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Adeslas, la aseguradora que escogen la mayoría de funcionarios para cubrir su sanidad (508.703 mutualistas en 2023, de los 1,5 millones bajo el paraguas del organismo) se ha descolgado de la consulta pública que el Gobierno puso en marcha para que las firmas ... interesadas remitiesen sus propuestas económicas. Solo Asisa, que aglutina al 23,32% del colectivo, y DKV, al 13,17%, han enviado estos planes, con diversas iniciativas para solventar el problema de costes que en los últimos años ha agravado las pérdidas por esta actividad.
Fuentes de Adeslas matizan que su rechazo a remitir la información solicitada por Muface no implica que finalmente no se presenten a la nueva licitación, pero sin duda complica su presencia en la misma.
En el documento publicado este martes en la Plataforma de Contratación del Estado, uno de los operadores -sin detallar cuál- ha propuesto un incremento de las primas que iría aumentando por tramos de edad, «fundamentado en que para los asegurados más jóvenes las primas presentan margen para su reducción mientras que, en los tramos de edades más avanzadas, la prima se sitúa muy por debajo del coste de prestaciones».
El órgano de contratación «valora favorablemente» esta propuesta, que ya ha sido puesta sobre la mesa por el Gobierno, al entender que «parece adecuarse más a la realidad actual del mutualismo».
Aquí llega el primer conflicto, pues el otro operador mantiene su preferencia por el tradicional incremento lineal de las primas. Aunque Muface no detalla cuál de los dos apuesta por cada estrategia, DKV planteó, según pudo saber este diario, una mejora del 40,6%. Y solo para un año de los tres en los que se desarrollaría el nuevo acuerdo (2025-2027).
Muface acusa a Asisa y DKV de no «aportar evidencias» de los costes que justifican la subida de primas que plantean. En concreto, apunta a que uno de los operadores «se limita a indicar que los costes directos representan el 93% del total», mientras que el segundo, «realiza una distribución del importe de la prima mediante una mera imputación entre costes directos e indirectos, sin indicar a qué corresponden, salvo para el caso de los baremos médicos, que se consideran costes directos y se les atribuye un incremento del 8,25%».
«Habría sido deseable obtener una mayor información de los costes que justifican el incremento de la prima, si bien se deduce que la mayor parte del gasto es coste directo», añade el documento.
Finalizada la consulta, el Gobierno tendrá en cuenta estas consideraciones y, antes de final de año, el Consejo de Ministros aprobará la nueva licitación, que llega tras quedar desierta la convocada en octubre, que planteaba una subida en las primas del 17,12%, frente al 40% que solicitaban las aseguradoras.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro del ramo, Óscar López, quiso lanzar un mensaje de «tranquilidad a todos los mutualistas», que no saben qué médicos y hospitales tendrán a su disposición a partir de enero. «Estamos cubiertos y la ley de contratos del Estado les ampara y se prorrogará el servicio mientras se resuelve la nueva licitación», insistió.
Sin embargo, las propias aseguradoras se han mostrado críticas con estas afirmaciones, apelando al convenio actual cuya prórroga termina el 31 de enero de 2025. «Si Muface dice que el servicio está garantizado, que explique cómo», aseguraban hace unos días fuentes del sector a este diario.
El tiempo corre en contra, pues una vez lanzada la liciración, habrá un plazo de 25 días para que las aseguradoras decidan si concurren o no a este nuevo concurso para los tres próximos años. Un periodo que desde DKV ya han rechazado, indicando que su propuesta es solo para el primer ejercicio.
Hasta que no se resuelva este problema, los funcionarios seguirán batallando para defender un derecho que mantienen desde 1975. Así, este mismo miércoles hay convocada una manifestación para presionar al Gobierno a mantener este sistema sanitario. Representantes de los sindicatos CC OO, UGT, ANPE, Adide, USIE, UFP, SUP, Acaip y SIAT han convocado una movilización tanto en Madrid como en las provincias para exigir al Ejecutivo una nueva licitación para Muface y a las aseguradoras, responsabilidad para que se suscriba «lo antes posible» a un nuevo convenio que garantice la continuidad del concierto sanitario.
Estos sindicatos han convocado una manifestación por la mañana, a las 10.30 horas, en Madrid, frente a la sede de Unespa (patronal de las aseguradoras), mientras que por la tarde, entre las 17.00 y 18.00 horas -en función de cada provincia-, se concentrarán en la sede de Muface en Madrid y en sus respectivas delegaciones provinciales.
Al mismo tiempo, CSIF acude este miércoles, a las 12.00 horas, al Congreso de los Diputados para registrar las centenares de quejas por retrasos, anulaciones y suspensiones de citas médicas en Muface, y que ya han denunciado al Defensor del Pueblo. «El objetivo es que los grupos parlamentarios del Congreso conozcan los casos reales que están viviendo cerca de 1,5 millones de personas entre mutualistas y beneficiarios -que están viendo cómo su asistencia sanitaria se encuentra amenazada- para que presenten iniciativas en defensa del mantenimiento del modelo de Muface», explican desde el sindicato.
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