El Gobierno tiene que dar su visto bueno a los fondos para que gestionen el Grupo Celsa

Por su parte, el Comité de Empresa de GSW y el consejero de Industria, Eduardo Arasti, han estado en contacto con la dirección de la empresa que les ha tranquilizado y asegurado que se va a seguir funcionando con normalidad a pesar de la decisión judicial. De otro lado, el sindicato USO emitió un comunicado pidiendo que se cumplan los compromisos con este grupo siderúrgico y que se conozca el plan de reestructuración que, al parecer, tiene más de mil folios y plantea la capitalización de la mayoría de la deuda y una nueva estructura organizativa.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo explicó que la operación está sometida al control de inversiones extranjeras y, por tanto, la propiedad y el control efectivo de la empresa por parte de los acreedores financieros no se hará efectivo hasta que el Consejo de Ministros autorice la operación. Para ello, los inversores deben presentar la correspondiente consulta o solicitud de autorización.

Desde Industria han trasladado que se han comprometido a negociar con los nuevos propietarios para garantizar la viabilidad de Celsa, la integridad de sus unidades de negocio, el mantenimiento de todos los empleos, su continuidad en España, así como la puesta en marcha de una gobernanza corporativa «moderna, independiente y profesional».

El Gobierno asegura que su prioridad es garantizar la estabilidad de los más de 10.000 profesionales que trabajan en el grupo siderúrgico. Algo a lo que, por su parte, se han comprometido los fondos acreedores. Para ello es básico conocer el plan de reestructuración existente.

El lunes se conoció la resolución judicial del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona, por la que se aprueba que los acreedores se hagan cargo del Grupo Celsa y que el grupo de inversores que lideran Deustche Bank, Goldman Sach, SVP y Cross Ocean se hagan con la propiedad en detrimento de la familia Rubiralta, actuales propietarios.

El Comité de Empresa de GSW señaló a este periódico que no tenían previsto hacer valoraciones sobre la situación y que «desde la empresa se nos ha trasladado que se seguirá trabajando como hasta ahora hasta que no se tenga un planteamiento oficial de la forma de funcionar los fondos».

El consejero de Industria. Eduardo Arasti, se puso en contacto el mismo lunes con la dirección de GSW y hoy ha vuelto a tener otro contacto. «Nos han tranquilizado sobre el funcionamiento del grupo y esperamos que los fondos de inversión cumplan con lo que dice la propia sentencia que indica que se tiene que funcionar para respetar los derechos de los accionistas, la actividad de los centros y los puestos de trabajo».

Arasti reconoce lo importante que es GSW y el Grupo Celsa para Cantabria y espera que se actúe correctamente. Recuerda, además, que la SEPI aprobó 550 millones de euros para las empresas que más se habían visto afectadas por el covid. Estas ayudas se paralizaron por la falta de acuerdo con los acreedores.

De otro lado, el consejero señaló que se ha pedido un encuentro con GSW para abordar el tema de las empresas electrointensivas en la región.

USO-Industria señaló en un comunicado que respeta la sentencia, que otorga credibilidad al estudio realizado por Lexaudit, un experto independiente, que considera que la valoración de la compañía era inferior a la deuda acumulada. Según el juez «el plan de los fondos es la única alternativa viable a medio plazo para la totalidad del Grupo Celsa», entre ellas las plantas en Cantabria. Cabe destacar, además, que con la nueva ley concursal 16/2022 esta sentencia no es recurrible.

Ante esta situación, y por el impacto y la proyección que puede suscitar esta sentencia, desde USO-Industria y el conjunto de la representación sindical en el Grupo Celsa, reivindicamos «priorizar, en todo momento, la viabilidad de la compañía y la estabilidad en el empleo y manifestamos nuestra firme voluntad de contribuir a una transición ordenada que permita minimizar la incertidumbre que esta situación pueda provocar en los mercados, a los clientes, proveedores y, fundamentalmente, a la totalidad de la plantilla. Velaremos por la estabilidad del empleo y por los derechos del conjunto de las personas trabajadoras que componen el Grupo Celsa».

Asimismo, USO-Industria exige conocer de manera urgente el Plan de Reestructuración que se homologa en la sentencia, que contempla la capitalización de la mayoría de la deuda, así como la nueva estructura organizativa que resulte de la ejecución de la sentencia.

«Reivindicamos que se cumplan escrupulosamente los compromisos manifestados tanto públicamente como en sede judicial por parte de los acreedores y se preserve e incremente el valor de la compañía, se conserven los puestos de trabajo y no se alteren los centros estratégicos de decisión», señalaron en el comunicado sindical.