamente la contribución de las energías renovables por lo que el objetivo de una generación descarbonizada está cada vez más cerca», continúa Mañana.

En el horizonte de 2030 se propone una proporción del 70/30 de generación descarbonizada y, si Cantabria quiere realizar su contribución como comunidad autónoma, «tiene diez años para dar la vuelta a su situación, porque ahora mismo estamos en el polo opuesto, justo en valores inversos», asevera el profesor de la UC.

Respecto a cómo proceder para que así sea, Mañana apunta que «las redes eléctricas son la solución, sobre todo a corto plazo. Hay tecnologías que son maduras y pueden llegar ya, como la eólica o la solar, con todo el debate previo que haya que hacer y también hay otras que vienen empujando con fuerza, como las ligadas al hidrógeno».

No obstante, para el profesor hay otra cuestión que debe analizarse en paralelo a esta sustitución energética y que requiere del asesoramiento de los economistas, «nuestro modelo de crecimiento y económico. Debemos profundizar sobre si es sostenible en el tiempo».

Una cuestión sobre la que también está de acuerdo Jorge Muyo, director general de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial del Gobierno de Cantabria. «Debemos reflexionar sobre cómo y cuánto consumimos, pero también sobre qué factores de innovación podemos incluir en los productos para que a las empresas les cueste menos producirlos y los consumidores podamos percibir ese impacto social».

Y es que, continúa Muyo, «a mí me gusta ver el panorama energético como una comunidad y en ella, el papel de la industria es importante, como consumidor y como suministrador. Una importancia que supone hacer un mejor uso de los recursos disponibles y buscar nuevas formas eficientes de dar cobertura a la necesidad energética, fomentando una cultura innovadora en todo su ecosistema», concluye.

LLevamos mucho tiempo escuchando la urgente necesidad de emprender una transición energética. Sin embargo, pese a la contundencia de las consecuencias que tendrá no llevarla a cabo, cuesta que el mensaje cale. El ciudadano está llamado a implicarse, a actuar y ser parte del cambio que el planeta necesita, pero el proceso está rodeado de una terminología y una tecnología que a veces resultan demasiado complejas y ajenas.

Para bajar al suelo esta necesidad e interiorizarla como propia, el primer paso es entender por qué el cambio es necesario. Álvaro Rodríguez, director de la fundación The Climate Reality Project Spain coloca esta pregunta en la base del proceso, «porque si no, muchas veces, no vamos a entender lo que hay que hacer y los sacrificios que son necesarios».

Rodríguez pone dos datos sobre la mesa para fijar este punto de partida: «cada día arrojamos a la atmósfera, como si de un vertedero se tratara, 160 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, lo que ha hecho que su concentración, que jamás en los últimos cuatro millones de años había superado las 300 partes por millón, en los últimos cuarenta años haya superado las 415, y subiendo».

La traducción de estas cifras al lenguaje de a pie es que estamos calentando el planeta. Esto ya es algo visible, real, con unas consecuencias que son que «el planeta haga cosas distintas». Se producen y estamos normalizando huracanes, lluvias torrenciales, tornados, sequías, la subida del nivel del mar... Pero son cosas para las que no estamos preparados, «este planeta no lo hemos vivido antes y es muy importante tener esto en cuenta».

En este contexto, el compromiso adquirido por España en el Acuerdo de París es evitar que el incremento de la temperatura media global del planeta supere los 2º y, más específicamente, habilitar los mecanismos necesarios para promover un esfuerzo adicional que haga posible que ese calentamiento se quede en 1,5º.

Un objetivo vital que es preciso abordar ya, «porque no habrá otra oportunidad», enfatiza Rodríquez. Y es que tal y como explica, «los retos que tiene Europa planeados ahora mismo no son caprichosos, no son políticos, son físicos y necesarios, si no pasaremos a la historia como los que sabían que había que hacerlo, podían hacerlo pero les dio pereza».

