Sniace dice ahora que el coste hace imposible revertir los despidos de la plantilla

Aunque está por ver el resultado final que salga de un nuevo encuentro el jueves, ya se puede decir que la «histórica» reversión y conversión de los despidos en una suspensión de empleo de tres años (la más larga que se aplicaría en España) no tendrá lugar porque es demasiado cara. Y tampoco afectaría a la ya conocida cifra de 533 trabajadores: tres años de jubilaciones forzadas y de suerte al encontrar trabajo han reducido la cifra final a 340 trabajadores.

En el encuentro de ayer, el presidente de la compañía, Blas Mezquita, cuantificó el coste de aplicación del Plan Laboral en 20 millones de euros, estimó que excedía en 9 millones la cifra inicial y consideró que era «inasumible». Nueve de estos veinte millones corresponden a las cuotas de la Seguridad Social de los tres años que han pasado desde que en septiembre de 2013 Sniace despidió a todos los trabajadores, un pago imprescindible para revertir los despidos.

«No nos gusta a nadie»

Antonio Pérez Portilla, secretario del comité de empresa, reconoció que el nuevo escenario planteado por la empresa «no nos gusta a nadie», pero explicó la posición de la mayoría del comité de empresa (conformada por UGT, CC OO y SU) con un gráfico «no vamos a mandar ahora todo a la mierda cuando la fábrica está a punto de reabrir».

¿Qué ofrece ahora Sniace? Mezquita expuso que tras las bajas y prejubilaciones forzadas producidas en los tres últimos años, la cifra de trabajadores a recolocar, 340, está cercana a la de la plantilla objetivo del Plan de Viabilidad de 326. En un escenario que contempla la apertura de la fábrica incluso para el mes de agosto, Sniace ofrece eufemísticamente «consolidar» los despidos indemnizando a los trabajadores con 20 días por año trabajado. Tras estos despidos, la fábrica contrataría de nuevo a los 340 trabajadores. La segunda opción, complementaria a esta, es llevar al Tribunal Supremo la aplicación de la filosofía del ya extinto plan laboral únicamente para 45 trabajadores, de estos 340, que están en condiciones de ser prejubilados. A estos se les revertirían el despido y pasarían a entrar en un contrato relevo hasta que cumplieran la edad efectiva de jubilación. Esta es la posibilidad mejor para el comité .

Pero los trabajadores despedidos tampoco cobrarán ahora toda la indemnización. Algo más de la mitad es deuda privilegiada cuyo pago el trabajador puede exigir de inmediato u optar por un aplazamiento de cinco años, como ya han hecho otros acreedores. El resto, deuda ordinaria, se abonará con las otras modalidades establecidas que hayan sido elegidas por cada trabajador, desde un pago con una quita del 50% hasta su conversión en créditos participativos que la empresa empezaría a devolver a plazos a partir del año 2026.

¿Qué gana Sniace con la no aplicación del Plan Laboral? Al no revertir los despidos se ahorra el pago a la Seguridad Social y contrata a los trabajadores, a priori, limpios de contraprestaciones. El comité se aferra al compromiso de la empresa de contratar de nuevo a 340 trabajadores y quiere que todo quede por escrito. Y en este texto firmado entraría una cuestión que ayer recalcó Pérez Portilla y que el comité considera clave: que se mantenga el Plan Laboral en cuanto a las condiciones de trabajo y convenio de los trabajadores que vayan incorporándose a Sniace a medida que abran los departamentos. «Rechazamos los despidos sin más», aseguró ayer Portilla.

La incógnita que se abre ahora es si el Tribunal Supremo, después de tres aplazamientos, convalidará revertir los despidos a 45 trabajadores y aceptarlos para el resto e incluir en el acuerdo de esta reversión/despido también el respeto de las cláusulas sociales, entre ellas el pago de un salario social para los que no se incorporen de inmediato de 400 euros en vez de los inicialmente aprobados 800 euros del Plan Laboral. Según Antonio Novoa, el abogado de la empresa, no habrá problema para que el Tribunal Supremo acepte todo esto.

Críticas de USO

Una visión más crítica y pesimista es la de USO. Su portavoz, Justino Sánchez, sostiene que la empresa «en ningún momento ha contemplado revertir los despidos. Todo ha sido una estrategia para salvar un concurso de acreedores y con ello sus responsabilidades, a costa de unos trabajadores que han utilizado como escudos humanos... Y siempre contando con la ayuda de un ingenuo comité».

Sánchez estima que toda la responsabilidad es de Mezquita: «Carece de un mínimo plan industrial homologable, pero quiere seguir manteniendo sus importantes privilegios salariales y hasta que la caja guarde un solo euro no desistirá. Todo ha sido y es una gran mentira».