Buruaga: «Madrid pone trabas a los 55 millones de Valdecilla, La Pasiega y el Mupac»

«Nos están poniendo trabas y más trabas», aseguró la líder popular. Según sus palabras, o la exconsejera socialista Ana Belén Álvarez fue demasiado optimista cuando afirmó que solo faltaba estampar las firmas o Madrid ha cambiado de criterio y el Ministerio se ha puesto mucho más estricto a la hora de justificar los pagos. Además, Buruaga también matizó la fórmula que se utilizó en el Presupuesto del Estado en vigor para introducir las partidas cántabras. Hasta donde sabía el nuevo Ejecutivo autonómico, se trataba de tres partidas nominativas para cada una de los proyectos (33 millones de euros para Valdecilla, otros 11 para el centro logístico de Parbayón y los 11 restantes para el museo). «Lo cierto es que esa cantidad está consignada en una partida global para proyectos de inversión y gastos complementarios», lo que a juicio de la presidenta está complicando la negociación. Básicamente, lo que dijo la popular es que desde el Ministerio de Hacienda, al contrario de lo que hizo hace un año, están exigiendo justificar las inversiones antes de firmar el convenio y pagar.

De hecho, en el caso de los 22 millones que ya se pagaron para el Mupac y La Pasiega el año pasado, estos se transfirieron a pesar de que ninguna de las dos obras habían arrancado, por lo que no fue necesaria justificación alguna. El Estado hizo la vista gorda y confió en que la comunidad autónoma los pudiera justificar a lo largo de este ejercicio.

Este nuevo cambio de criterio está suponiendo «un enorme esfuerzo» al nuevo equipo de la Consejería de Economía, ahora en manos de Luis Ángel Agüeros, aunque Buruaga garantiza que estará justificado hasta el último euro para que el Gobierno de Pedro Sánchez no tenga excusa y deje a Cantabria sin esos 55 millones.

Se suponía que antes de la salida del PSOE de la Consejería de Economía esa justificación ya estaba realizada. Según informó entonces el bipartito, envió a Madrid una lista de inversiones ya ejecutadas por valor de 61 millones de euros de distintas consejerías –no solo de Sanidad– para justificar la recepción del dinero, algo a lo que el Ministerio parece que no ha puesto pegas. Es más, fue el Ministerio quien metió en el Presupuesto una partida única de 55 millones –no tres transferencias distintas de 33, 11 y 11 millones– sin detallar a qué tenían que destinarse. Esto, teóricamente, facilita mucho más el encaje legal para firmar el convenio, una figura excepcional en la relación económica entre Madrid y las comunidades autónomas. Tanto que además del caso cántabro, solo se recoge otro más para proyectos en La Rioja.

Si finalmente llegan esos 55 millones de euros correspondientes a 2023, la deuda de Valdecilla estará totalmente saldada. Otra cosa es lo que ocurra con el Mupac y La Pasiega. Formalmente, el Estado no tiene obligación de apoyar económicamente estas actuaciones. Los convenios se negociación año a año y depende de la voluntad política del gobernante de turno. Dando por hecho que Pedro Sánchez quisiera poner dinero por tercer año consecutivo para ambos proyectos, la única forma de hacer realidad esa intención es que haya Presupuestos del Estado para 2024, algo que parece complicado –todo apunta a que las cuentas se prorrogarán– por el retraso en la formación del Gobierno.

Agüeros entiende que ese escenario de la prórroga es el más probable, por eso no incluirá la llegada de 22 millones adicionales en la previsión de ingresos.

Buruaga lamentó que estas «trabas» de Hacienda han sido uno de los pocos intentos exitosos de interlocución con Madrid. «Todos los ministros están preocupados por su propia supervivencia y por el futuro político de Sánchez», lamentó la presidenta, que aún sigue esperando tener cita para la reunión que pidió a la ministra de Transportes para hablar de la estación intermodal de La Pasiega y de las obras pendientes del Estado.

¿Cuáles son prioritarias? La líder popular señaló que lo más importante es finalizar las que están en marcha –algunas con retrasos evidentes como el ramal de Torrelavega– y también la red ferroviaria de Cercanías. No renuncia a lograr el tren Santander-Bilbao y a entrar en el corredor Atlántico. Y sobre la obra del AVE a Madrid, que está en marcha en diversos tramos, apuntó que en Cantabria «no hay fecha cierta ni la garantía de que llegue a Reinosa».

A mediados de julio, el consejero de Fomento, Roberto Media, ordenó comenzar la auditoría en el departamento en relación al 'caso Obras Públicas'. En este trabajo de análisis de los contratos adjudicados en el área en los últimos veinte años trabajan tres interventores que, hasta el momento y tras tres meses, aún no han encontrado nada sospechoso. «Los expedientes, hasta este momento, están perfectos. Intachables a nivel administrativo, a efectos de tramitación», afirmó ayer Buruaga, que precisó que «otra cosa distinta es lo que haya detrás y si ha habido lucro personal», algo que no va a poder determinar la Intervención y que depende únicamente de la Justicia. En este sentido, subrayó la colaboración del Gobierno con el juzgado que instruye la causa. «De silencio cómplice, nada. Tolerancia cero con la corrupción», reprochó ante las críticas al respecto.

PRC y Vox están a favor de apoyar la reforma de la Ley del Suelo para recuperar el régimen de construcción de vivienda unifamiliar en rústico que existía antes de la reforma aprobada por el bipartito, con el regionalista José Luis Gochicoa como consejero. Lo que no querían ambos partidos de la oposición era que se hiciera incluyendo esta modificación en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2024, sino con un debate y una norma propia. A falta de un acuerdo, Buruaga confirmó que sí ha introducido esta reforma en la Ley de Acompañamiento. La presidenta defendió que este cambio es un clamor popular y una demanda casi unánime de todos los alcaldes. Además, señaló que es urgente hacerlo pronto porque en septiembre de 2024 acabará el régimen transitorio –era de dos años– que endurecerá la construcción en suelo rústico en los municipios de más tamaño.

«En política no hay que esperar a que las cosas pasen, sino que hay que estar encima de ellas». A raíz de esa reflexión, Buruaga confirmó que, si nada se tuerce, antes de que acabe octubre la Comisión Regional de Ordenación del Territorio (Crotu) aprobará definitivamente el proyecto eólico de El Escudo, que servirá para levantar 25 aerogeneradores con una inversión de 105 millones de euros para dar luz a 95.000 hogares. Cabe recordar que la Consejería afirmó que eso ocurriría en septiembre y no ocurrió. La presidenta lamentó que la empresa lleve meses esperando «con el material en el Puerto» a que el Ejecutivo cántabro dé este visto bueno. «Con este Gobierno arranca el contador de la eólica en Cantabria», insistió la líder popular, que confió en que otros seis parques salgan adelante esta misma legislatura.

La presidenta lamentó la herencia envenenada de las listas de espera en Sanidad y pidió a los cántabros que realicen un ejercicio de «confianza» en su palabra de que los datos mejorarán de forma sustancial a lo largo de los próximos meses. Una confianza basada, según dijo, en la gestión que el PP ya hizo de este problema durante la legislatura 2011-2015.

La reducción de los tiempos de espera se hará con «presupuesto, gestión eficaz y la suma de esfuerzos con los profesionales sanitarios». En este sentido, Buruaga apuntó que el plan de la Consejería se basa preferentemente en la reactivación de un sistema sanitario público al que «hay poner a pleno rendimiento», pero que también estará complementado por la sanidad concertada, una colaboración que ha funcionado «en plena armonía» durante 40 años.