Con esta premisa clara, el director de la fundación plantea como siguiente punto de la agenda, antes de abordar cómo debe ser la transición, cuestionar «si la energía que estamos consumiendo es necesaria» o, dicho de otro modo, hay que empezar por buscar la eficiencia energética.

Y después, ya es el momento de preguntarnos de dónde debe venir esa energía y aquí, «lo que tenemos claro es de dónde no debe venir, no podemos seguir quemando cadáveres de dinosaurio en forma de carbón, petróleo o gas natural».

Invertir en innovación y en desarrollo industrial es clave para avanzar en este proceso de búsqueda y así lo entiende la Unión Europea que cada vez tiene más en cuenta estos factores a la hora de distribuir los fondos comunitarios.

En este marco, Jorge Muyo, director general de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial del Gobierno de Cantabria, explica que de cara a la Estrategia 2021-2027, sobre la que se está trabajando actualmente, «los fondos Feder supondrán una inversión de unos 90 millones de euros y, de ellos, el 70% se destinarán a temas relacionados con la innovación y la transición energética».

Y mientras crecen los fondos destinados a las renovables, la gran pregunta es cómo realizar la transición, cómo sustituir las energías fósiles. El camino está directamente relacionado con dejar de subsidiarlas. «El 80% de los subsi dios a la energía en el mundo siguen yendo a las energías fósiles, algo que no tiene ni pies ni cabeza y así se comentó en la COP26, es como hacernos trampa jugando al solitario», concluye Rodríguez.

Saray Ceballos.

Contar con unas infraestructuras adecuadas que sirvan para el desarrollo de las energías renovables y, por lo tanto, para contar con un futuro sostenible es uno de los principales pasos que una región como Cantabria ha de dar para no quedarse al margen del mapa energético global y español, algo «imprescindible», en palabras del consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Ejecutivo cántabro José Luis Gochicoa «para seguir siendo una comunidad autónoma con visos de poder prosperar». Pero pasar de la teoría a la práctica y plasmar todo ello en el territorio debe hacerse bajo el paraguas de unas políticas públicas exigentes y garantistas, y en el caso de Cantabria así se está y se continuará haciendo.

En este sentido, y ante la realidad del cambio climático y el imperativo europeo y mundial de cambiar los sistemas de producción tradicional por otras fuentes de energía más eficientes y menos contaminantes, Cantabria sí apuesta por las energías renovables, sin desechar ninguna forma de energía. Y apuesta, entre otras, por la energía eólica, pero «de una manera restrictiva y segura».

Es aquí donde entra en juego el futuro Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), una norma de obligado cumplimiento que indicará a empresas y particulares en dónde sí y en dónde no desarrollar determinadas actuaciones de desarrollo urbanístico, entre ellas, la implantación de parques eólicos, garantizando el uso sostenible de los recursos.

Este documento, definirá así las zonas de exclusión eólica de la región, que abarcarán más del 90% del territorio cántabro que quedará exento de que se implanten este tipo de infraestructuras eólicas.

Así, esta protección será ya un primer tope y una primera garantía territorial a la instalación de parques eólicos, mientras que en aquellos lugares donde sí se autoricen iniciativas de este tipo la administración activará todos los mecanismos de control para garantizar el cumplimento de la normativa.

Asimismo, el documento, que busca «que las zonas de exclusión obtengan el mayor consenso posible» y para lo cual contará con una fase de presentación a ayuntamientos y asociaciones «con una especial sensibilidad ambiental», así como a un proceso de participación pública con el objetivo de «incorporar cualquier otros elementos adicionales a lo que hemos contemplado», generará también «una mayor seguridad jurídica», fundamental «de cara a terceros», personas y empresas que busquen emprender e invertir en Cantabria. Se consigue así una seguridad que aporta estabilidad convirtiendo a la región en un entorno de inversión atractivo y competitivo.

