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La Cámara de Comercio Cantabria no puede paralizarse. Tras el intento fallido de elegir al comité ejecutivo y al presidente del pasado miércoles, ... la única salida es nombrar una gestora y convocar nuevas elecciones. Así lo estima el secretario general de la institución, Antonio Mazarrasa, y entiende que es el camino que seguirá la Dirección General de Comercio del Gobierno de Cantabria al inicio de esta próxima semana cuando finalicen las consultas que se han elevado a los servicios jurídicos para cumplir la normativa vigente en relación a las Cámaras de Comercio tanto a nivel nacional como regional.
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«Creo que la Dirección General de Comercio nombrará una gestora en la que estén al menos dos personas del Gobierno y otras de la Cántabria. En el caso de la institución, seguramente seré yo como secretario general y Jesús Tortosa como director general», indica Mazarrasa y recuerda que en estos momentos se gestionan un total de 41 proyectos (39 vivos y 2 pendientes) por valor 4.150.000 euros. Además, destaca que «ahora mismo no hay nadie que puede firmar para pagar las nóminas del personal o a los proveedores».
El secretario general de la Cámara, que es la primera vez que hace declaraciones a un medio de comunicación y lo hace movido por la gravedad de la situación a la que e enfrenta la institución, estima «muy negativos» los enfrentamientos entre empresarios que deberían entenderse y, de cara al nuevo proceso electoral anima a «presentar una sola candidatura».
En cuanto a la valoración de lo acontecido en el Pleno fallido de esta semana, valora que no se podía haber hecho otra cosa ya que una candidatura no estaba completa (la encabezada por Antonio Cornadó) y la otra (la liderada por Manuel Huerta) no tenía los avales suficientes. «La única opción era no votar y convocar nuevas elecciones siguiendo con la normativa existente que obliga a su cumplimiento como corporación de derecho público», afirma Mazarrasa. En su opinión técnica, el Gobierno de Cantabria (que es la entidad tutelante a través de la Dirección General de Comercio) ha hecho lo debido y espera que, siguiendo esta línea de responsabilidad, «el lunes o martes tengan ya una decisión tomada que, estimo, será el nombramiento de la gestora y la convocatoria del proceso electoral desde su inicio».
Mazarrasa insiste en que la Cámara «es una institución peculiar ya que siendo de derecho público, la gestiona el sector privado, las empresas». Como explica la Ley de Cámaras, su principal tarea es prestar servicios, pero también ser un órgano consultivo de las Administraciones y, en este sentido, puede trasladar las propuestas, quejas o reclamaciones de las empresas. «Con la paralización actual, tras el Pleno fallido, las empresas se quedan sin una voz, la de la Cámara, aunque siga la de la patronal», expone el secretario general de la institución cameral.
Mazarrasa insiste en que si bien es un proceso complejo se han seguido los pasos legales. «Nos regimos por una ley que dice que lo miembros del Pleno, que son 32, se reúnen y se eligen al comité ejecutivo y al presidente, pero no pudo ser», recuerda ya que si bien se habían presentado dos candidaturas, la víspera, Javier Bedía (presidente de la Asociación de Hostelería) en representación de Hotel Somo Playa comunica que no quiere estar en la lista patrocinada por CEOE y Coercan encabezada por Antonio Cornadó (en representación de otra empresa).
«Nos reunimos con la directora general de Comercio y vimos que la lista era no válida al faltar un miembro. Hay que cumplir la ley a rajatabla. No puede haber excepciones», destaca Mazarrasa que valora que el Pleno se movió dentro de la corrección aunque con las protestas lógicas por el hecho de no poderse llevar a cabo las votaciones.
Por su parte, la candidatura encabezada por Cornadó ha presentado un reclamación y la tutelante (el Gobierno a través de la DG de Comercio) la está estudiando. Mientras, la Ley indica que al no haber un normal funcionamiento de los órganos de gobierno se podrá suspender la actividad y nombrar una gestora que se haga cargo de la Cámara hasta que se resuelva la reclamación. «En estos momentos los servicios jurídicos están estudiando la reclamación, pero la salida que esta en la Ley es disolver el Pleno y convocar nuevas elecciones», afirma Mazarrasa que añade que, como secretario general de la Cámara, tiene que permanecer imparcial y defender la legalidad.
Mazarrasa espera que se cumpla la ley y que la Cámara pueda volver a funcionar con normalidad encarando un nuevo proceso electoral. Entiende que después de superar una dura crisis, bajo el mandato de Modesto Piñeiro, hay un futuro esperanzador.
La Cámara de Comercio es una corporación de derecho público que (preámbulo de la Ley de 2014) que realiza funciones consultivas y de colaboración para las Administraciones Públicas «en todo aquello que tenga relación con la representación y defensa de los intereses generales del comercio, la industria, la navegación los servicios». Esta normativa pretendía impulsar a las cámaras como entidades de prestación de servicios. En la Ley se indica que se debe «garantizar su sostenibiidad económica» lo que conlleva establecer un sistema de ingresos basado en la prestación de servicios
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