La empresa podrá ahorrarse 400 euros por trabajador si aporta al superfondo de pensiones

El texto registra varias modificaciones importantes desde la propuesta inicial. Entre las más importantes, y tras intensos meses de negociaciones con los agentes sociales, las empresas podrán exonerarse hasta un máximo de 115 euros al mes por trabajador en sus aportaciones a estos vehículos, lo que implicaría un ahorro anual en la cotización de unos 400 euros al año por asalariado (33 euros por mes y trabajador), según cálculos del ministerio.

La cifra mejora de forma notable los menos de 80 euros propuestos en el último borrador entregado a patronal y sindicatos, ante la evidencia de que su apoyo al proyecto es clave para desarrollarlo. Pero la norma, que debe estar aprobada antes de junio de 2022 según lo comprometido con Bruselas, llegará al Congreso para su debate sin la 'bendición' completa de la CEOE, que echa de menos bonificaciones aún más generosas, como una vuelta al sistema que regía hasta 2013 para los planes de empresa, en el que las compañías podían acceder a deducciones de hasta el 10% en el impuesto de Sociedades.

Según fuentes consultadas, Escrivá se ha mostrado a favor de esta posibilidad, pero el rechazo de Hacienda ha sido clave para no incluirla finalmente en el texto. Sin embargo, no descartan poder atacar la medida en tramitación parlamentaria. Sería una forma de 'contentar' a los empresarios, que siguen viendo las medidas insuficientes en un entorno en el que deben hacer frente al coste que supondrán otros planes como la subida del salario mínimo o el mecanismo de equidad intergeneracional que se traduce en una subida del 0,6% en las cotizaciones sociales.

«Hemos tenido mucha interacción y hemos acomodado prácticamente todo lo que nos han planteado», ha defendido el ministro Escrivá en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros. «Es una norma que no se discute solo con los agentes sociales, también con la industria... nunca se aspiró a que tuviera un único canal que fuera el diálogo social», insiste Escrivá.

Pese a todo, desde el sector financiero tampoco se muestran conformes con el incentivo final planteado. La patronal de los seguros Unespa advierte que «los importes que resultan de la fórmula propuesta en el proyecto de ley son deducciones de la base de cotización, por lo que su efecto en los costes salariales es mucho menor».

Desde el Ministerio recuerdan, además, que también existen los incentivos en la base imponible del IRPF establecidos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), con límites de 1.500 euros en los planes de pensiones del sistema individual (desde los 2.000 del pasado año) y de 10.000 euros en los de empleo.

En este punto, el documento aprobado por el consejo de ministros también permite finalmente que el trabajador aporte a su plan de empleo más que la propia empresa, según una serie de índices establecidos. Por ejemplo, para una aportación de hasta 500 euros, el trabajador podrá poner hasta 2,5 veces lo que haya contribuido la empresa (hasta 1.250 euros en este caso). Entre 500 y 1.000 euros podrá aportar el doble, hasta 1.500 hasta 1,5 veces y, a partir de ahí, el trabajador podrá igualar la aportación hasta un máximo de 10.000 euros.

Al poder beneficiarse de una reducción en la base del IRPF, siempre dentro de estas horquillas, la intención es continuar «con el proceso de traslación de los beneficios fiscales a las rentas medias y bajas», indican desde el departamento de José Luis Escrivá.

Tal y como ya se anunció en noviembre, el proyecto de ley también establece una mejora en la deducción del IRPF para los autónomos. En concreto, este colectivo tendrá derecho una deducción de 5.750 euros al año, más del triple de la vigente actualmente.

Seguridad Social también ha cedido en términos de gobernanza frente a las aspiraciones de empresarios y sindicatos, que veían un interés algo excesivo por parte del Estado en controlar estos vehículos. Finalmente, se han delimitado de forma más precisa las funciones de la Comisión Promotora y de Seguimiento y de la Comisión de Control Especial.

A la primera le corresponderá la selección de entidades gestoras y depositarias, el establecimiento de la estrategia de inversión a largo plazo, la constitución de los fondos de pensiones y el nombramiento de los miembros de la Comisión de Control Especial.

La Comisión de Control Especial se encargará de la representación del fondo, la elaboración de la política de inversión de cada fondo, el control y la observancia del cumplimiento de las normas de los fondos, el examen de la actuación de la gestora y la supervisión de la misma y, en su caso, de la decisión sobre su sustitución. Finalmente, habrá 5 miembros elegidos por el Gobierno, 4 representantes de los sindicatos y 4 de los empresarios.

Una de las dudas sobre estos nuevos vehículos de ahorro es hasta qué punto las empresas podrán obligar a sus trabajadores a adherirse a cada plan. La aspiración es que de los apenas uno de cada 10 trabajadores que actualmente cuentan con un plan de empresa, se puedan alcanzar niveles del 48% similares a los que registran regiones como el País Vasco, que cuenta con su propio sistema de Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) de empleo.

El modelo ideal, pero más difícil de alcanzar, sería el que rige desde 2012 en Reino Unido, donde los empresarios están obligados por ley a inscribir en un plan de pensiones a todos sus empleados con salarios de más de 10.000 libras anuales. El trabajador, que puede solicitar su salida del sistema cuando quiera, destina un 8% de su sueldo 'pensionable' al plan de pensiones de empleo (un 3% lo aporta la empresa, un 4% el propio trabajador y otro 1% el Estado con deducciones fiscales a las aportaciones).

Más de 10 millones de trabajadores se han incorporado al modelo en la última década. Y apenas un 9% lo ha abandonado desde su implantación.

Los expertos destacan además los cambios que han experimentado los hábitos de ahorro en la población británica, especialmente entre los más jóvenes. Según datos del Ministerio de Trabajo británico recogidos en diversos estudios de las patronales del sector, un 68% de los trabajadores de entre 22 y 29 años aporta a planes privados y de empresa. Antes de la reforma, solo lo hacía un 24%.