Con el objetivo de establecer ese mapa eólico, la Consejería de Obras Públicas viene trabajando hace tiempo «en analizar el territorio para ver dónde encajan mejor estos elementos, cuáles son los lugares idóneos y cuáles son, al menos, los que en ningún caso debe ser posible ser utilizados para ese tipo de infraestructuras energéticas», explica Gochicoa. Un trabajo basado en una primera fase en la cual se han establecido 19 criterios, distribuidos en cinco áreas distintas, que sirven para determinar esas zonas de exclusión.

La primera de estas áreas es la relevancia ambiental, en ella se incluye la cartografía ambiental del Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT); los espacios naturales protegidos; el Plan de Ordenación del Litoral; y el inventario de humedales. El segundo grupo es el de especies silvestres protegidas o sensibles, que integra a la flora amenazada, las aves, los quirópteros y el oso pardo. También se incorporan criterios vinculados a la geología y la geomorfología, con el inventario de cavidades, la permeabilidad, las zonas kársticas, la peligrosidad por colapso y los deslizamientos de terreno como elementos a tener en cuenta. Sin olvidar «el aspecto social y paisajístico del entorno de la gente», también se tiene en cuenta la proximidad a poblaciones y patrimonio: el entorno de núcleos de población, los cabañales pasiegos así como los elementos de patrimonio cultural. El último grupo, seguridad y servidumbres, tanto la seguridad aérea civil y militar, el ámbito de usos compatibles y las servidumbres de otras infraestructuras existentes.

Pero la apuesta de Cantabria en materia de energías renovables «va más allá del PROT», señala el consejero. El autoconsumo con energía fotovoltáica «evitaría el necesitar tanta energía eléctrica en tanta red, si conseguimos acercar la producción al consumo pues mucho menos infraestructura eléctrica será necesaria para poder atender esos usos». Asimismo, la región cuenta con otro tipo de proyectos de la mano de la iniciativa privada como la ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo por parte de Repsol, el Plan de Transición Energética de Solvay o el liderazgo de Bondalti en el desarrollo del hidrógeno, así como la Universidad de Cantabria o el Instituto de Hidráulica Ambiental, vanguardia en el ámbito de la investigación.

Lejos de presentarse como una simple moda a la que sumarse o como una opción a la que acogerse para avanzar como sociedad, la transición «ecológica-energética», tal y como la define desde el ámbito de sus competencias Guillermo Blanco, consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria es ya una necesidad. «Tenemos una lucha contra las emisiones de CO2 que pasa por conseguir su reducción, y la realidad es que si queremos, y de hecho necesitamos, energía, estas tienen que ser limpias», señala Blanco.

Ante esta situación, cobra una gran importancia el hecho de encontrar un equilibrio entre la implantación de proyectos renovables que lleven hacia el éxito a esta transición, con el grado de protección del territorio en función de las especies y lugares que lo conforman. Es decir, entretejer y alcanzar una visión de acuerdo entre las necesidades del entorno y las oportunidades económicas que estos proyectos aportan tanto para el territorio y su sociedad como paras las empresas.

Para ello, «lo que hay que garantizar a lo ciudadanos y a los representantes municipales es que la administración regional va a velar porque tengamos la energía alternativa que necesitamos, pero preservando el cuidado de nuestro entorno y garantizando que lo que se haga en Cantabria se haga con todas las medidas y cumpliendo todos los estándares y la ley».

Avanzar en esta transición y hacerlo con las máximas garantías es el objetivo clave que en esta materia tiene la Consejería de Desarrollo Rural que dirige Blanco así como del Gobierno de Cantabria en general. «Debemos facilitar su implementación y garantizar, desde mi departamento, la compatibilidad con el medio ambiente y, en el caso del conjunto del gobierno, compatibilizar con los usos, los manejos, la gente y el espacio con la que va a convivir esa producción de energía».

