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Suele decirse que el pasado siempre vuelve. El refranero ha querido en esta ocasión sumarse a otra premisa convertida en lamento por empresas y economías domésticas. Por diversos motivos, la factura eléctrica, y el consecuente gasto, sigue su progresión alcista. La tesis volverá a ratificarse ... de forma inminente toda vez que antabria se encuentra entre las autonomías en las que se incrementará el precio de la luz, en esta ocasión por la obligación legislativa de repercutir en los clientes una tasa que se cobró a los agentes del sector en el ejercicio 2013.
En concreto, junto a la región cántabra, otras nueve comunidades deberán afrontar el sobrecoste. Se trata de Cataluña, Madrid, Andalucía, Murcia, Extremadura, Asturias, Navarra, Aragón, Castilla y León y Galicia. Según las primeras estimaciones, estas dos últimas serán de las más damnificadas por la refacturación de peajes de hace más de seis años. De hecho, este es el término que aparecerá en la factura para señalar el encarecimiento, que según fuentes del sector alcanzará en los bolsillos cántabros -empresas y hogares- el 2% del importe total abonado en el recibo de la luz en el mencionado ejercicio.
¿A qué se refiere la Administración central con peaje? Se trata de un suplemento territorial por tributos autonómicos. Tal y como explica la Organización de Consumidores (OCU), y que ya han recogido medios como La Información, el cliente abona la tarifa de acceso en el recibo para sufragar el coste de las redes y otras cargos del sistema. En algunas comunidades se imputan impuestos autonómicos a las empresas que operan en el mercado, tanto eléctricas como, por ejemplo, agentes eólicos. En 2013 era obligatorio cobrarlos, pero durante esos 12 meses las tarifas de acceso no reflejaron las diferencias entre comunidades. La justicia ha determinado que ese suplemento de 2013 ha de ser sufragado ahora. El Gobierno central, de hecho, ha tardado varios años en adoptar esa medida, por lo que áun resta por comprobar si el incremento se limitará sólo al periodo ahora en cuestión o si, por el contrario, podrá expandirse a ejercicios posteriores.
Los usuarios pagarán este sobrecoste a su comercializadora actual, que lo derivará al sistema eléctrico para posteriormente redistribuirlo entre los agentes que asumieron en su momento el tributo.
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comunidades se ven ahora afectadas por esta medida, con Galicia y Castilla y León como más perjudicadas.
¿Cómo se pagará? Incluso dentro del sector hay ciertas dudas al respecto. Lo que está claro es que dependerá del importe que haya que repercutir en los recibos, y que se hará de forma inminente. Si la suma a abonar supera los 20 euros, ésta se podrá distribuir en diversas mensualidades.
No hace falta irse tan lejos como 2013 para encontrar motivos de conflicto en el negocio regulado a costa de las normativas. El sector aguarda en tensión la decisión final de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre su propuesta de una nueva metodología para el cálculo de la tasa de retribución financiera que recibirán las redes de distribución y transporte eléctricas (entre 2020 y 2025) y las de gas (entre 2021 y 2026).
El anuncio de la Comisión en verano ya soliviantó a los actores del sector, toda vez que proponía una serie de recortes para corregir el exceso de retribución que, en opinión de los técnicos del regulador, estas empresas han recibido en los últimos años.
En concreto, como resultado de la nueva fórmula, la remuneración del transporte de gas se reducirá en los próximos seis años un 21,8%, sobre ingresos de 1.186 millones anuales; mientras que los de la distribución se deteriorarían un 17,8% sobre 1.420 millones de ingresos.
En el caso de las redes de electricidad, el recorte sería del 8,2% para el transporte, que cobra anualmente 1.656 millones; y del 7% para la distribución, sobre los 5.455 millones que reciben en los peajes.
Las diferentes patronales afectadas por el plan ya presentaron en verano sus alegaciones para tratar de frenar en cierta medida los objetivos de Competencia. El propio presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, tendió la mano al sector durante su participación en julio en los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Viesgo, organizadora del foro, es precisamente una de las potenciales damnificadas.
Quien sí que seguramente verá dividida su 'deuda' por el peaje será la industria, puesto que las cantidades destinadas a los costes energéticos son mayores que en hogares y otro tipo de negocios. Esta nueva subida viene a poner una piedra más en el camino del sector secundario, que lleva tiempo pidiendo a la Administración medidas diversas para abaratar sus gastos por este concepto con objeto de garantizar la viabilidad del negocio en el medio plazo.
Una de las firmas que más ha alzado la voz por este motivo en Cantabria es Ferroatlántica. Sin ir más lejos, la corporación está aplicando un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en sus instalaciones de Galicia y Boo de Guarnizo por el precio de la luz. Aunque de momento no es en Cantabria donde más impacto está teniendo el ajuste, es un elemento de riesgo. «En las fábricas del Grupo la energía eléctrica llega a suponer cerca del 50% de los costes de producción, por lo que disponer de una energía competitiva es imprescindible para mantener la competitividad de nuestras fábricas. El coste de la energía de las fábricas españolas previsto para 2019 es un 300% más caro que en las del mismo grupo en Francia, un 240% más que las de Noruega; y un 190% más cara que en Estados Unidos», ha lamentado públicamente Alberto Fuentes, director de la planta regional.
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