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La estabilización del precio del gas y la adaptación a la tensión geopolítica global, incluida una guerra entre Rusia y Ucrania que no muestra por el momento desenlace, han llevado una ligera 'tranquilidad' a los costes energéticos, dentro de unos niveles altos que no ... llegan a los máximos históricos de 2022. Un contexto en el que la industria nacional y cántabra puede planificar con una mayor certidumbre, pero que sigue siendo un lastre a la hora de competir con factorías de otros países.
Por ello, y ante las continuas reivindicaciones del sector, el Gobierno central ha decidido seguir elevando las ayudas a las fábricas más dependientes de las fluctuaciones de la electricidad debido a su mayor consumo.
22,9% crecerá la partida
respecto a lo repartido en 2022 y 2023, un total de 244 millones cada año.
Fue el propio ministro de Industria, Jordi Hereu, que se estrena en el cargo en esta legislatura, el que recientemente se presentó en el Congreso de los Diputados con la novedad. En concreto, un aumento de las compensaciones por los costes indirectos del CO2, que saltarán de 244 a 300 millones, lo que supone un incremento del 22,9%.
Este es uno de los principales caballos de batalla del colectivo, representado especialmente por la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), que agrupa en Cantabria a compañías como Global Steel Wire, Ferroatlántica, Reinosa Forgings & Castings o Bondalti. AEGE siempre ha reclamado que los respaldos económicos de la Administración se estiren hasta el máximo que permite la Unión Europea, en la línea de lo que hacen otros miembros como Alemania o Francia y que no se estaba produciendo en el caso español.
En su debut ante la comisión de Industria del Congreso, Hereu reconoció que «una cuestión clave para la competitividad de nuestra industria y para nuestra capacidad de seguir atrayendo nuevos proyectos empresariales es la energía». Antes de mirar al futuro, analizó el camino recorrido, en especial el «esfuerzo realizado» en los últimos tiempos para ayudar al sector -tipo reducido del IVA y del impuesto sobre la electricidad, rebaja del 80% de los peajes a la industria electrointensiva o 250 millones de ayudas extraordinarias a las gasintensivas, entre otras-, además del «esfuerzo que seguiremos haciendo para que el precio sea más asequible». ¿Cómo pretende lograr tal objetivo? De entrada, avanzó que «en el corto plazo vamos a ampliar las ayudas por compensaciones de CO2 a las industrias electrointensivas».
Sentada esta premisa, el ministro entró al detalle. De los 244 millones consignados en 2022 y 2023 «vamos a incrementar las ayudas hasta 300 millones en los presupuestos generales de 2024. Adicionalmente mantendremos las subvenciones contempladas en el estatuto del consumidor electrointensivo hasta el máximo que nos permite la Comisión Europea y, en paralelo, estamos trabajando con el Ministerio para la Transición Ecológica para la ampliación de la red de transporte energético vinculada a los nuevos proyectos industriales», priorizó.
El ministro igualmente admitió la expectación generada entre el tejido industrial nacional por el Perte de Descarbonización, fundamental para Solvay y su transición energética en Barreda. De hecho, aspira a captar 30 millones de este vehículo articulado por el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez para canalizar fondos europeos al sector fabril. Industria abrió a final de enero la línea de convocatorias dotada con 1.000 millones.
A este respecto, señaló que ya se han presentado 88 proyectos susceptibles de recibir subvención. Solvay tenía en cuenta que la rapidez a la hora de registrar la documentación era fundamental para que el expediente se fuera tramitando con mayor celeridad. De hecho, la química belga estaba en disposición de presentar sus papeles al minuto de abrirse el plazo de registro.
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