Para ello, las Declaraciones de Impacto Ambiental se presentan como el mejor mecanismo de garantía posible para establecer qué tipo de proyectos renovables son beneficiosos para el territorio. Un documento de obligada redacción, elaborado en el marco del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y que sirve para identificar, evaluar y describir los impactos ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso de ser ejecutado, así como las condiciones que deben establecerse, en el caso de su ejecución, para preservar y proteger el medio ambiente y los recursos del territorio.

En este sentido, y contextualizándolo en este marco de transición ecológica-energética, en Cantabria «vamos a contar con las máximas garantías de que las cosas que se hagan se van a hacer bien, con la objetividad de quien más sabe de esto que en la mayoría de las ocasiones no somos los políticos». Porque aquí juega un papel fundamental el personal del servicio de evaluación ambiental encargado de dichos análisis. «Aquí no hay dirección política, el filtro llevado a cabo es totalmente profesional. Son trabajadores públicos que gozan de absoluta independencia, formación y manuales de Ley que hacen que los proyectos salgan más allá de las decisiones que los políticos podamos tomar».

En todo este entresijo de cuestiones, dudas y garantías presentadas por todos los actores que forman parte de esta transición energética, el impacto paisajístico y medioambiental y la forma de conciliarlo con el desarrollo de nuevas infraestructuras de generación de energías alternativas es uno de los principales retos que Cantabria debe asumir. Un impacto con el que la región ya cuenta propiciado «por todos los parques que circundan nuestra geografía a 50 metros del límite» y que sin embargo «no ha supuesto beneficios».

Con todo ello, Blanco se ha mostrado orgulloso y confiado sobre el interés que Cantabria ha demostrado siempre por preservar el medio ambiente, la diversidad y el paisaje. «Seguimos presumiendo de nuestro entorno gracias al cuidado que han tenido los que nos precedieron. Ahora nosotros tenemos la obligación de dejarlo en las mejores condiciones a los que nos suceden».

P.D.

Cantabria tiene actualmente sobre la mesa un intenso debate sobre el emplazamiento más adecuado de los parques eólicos que ha despertado muchas sensibilidades en torno al daño que puede producir este despliegue sobre el territorio. Los distintos agentes que participan de este proceso, gobierno, ayuntamientos, ciudadanos, asociaciones medioambientales y promotores, buscan una solución consensuada poniendo sobre la mesa argumentos que defienden la mejor manera de compatibilizar esta transición energética con el desarrollo regional.

Para Felipe González, delegado de SEO BirdLife en Cantabria, la planificación es la clave. «Lo importante es que la llegada de las renovables se haga de manera planificada. Los estudios dicen que el impacto ambiental es menor con una buena planificación y una adecuada ubicación».

«Pienso –continúa– que la controversia que estamos viviendo es consecuencia de que este despliegue se percibe como algo no planificado».

En la misma línea se pronuncia Agustín Valcarce, presidente de la Asociación Eólica de Cantabria. «Es un error cómo se están planteando las cosas, tenemos una avalancha de proyectos que solo está generando alarma. Deberían paralizarse los proyectos en aquellos lugares que no tienen la planificación adecuada porque, si no, corremos el riesgo de que los parques se estigmaticen y parezcan una imposición, cuando lo que debiera pasar es que la sociedad los quiera».

Y para evitar esta oposición, el delegado de SEO BirdLife en Cantabria remarca la importancia de una «transición dialogada» que permita hacer la transformación que urge hacer, si no, «perderemos la oportunidad que todavía tenemos de hacer una transición modélica, pondremos en riesgo los objetivos climáticos y generaremos un rechazo social que no nos conviene».

