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«Si el parón hubiese durado un poco más el daño hubiera sido muy grande. Nuestros clientes en la Unión Europea no entendían que las plantas productivas españolas estuvieran cerradas mientras el resto del continente, salvo Italia, seguía funcionando. Ahora nos toca hacer un trabajo de comunicación externa muy grande con nuestros clientes extranjeros para hacerles ver que vamos a funcionar con normalidad y garantizar nuestro suministro». El diagnóstico lo emite Tomás Dasgoas, consejero delegado de FAED (Fundición de Aceros Especiales), que reanudó ayer su actividad en el Polígono de Requejada tras dos semanas de suspensión por el real decreto del Gobierno de España a la actividad no esencial, entre la que se incluía este grupo industrial con cerca de 120 trabajadores.
Un regreso de varios ámbitos productivos, encabezados por parte de la industria y la mayoría de la construcción, que se resolvió sin incidencias en materia de seguridad y, eso sí, con ciertas dudas en el ámbito del ladrillo por parte de pymes y autónomos en relación a la prohibición de trabajar en espacios habitados para evitar el contacto con residentes y la transmisión del virus. Algunas grandes fábricas que habían parado desde la expansión del coronavirus reabrieron de forma diversa en función de sus circunstancias.
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«Hemos vuelto dentro de la normalidad establecida antes de la parada, cuando implantamos una serie de medidas para garantizar la seguridad. Además, hemos revisado el protocolo en los últimos días», agregó Dasgoas. ¿Qué precauciones añadidas? María Amandi, responsable de Prevención en FAED, detalló las pautas. «Hemos escalonado los turnos de entrada y de salida, así como los descansos y el almuerzo. Hemos implantado el teletrabajo donde ha sido necesario e incrementado las labores de limpieza, así como fumigar las instalaciones», anotó.
En esa misma línea de una normalidad esperada, pero con aspectos por mejorar, se pronuncian desde CEOE-Cepyme Cantabria. Su presidente, Enrique Conde, sostuvo que «la vuelta ha sido normal, pero hay quejas y cierto miedo a no cumplir con la normativa al no ser clara y estar cambiando de forma constante. Percibimos un poco de intranquilidad porque la inseguridad jurídica es total», anotó.
Desde la Empresa Familiar, la presidenta en Cantabria, Paloma Fernández, reforzó ese mensaje de necesaria continuidad para evitar un quebranto económico mayor que el generado por la pandemia sanitaria, «Las empresas familiares están cumpliendo rigurosamente las condiciones del estado de alarma y tomando las medidas sanitarias y organizativas oportunas para garantizar la salud de las personas desde el principio de la crisis, como no puede ser de otra manera. Nuestra prioridad ahora es luchar por que no se destruya empleo y mantener la actividad. Estamos adheridos a la campaña nacional #EstoNoTieneQueParar porque somos plenamente conscientes de que somos las empresas familiares las que vamos a ser la base de la recuperación económica. Necesitamos trabajar y que se active de nuevo la demanda. Mientras tanto reivindicamos inyecciones de liquidez garantizadas por la Administración, aplazamiento o reducción de impuestos y agilidad con las regulaciones temporales de empleo», dijo.
La Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria (ACP) también trazó su discurso en la misma dirección: La vuelta a las obras se produjo sin incidencias destacadas y dentro de la normalidad. En especial en las grandes compañías del ramo, que son las que pudieron operar toda vez que la limitación de última hora impactó más a las pymes y trabajadores autónomos. La ACP ya avanzó el lunes a este periódico que esta restricción sobrevenida dejaría en casa a unos 3.000 empleados en la región.
La obtención de equipos de protección individual (EPI) también fue objeto de debate. Ayer hubo suministro en todas las actividades que regresaron, pero no son pocos los que admiten dificultades. Desde los constructores, que reconocen obstáculos para conseguirlos, hasta la citada FAED, acostumbrada al uso de mascarillas de forma habitual, un artículo que ha disparado su precio en pleno clímax de demanda. El propio presidente de CEOE añadió que «hay escasez de EPI, pero porque no se pueden conseguir. La Administración está exigiendo el cumplimiento de la seguridad, pero siendo consciente de las dificultades en algunos casos para obtener mascarillas o protecciones», anotó.
Por lo demás, se notaba que no era un día más y por varios polígonos y rincones de la Comunidad se vislumbraba algo más de movimiento que la quietud que presidía las últimas dos semanas. Equipos Nucleares (Ensa) volvió a su fábrica de Maliaño sin sobresaltos. «Como empresa pública, perteneciente al Grupo Sepi, la reanudación de prestación de servicios en Ensa está presidida por el principio de minimización del riesgo. Entre muchas otras acciones se recoge la medición de la temperatura a todas las personas que entran a las instalaciones, con un criterio de aceptación definido. De forma general, la puesta a disposición de EPI a los trabajadores se realiza en atención al riesgo de exposición laboral que presenten», explicó un portavoz.
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Saint Gobain PAM también aceleró ayer una vez levantadas las restricciones y reincorporó a cerca de 200 trabajadores en su fábrica de Santander, una producción de la fundición centrada en la exportación y para la que la firma se había pertrechado previamente de mascarillas.
En el resto de la región también se notó en cierta medida el retorno. Bridgestone reabrió la factoría de Puente San Miguel, aunque a medio gas; mientras que en Los Corrales de Buelna se dejó sentir un repunte ligeramente superior al del periodo de confinamiento total. Como ejemplo, desde primera hora bullía la actividad en BigMat, donde los constructores llegaban de forma permanente para hacer acopio de material, informó Nacho Cavia. A pocos kilómetros, la planta que Chassis Brakes explota en San Felices igualmente reabría varias líneas productivas.
Los sindicatos fueron los encargados de fiscalizar este retorno. Desde UGT confirmaron la catarata de consultas de pymes y autónomos de la construcción ante las últimas limitaciones. En la industria no se constataron problemas, teniendo en cuenta que había grandes fábricas ya operativas, otras a medio gas antes de la pandemia y «las 49 empresas y más de 2.000 trabajadores (2.065) que están en ERTE ya tramitados hasta el 8 de abril».
USO sí que censuró que «muchas pymes han reiniciado con las mismas insuficiencias materiales». Incluso una fábrica grande tuvo que pedir ayuda al Gobierno para comprar mascarillas ante las barreras actuales.
Por su lado, Comisiones Obreras advirtió de que «no permitiremos que las empresas actúen de manera irresponsable y que pongan en riesgo la salud de toda la sociedad» en este regreso a la normalidad.
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