«La empresa cántabra teme las nuevas sanciones y las quiebras de seguridad»

–Usted ha dicho que no tiene cuenta de facebook, ¿qué me recomienda que haga con la mía?

–Que utilices la Guía sobre Privacidad y Seguridad en Internet. Ahora mismo hay 2.000 millones de usuarios de facebook a nivel mundial, 22 millones sólo en España. Ahí damos consejos muy prácticos sobre privacidad en las redes sociales más usadas por los ciudadanos.

–¿Ha aumentado la conciencia de privacidad de los ciudadanos?

–Creo que cada vez hay más preocupación sobre qué datos se tratan de ellos, con qué finalidad y a quién se ceden. Creo que sí.

–¿Qué consejos daría a cualquier ciudadano para preservar su privacidad?

–Lo primero, que sean conscientes de que el mayor responsable de sus datos son ellos mismos. Lo mismo que cada día al salir de casa cerramos la puerta con llave, también se pueden poner 'puertas' online. Hablamos de contraseñas seguras, fortalecer la wifi de casa, antivirus gratuitos... Todo lo ponemos en valor en esa guía de la Agencia.

–¿Cómo mezcla esa preocupación con la dependencia creciente respecto a los dispositivos móviles?

–Hay que empezar desde pequeñitos. Los niños ya son nativos digitales antes de aprender a andar. Creo que las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en materia educativa, debieran regular y enseñar en las aulas el uso responsable de internet. Eso es fundamental, junto a través de las asociaciones de padres dar las herramientas adecuadas a las familias para estos fines.

–¿Van a ganar dinero los ciudadanos con sus datos?

–Es un debate que se está planteando. Lo que hay que ser consciente es de que todas esas aplicaciones que nos descargamos gratis no son tal, sino que el precio que pagamos es la privacidad. Estoy a favor del desarrollo tecnológico, pero es importante que la ciudadanía sepa que sus datos cada vez tienen más valor, especialmente la información sensible.

–¿Qué tal se han adaptado la gran empresa y las pymes al nuevo reglamento europeo sobre protección de datos?

–Hemos tratado de acompañar a cada sector estratégico en esta adaptación. El sector financiero, por ejemplo, nos ha trasladado sus dudas sobre cuándo hay un interés legítimo en tratar los datos de los clientes. Tengo la sensación de que las grandes compañías han hecho un esfuerzo muy importante. Ahora estamos haciendo un seguimiento con las pymes, que me ocupan y preocupan. Hemos puesto a su disposición una herramienta gratuita que permite la adaptación al reglamento de forma sencilla.

–¿Cómo pueden saber los ciudadanos que sus datos están seguros con el nuevo reglamento?

–Lo primero que deben saber es que hay dos derechos nuevos: el derecho a la limitación y a la portabilidad. No obstante, el mayor derecho es el de un mayor control. Ahora mismo los ciudadanos pueden saber, de cualquier empresa o administración, qué datos se usan de él, con qué finalidad, por cuánto tiempo o si se va a producir una transferencia internacional, entre otros.

–¿La Administración ya está cumpliendo con la nueva normativa?

–Me temo que tanto en las pymes como en algunas administraciones de carácter local se haya dejado para última hora. Hemos recibido más de 12.000 notificaciones de delegados de protección de datos, pero aún queda mucho por hacer.

–¿Qué opina del auge del big data como nuevo pilar en las estrategias empresariales?

–Es bueno, y uno de los mensajes que me gusta transmitir es que la Agencia está apara apoyar la competitividad de las empresas nacionales. Para ayudar a las compañías pusimos en marcha la Unidad de Evaluación de Estudios Tecnológicos para dar la garantía de que sus productos o servicios cumplen con los requisitos de protección de datos.

–El martes participó en Santander en un evento de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) con más de 80 empresarios y directivos de la Comunidad, ¿cuáles son sus principales temores?

–La principal preocupación es el régimen sancionador. Ya hemos explicado que existe una flexibilidad, que se aplica igualmente a los organismos reguladores. Hay una escala que va desde la mera advertencia o apercibimiento sin sanción hasta los 20 millones. Otra preocupación es la de notificar las quiebras de seguridad. Si una empresa ha aplicado la normativa, la notificación no tiene que significar una sanción, ni siquiera una investigación.

–¿Preocupan en la Agencia las prácticas fraudulentas entre los nuevos asesores en este campo?

–Sí. Hay ciertas consultoras que ofertan asesoramiento a coste cero con cargo a fondos de la Fundación Tripartita y eso es una estafa. Ya tengo una denuncia que afecta a varias empresas. Seremos muy contundentes.