Un rechazo que ya es patente en algunas zonas de la región por el miedo a que su paisaje quede dañado. Es el caso de San Miguel de Aguayo, cuyo alcalde, Eduardo Gutiérrez, explica que han pedido «ser zona libre de eólicos porque nuestros vecinos así nos lo han pedido. Y no porque no estemos a favor de las energías limpias, sino porque no lo estamos a cualquier precio». Gutiérrez considera que es preciso un consenso global y determinar en qué zonas de Cantabria deben instalarse los aerogeneradores, «en nuestro territorio es una auténtica aberración lo que se plantea sobre el papel, hay que dialogar para que el despliegue no se masifique en una zona y contar con los técnicos en la definición de los proyectos».

Más allá de la afectación al paisaje, Carlos García, secretario general de Arca, pone el acento en el impacto sobre la biodiversdad. «Cantabria es una región de montaña y estas no son adecuadas para instalar parques eólicos porque son corredores de biodiversidad. Estas grandes máquinas convierten en polígonos industriales toda la zona de cumbre, donde hay más biodiversidad. Esto no pasa en las llanuras».

«Está claro –concluye– que en las montañas es donde más viento hay, pero para solucionar un problema no se puede generar otro. Por eso, Cantabria tiene que velar por el interés de la región y tener una visión global. Hay que llegar a un consenso pero sabiendo que este es un territorio de montaña y por eso la instalación de parques debe ser enormemente moderado».

S.C.

La implantación de un proyecto eólico en un municipio debe hacerse siempre desde un modelo desarrollado desde y por el propio territorio así como perfectamente integrado en él. Un proyecto cuyo beneficio revierta directamente en su prosperidad, colaborando al desarrollo rural de la propia zona. Con este objetivo, el concejo de La Costana, en Campoo de Yuso, ha proyectado la instalación de un parque eólico cuyos vecinos consideran una oportunidad económica y social para el pueblo. «Económica porque mejorará el presupuesto anual de la pedanía y permitirá acometer pequeñas obras que mejoren la calidad de vida de todos nuestros vecinos, y social porque tendríamos la oportunidad de implantar aquellos servicios que en cada momento se consideren necesarios, en función de la evolución de la población», explica su presidenta, Silvia Gómez.

Claro ejemplo de este modelo de implantación, bajo un sistema de compensaciones y una perfecta armonización con los sectores agropecuarios y turísticos, es el parque de Cañoneras en Soba, el primero y hasta ahora único parque eólico en Cantabria. Un total de 32 megavatios instalados entre 2007 y 2010, con el visto bueno de la inmensa mayoría de los vecinos, que ha supuesto «unos ingresos que ascienden aproximadamente a unos 4 millones de euros en estos 14 años», explica su alcalde Julian Fuentecilla. Un dinero que ha sido invertido «en su totalidad» en infraestructuras: la plena renovación de su red de agua de casi 80 kilómetros, la rehabilitación de las antiguas escuelas que hoy son centros sociales o la implementación parques públicos «que hay que mantener y en los que hay que invertir», son algunos ejemplos.

Pero las repercusiones han ido más allá de los recursos económicos obtenidos de manera directa del propio parque: la cabaña ganadera no ha dejado de crecer, han surgido 20 nuevos establecimientos turísticos en los últimos diez años, cuentan con el suministro de agua para ganaderías más barato de todo Cantabria, se han mejorado las carreteras para ganaderos, además de contribuir a la mejora medioambiental.

La eólica se presenta así como un instrumento de desarrollo rural. «Con los recursos que nos generaría la implantación del parque, nos gustaría poner servicios en La Costana que mejorasen el desarrollo del pueblo y conseguir así que la vida rural se quedara en el pueblo, evitando la despoblación», aspira Gómez. Una postura compartida, desde su experiencia, por el alcalde de Soba, «estamos convencidos de que las energías renovables se tienen que implantar y que son una oportunidad de mejora económica para municipios rurales como el nuestros, contribuyendo incluso a mejorar nuestra imagen».

