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Alrededor de 25.000 empresas en toda España no saben si pueden abrir sus puertas al público o no. Son las dedicadas al ocio nocturno, fundamentalmente bares de copas y discotecas, a quienes se les ha prohibido abrir debido a los rebrotes del virus en ... todo el país, pero a los que la justicia se lo está permitiendo. «Sentimos una grave situación de inseguridad jurídica», denuncia la asociación estatal del ocio nocturno y espectáculos, Spain Nightlife, que en un comunicado pide reunirse con el presidente Pedro Sánchez para que les aclare su situación.
Todo después de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciara que tras la reunión con todas las comunidades se había decidido el cierre de estos locales, pero que en algunas comunidades, como Madrid, un juez haya anulado la orden para el cese de la actividad. El sector no sabe a día de hoy si sus establecimientos pueden abrir o no mientras se resuelve el recurso que «en breve» presentará el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según indicó este sábado el ejecitvo regional.
Pero no solo es un problema de Madrid. La asociación denuncia también la disparidad de criterios e interpretaciones jurídicas y por ello exige «claridad e interlocución» por este «caos jurídico», que consideran que ha tenido lugar por haber aprobado normas sin contar con la participación del sector. Estas 25.000 empresas afectadas dan trabajo a unas 200.000 personas de forma directa, y otras 100.000 indirectas, según las cifras de España de Noche, la patronal del sector.
En este sentido, Spain Nightlife destaca que el ocio nocturno es una parte «clave» de la economía nacional al representar el 1,8% del PIB. «Cerca de 300.000 familias viven del sector, estratégico para el turismo del país», argumentan, por lo que esperan poder reunirse con Sánchez cuanto antes y pedirle de forma urgente un plan de ayudas «acorde a las necesidades». En su opinión, otros países como Francia, Alemania o Italia, donde nunca se han llegado a abrir completamente este tipo de locales, han tomado medidas mucho más directas, como ayudas mensuales para hacer frente a gastos fijos de alquiler, luz o agua.
«Sentimos que se nos ha criminalizado», detallan en el comunicado, a pesar de que «la mayor parte de los locales cumple las normas de protección de la salud a rajatabla». A su juicio, los locales de restauración y ocio nocturno son «muy seguros», y consideran que si ellos cierran habrá muchos más «botellones y fiestas privadas» en los que no se controlarán los contagios.
También los hosteleros prevén que cierren hasta 65.000 bares y restaurantes hasta que acabe el año. El presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, asegura que el futuro del sector es «muy negro» debido a la «mala gestión» de la crisis sanitaria y económica, a la que llega a calificar como «la peor de Europa».
Yzuel participó en la madrugada del sábado en una concentración de cerca de 200 hosteleros en la Plaza Mayor de Salamanca en contra de las medidas adoptadas. «Se han dado palos de ciego» y se han tomado medidas «que no tienen ninguna justificación, ni sanitaria ni económica», señaló.
Y políticamente tampoco hay consenso. Después del varapalo de la justicia a las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid, Ayuso acusó este sábado al Gobierno central de «dejación de funciones» en la gestión de la pandemia. «Ya advertí que necesitamos que el Gobierno central deje de estar ausente porque provocaría decisiones en cascada de las autonomías, y unas son aceptadas y otras no. La dejación de funciones expande la pandemia», dijo en su cuenta de Twitter. Moncloa contestó que las medidas de Madrid, acordadas con el resto de autonomías, son «proporcionales» para combatir la pandemia.
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