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El miedo es de los pocos factores que se propagan antes que un virus. La frase procede del propietario de un establecimiento hostelero de una ... zona popular de Santander. Dos de la tarde. En un día ordinario los clientes abarrotan una barra que se caracteriza por las tapas gratuitas que desbordan los mostradores. Ayer, las encimeras vacías después de un apercibimiento de Sanidad sobre los productos gastronómicos y apenas cuatro habituales que desafiaban la histeria colectiva. Un frenazo económico que, en resumidas cuentas, también tendrá efecto en el conjunto de la economía de Cantabria, que contiene la respiración ante la incertidumbre que se cierne sobre el conjunto del país.
De entrada, ya se han planteado los primeros Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), como alguna agencia de viajes con un impacto mínimo de empleo en la Comunidad, aunque se espera que la onda expansiva en el sector terciario autonómico sea general. De hecho, hay grandes grupos hoteleros ultimando las medidas de ajuste para afrontar la nueva coyuntura. Se espera que las actuaciones cristalicen de forma inminente.
Hay otras decisiones pendientes de aprobación que también tendrán impacto en Cantabria. Por ejemplo, el de la aerolínea Ryanair, que en un comunicado interno a la plantilla plantea excedencias y permisos no retribuidos, así como un mes de vacaciones. Eso como paso previo, ya que si Reino Unido suspende vuelos con España da por hecho los despidos. La compañía cuenta con 22 trabajadores en Santander vinculados al Aeropuerto Severiano Ballesteros.
Por otro lado, «con el fin de ofrecer el mejor apoyo a las empresas en cada momento de una situación cambiante así como de disponer de datos sobre los que realizar las reivindicaciones de respuesta a las necesidades del empresariado regional», CEOE-Cepyme ha comenzado a realizar una evaluación periódica del impacto del coronavirus en los negocios de la Comunidad.
En el formulario se pide responder a cuestiones tales como el sector de actividad en que se desarrolla el negocio corporativo; el número de trabajadores; el grado de efecto que está notando en el negocio; y el modo en que se están viendo damnificados en este contexto.
Ante esta coyuntura, los agentes sociales -CEOE, Cepyme, UGT y CC OO- sostienen que «el creciente impacto del coronavirus que empresas y personas trabajadoras están sufriendo por igual, en tanto que se trata de un grave problema de salud pública, hace necesaria la adopción urgente de medidas extraordinarias para cubrir las posibles situaciones y contingencias derivadas que encuentran una respuesta insuficiente en la actual normativa laboral y de seguridad social. Por ello, han presentado al Gobierno un documento con medidas extraordinarias para hacer frente a la situación», subrayan
No sólo eso. «En estos momentos se requieren recursos extraordinarios que permitan la mayor indemnidad posible para las personas trabajadoras y las empresas con el fin de proteger el empleo y la actividad económica. Estos fondos adicionales no deben computarse a efectos de determinar la senda de cumplimiento del déficit público que se deriva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento aprobados en las Cortes a través del techo de gasto para 2020 y 2021. De esta manera las distintas medidas que planteen y que tengan impacto en las cuentas de Seguridad Social, podrán contar con la gestión y anticipo de fondos de la propia Seguridad Social, pero deberán compensarse con un fondo de ayuda extraordinaria».
Así las cosas, los agentes sociales son contundentes. «Con el objetivo último de evitar situaciones irreversibles para las empresas y el empleo y que se garantice una protección adecuada a las personas trabajadoras, el acuerdo alcanzado por CEOE, Cepyme, CC OO y UGT insta al Gobierno a aprobar un Real Decreto-Ley de medias de carácter temporal y excepcional que, en todo caso, deben negociarse con las organizaciones sindicales y empresariales».
Entrando en materia, «en primer lugar, empresarios y sindicatos abordan una nueva regulación de los ERTE incidiendo, de manera muy particular, en la causalidad vinculada a los efectos de coronavirus, la simplificación de los procedimientos y el acortamiento de los plazos de resolución dentro de la necesaria seguridad jurídica. Así, las medidas aportadas por las administraciones por motivo de salud pública, entre otras, el cierre de centros y la cancelación de actividades, las restricciones a la movilidad de las personas o mercancías, el aislamiento para evitar el contagio o la carencia de suministros, entre otros, podrán justificar los ERTE por fuerza mayor».
Como ideas complementarias, «la protección de los trabajadores fijos discontinuos; atender el cierre de centros escolares, centros de día y las restricciones de movilidad; y facilitar el teletrabajo», aseveran.
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Ana del Castillo
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