P. D.

A la luz de los datos que arroja el mix energético de Cantabria y su lejanía con los objetivos de producción energética limpia para 2030, se hace imperativo desarrollar líneas de actuación que den la vuelta a esta situación. Agustín Valcarce, presidente de la Asociación Eólica de Cantabria, expone el necesario cambio de mentalidad, «Con el déficit de generación que tiene Cantabria, creo que el gobierno tiene que actuar y ponerse en la línea del resto de comunidades autónomas».

Es cierto, comenta Valcarce, que quizás se ha vivido un momento convulso en el que han salido muchos parques a información pública y eso ha despertado algunos miedos. «Tenemos que reconocer que algunos proyectos pueden no estar bien planteados pero también es verdad que cuando se presentan alternativas y se busca llegar a puntos de entendimiento para ubicar esas instalaciones, lo más normal es encontrarnos el no a todo. Y eso ni es planteable, ni es solidario ni es lo que nos está pidiendo la Unión Europea».

Para desatascar esta situación y avanzar en una transición energética que es necesaria, es importante, en opinión del representante de la asociación, desmontar ciertos mitos que han ido extendiéndose en torno al desarrollo eólico.

Demasiados parques

Ante la avalancha de proyectos, se ha instalado la idea de que «el gobierno quiere convertir Cantabria en un parque eólico». Valcarce compara la situación de la región con otras de la cornisa cantábrica y los datos son claros: Cantabria está a la cola. En Galicia, por ejemplo, hay ochenta parques instalados y más de cien en tramitación. En nuestra región apenas hay un parque y un molino experimental.

Además, prosigue, «el gobierno de Cantabria es uno de los más restrictivos en términos ambientales. Se está vendiendo que de los más de treinta proyectos que hay se van a hacer prácticamente todos, cuando la realidad es que se van a hacer muy pocos».

Pendientes de las ayudas

Otra idea que se ha extendido es que los parques eólicos de Cantabria están pendientes de las ayudas europeas, cuando «no hay ni ayudas europeas ni nacionales ni regionales. Es todo inversión privada», que sí puede verse compatibilizada con la inversión europea que va a llegar para otro tipo de proyectos.

Ruido insoportable

También se dice que el ruido es insoportable y va a espantar a los turistas. «Desde que entró el parque eólico en Soba, por ejemplo, no ha habido ninguna denuncia por ruido. Emiten ruido, sí, pero a 300 metros, un día de viento es prácticamente imperceptible».

Dañan la salud

Estudios de ámbito internacional y procedentes de centros de referencia como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (Estados Unidos)concluyen que «no se ha encontrado ningún vínculo claro y consistente entre el ruido de los aerogeneradores y cualquier enfermedad reportada u otro indicador de daño a la salud».

Estropean el paisaje

Muchas zonas de la región quedarán excluidas precisamente para proteger su paisaje, pero no es cierto que no existe afección en Cantabria «cuando la frontera con Burgos tiene parques eólicos. Antes nos recriminaban que los parques se ven y sufren pero no dejan nada en la región».

Afectan a la ganadería

«Hemos oído decir que no se permite a los ganaderos utilizar las pistas y nada más lejos de la realidad, porque son montes de utilidad pública. De hecho, una de las cosas que más nos agradecen los ganaderos de Soba es, cuando llegan las nevadas de invierno, y abrimos la pista». Respecto a cómo afecta a los animales, continúa Valcarce, «en municipios ganaderos del resto de España no hay ninguna relación entre parques eólicos y afección a la ganadería y en nuestro caso, en Soba, tanto el alcalde como ganaderos explican que los animales se posan bajo los aerogeneradores en busca de sombra».

De todo esto, concluye el presidente de la asociación, «lo importante es descartar falsos mitos y tener claro que todos los parques llevan una tramitación ambiental reglada con una normativa en la que se estudian aspectos como hidrología, geología, paisaje o avifauna, con empresas especialistas y que se cumple la ley, como no puede ser de otra manera».

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