El gasto mensual en pensiones cántabras se dispara casi un 40% en la última década

En pleno debate sobre el futuro del sistema, la sostenibilidad de la Seguridad Social, el incremento de la esperanza de vida y la edad de jubilación, las estadísticas sí que permiten colegir que este apartado va a demandar más y más recursos públicos con el paso del tiempo. Más si cabe cuando ningún partido político, o todos en consenso, se han atrevido a proponer medidas concretas para salvaguardar el modelo. Por el camino, varias generaciones de españoles que no saben qué dinero tendrán al acabar su trayectoria laboral ni, más aún, cuándo siquiera podrán retirarse.

En la coyuntura actual, perfectamente explicada en el gráfico adjunto, igualmente se abre paso otra conclusión evidente. Las pensiones por jubilación cada vez ocupan mayor porcentaje en la factura mensual cántabra. Del 64,6% del coste que implicaban en 2009 al 71,1% del ejercicio recién rematado. Más aún, los 68,8 millones de hace una década han devenido en 101,3 en 2018, lo que representa un aumento del 47,5% en diez años, por encima del ritmo de crecimiento del total del montante. En otras palabras, este tipo de abonos son los que empujan el total de la transferencia mensual año tras año.

Con el Pacto de Toledo agotando la legislatura sin acuerdo por las diferencias políticas ante la proximidad de elecciones, poco o nada se ha avanzado para abordar el futuro del modelo y garantizar su mantenimiento. En esa tesis abunda el presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, Lorenzo Vidal de la Peña. «El sistema no es sostenible tal y como lo conocemos. Eso es una evidencia pero nadie lo quiere abordar», arranca.

El portavoz de los empresarios defiende que «hay que aplicar medidas oportunas para que el gasto en pensiones no descuadre las cuentas del Estado. Eso sí, manteniendo el respeto por los pensionistas y el esfuerzo que han hecho durante toda su vida laboral».

Por ello, aboga por «un pacto de Estado que deje fuera los colores políticos y se base en un estudio técnico. Si no, el Estado acabará quebrando. El problema es que electoralmente puede provocar mucho desgaste y ningún político quiere afrontarlo», concluye.

Desde el punto de vista de los trabajadores, el secretario general de UGT, Mariano Carmona, opina que «el sistema público de pensiones es viable siempre y cuando se quiera que realmente lo sea porque no es un problema del aumento del gasto, sino de un descenso de los ingresos, sobre todo a partir de la reforma de 2013. UGT ya ha planteado en infinidad de ocasiones propuestas concretas para incrementar esos ingresos y hacer plenamente viable el sistema público de pensiones, aunque hay que tener muy claro que no se puede destinar el mismo dinero que se emplea actualmente para pagar siete millones de pensiones cuando la previsión es que en los próximo años se incremente y hasta se duplique esta cuantía», desgrana.

«Por lo tanto, habrá que plantearse primero si se quiere un sistema público de pensiones y, en caso afirmativo, dotarlo con los recursos económicos necesarios porque, y ya es casualidad, en este país hay muchas cosas que no son viables económicamente y, sin embargo, se financian con dinero público y nadie lo cuestiona», reprueba. Aún con todo, «lo que sí parece confirmado es que lo que no son viables en realidad son los planes privados de pensiones porque no hay ninguno que funcione, salvo para aquellos que tienen mucho dinero, y ninguno de ellos es solidario ni entre las personas ni entre generaciones».

Desde CC OO, su secretaria de Empleo, Laura Lombilla, subraya que la organización «comparte las estimaciones que sitúan el gasto necesario para mantener el actual modelo de jubilación en un escenario perfectamente asumible por nuestra economía (13,4-14% PIB a mediados de siglo), incluso en el escenario de derogación completa de la reforma de pensiones de 2013».

A este respecto, para Comisiones Obreras resulta «insostenible que se mantenga la actual fórmula de revalorización de las pensiones, impuesta por la reforma de 2013, por lo que insistimos en la necesidad de una modificación legal, fruto del acuerdo social y político, para garantizar una nueva fórmula de revalorización que garantice de forma automática el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, sin tener que recurrir a decisiones puntuales del gobierno de turno».

En consecuencia, «defendemos que se debe abordar el debate de la suficiencia y la sostenibilidad de las pensiones atendiendo a criterios no solamente de sostenibilidad financiera, sino también de suficiencia de las prestaciones, priorizando la adopción de medidas de mejora de ingresos que consigan un impacto suficiente sobre el actual balance del sistema. Por ello, instamos a todos los poderes públicos a que planteen las propuestas de actuación sobre la triple vía de actuar coherentemente sobre esos objetivos; mejorando los ingresos, los comportamientos de cotización y el gasto, y no centrándose exclusivamente en este último, como parece primar en valoraciones de una parte de instituciones oficiales», analiza.

Mercedes Martínez, secretaria general de USO, «apoya y reivindica la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC real. Asimismo, el incremento de la base de cotización tiene que llevar parejo el incremento de las pensiones».

No obstante, admite que «la sostenibilidad del sistema está en peligro, así que es necesario tomar medidas urgentes. USO propone la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social. El dinero de las pensiones sólo debe ser destinado a pensiones. Por otro lado, hay que luchar con el fraude en las cotizaciones, entre ellas los de las grandes empresas a través de los expediente de regulación fraudulentos, que evitan el pago de convenios especiales a los mayores que abandonan prematuramente su actividad laboral. La lucha contra las horas extraordinarias no declaradas, así como combatir más eficientemente la economía sumergida, que se encuentra entre el 20 y 25% y detrae una importante suma de cotizaciones».