La constructora FCC reclama al Puerto 6,7 millones por resolver el fallido contrato del Muelle 9 de Raos

Los terrenos ocupados por FCC fueron entregados a finales de 2019 para que la APS pudiera iniciar una nueva tramitación, con la redacción del proyecto que resta por ejecutar, para poder proceder a otra licitación. De hecho, esos pasos se han ido completando en la primera parte del año a la espera de poder lanzar el procedimiento correspondiente para encontrar un nuevo adjudicatario. El Puerto ya ha invertido más de 4,59 millones en esta actuación, actualmente paralizada.

Como recuerda la propia APS, la organización portuaria declaró resuelto el contrato el pasado año y FCC demandó por esta decisión. La defensa del Puerto la está llevando a cabo el abogado del Estado-jefe en Cantabria.

La pretensión de FCC pasaba por que se firmase la resolución contractual por imposibilidad de ejecución de la prestación por vicios sustanciales del proyecto, así como una aspiración de indemnización económica que por todos los conceptos (costes directos, indirectos y generales, entre otros aspectos) ascendía a 6.762.350 euros. Sin embargo, el Puerto ha reconvenido, esto es, redemandado, y se reserva incluso la liquidación de daños y perjuicios cuando concluya el proceso judicial.

En esa respuesta de la entidad presidida por González se interesa la desestimación total de la pretensión de la ya exadjudicataria y, además, se insta a que se atribuya la ruptura contractual a la demora imputable a FCC.

Para ello se ha echado mano de un informe pericial elaborado por el Departamento de Geotecnia de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria, sin perjuicio de la restante prueba pericial que deba practicarse en autos durante el litigio.

Como ya explicó este periódico en marzo del pasado año, ambas partes tenían muy avanzada una salida pactada al conflicto hasta que la Abogacía del Estado se opuso a ese consenso al entender que no encajaba con la legislación vigente para este tipo de procedimientos.

La APS contaba con un informe jurídico favorable de un abogado del Estado y que avalaba esta solución de emergencia para no dejar la infraestructura empantanada 'sine die'. No obstante, una vez analizado en Madrid, la institución se opuso a la alternativa perseguida por las partes y dijo que no cabe una solución amistosa al no percibir que se preserve el interés público con este mecanismo.

Aquel cambio de rumbo tiene consecuencias. La primera, evidente. Santander sigue más de un año después sin un equipamiento que el Puerto define como vital para el medio y largo plazo con vistas a seguir compitiendo con sus homónimos de la cornisa cantábrica. La segunda, las dudas en torno a un pleito en los juzgados y la incertidumbre sobre la sentencia, que podría derivar en indemnizaciones superiores a lo asumido por las partes y, en el caso de FCC, si la Justicia estimase que se ha producido un perjuicio a la Administración, pondría en riesgo la posibilidad de seguir concurriendo a concursos con organismos públicos.

El proyecto ya arrancó con el pie izquierdo. Basta recordar que en julio de 2017, apenas tres meses desde la colocación del primer noray, la constructora comunicó que le resultaba imposible asumir la obra por la cantidad que en su día ofertó: 17,2 millones sobre un presupuesto de licitación de 25 millones, lo que supuso una baja de un 32%. De haberse cumplido el calendario, el muelle debía haber estado funcionando en el otoño de 2018.