El Gobierno reconoce a Bruselas que recaudará 10.000 millones extra en 2023 para gastar frente la crisis

Una situación que ha obligado al Ejecutivo a incluir por primera vez en este documento un escenario alternativo al planteado en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado presentados al Congreso la pasada semana.

En ese 'escenario 2', que cuenta con una actualización a cierre de octubre de la recaudación prevista para este año, el Gobierno eleva su previsión de ingresos por impuestos en unos 10.800 millones de euros respecto al 'escenario 1' (el planteado en Presupuestos), hasta los 331.188 millones.

Para 2023 hace lo propio añadiendo 9.600 millones hasta los 354.283 millones de euros. Es decir, solo con impuestos el Estado recaudaría 685.471 millones de euros en los dos ejercicios, algo más de 20.450 millones extra frente a lo previsto.

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Según reconoce el Ejecutivo, detrás de esta notable subida en su previsión está, además del positivo efecto del crecimiento económico y la inflación en la recaudación de figuras como el IRPF o el IVA, «el impacto positivo adicional de la limitación en la compensación de pérdidas en los grupos en el Impuesto sobre Sociedades, así como la recaudación derivada del impuesto de solidaridad de las grandes fortunas» que se pondrá en marcha en 2023.

«Se prevé la utilización del posible margen fiscal para prorrogar y adoptar aquellas medidas más adecuadas, con el fin de proteger a las familias, trabajadores y empresas más afectadas por la crisis energética», indica el documento. Es decir, el Gobierno asume ante Bruselas que es más que probable que se vea obligado a extender las medidas anticrisis que ya han supuesto un gasto de más de 30.000 millones de euros desde junio de 2021, cuando se pusieron en marcha las primeras rebajas fiscales a la energía para aliviar la factura eléctrica de los ciudadanos.

Además de la extensión de las ya existentes, es previsible que se adopten otras nuevas. De momento, el consejo de ministros aprobará este mismo martes un paquete que, entre otras cosas, mejorará las condiciones del bono social térmico, además de establecer ayudas para las comunidades de vecinos con calefacción central. Un plan que supondrá un coste de unos 3.000 millones de euros que no están presupuestados.

El plan se remite a Bruselas días después de que el Gobierno enviase al Congreso de los Diputados el proyecto, lo que da inicio a su tramitación parlamentaria que previsiblemente se prolongará hasta final de año, para que las nuevas cuentas públicas puedan entrar en vigor el 1 de enero.

En el documento, el Gobierno mantiene que la economía crecerá al 4,4% este año, con un empeoramiento de seis décimas en su estimación para el siguiente, al pasar del 2,7% al 2,1%. Es sobre esa cifra sobre las que se han elaborado unos Presupuestos de marcado caracter expansivo con un notable crecimiento del gasto público y la inversión derivada de los fondos europeos.

En concreto, seis de cada 10 euros destinarán a gasto social, hasta un récord de 266.719 millones de euros que sube a 274.445 millones si se incluyen los fondos europeos.

El Gobierno asegura contar con margen suficiente para ejecutar sus planes sin dañar la senda de reducción del déficit prevista, que reducirá la ratio al 5% del PIB este año y al 3,9% el siguiente. Sin embargo, para ello resulta clave que las nuevas previsiones de ingresos se materialicen, como también que se mantenga la fortaleza del mercado laboral.

Sobre todo porque existe otro factor relacionado que será determinante para mantener a raya el déficit estructural, aquel que está ligado directamente a las políticas discrecionales adoptadas por el Gobierno (sin tener en cuenta el impacto del ciclo económico) y que es el que más preocupa a Bruselas. En su plan presupuestario, y en una reacción inusual, el Ejecutivo incluye un novedoso análisis sobre el impacto positivo que la mejora de los datos de empleo está teniendo en la evolución de ese agujero estructural en las cuentas públicas por el afloramiento del empleo sumergido tras la pandemia.

Según las estimaciones, de los 850.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social desde 2019, unos 285.000 entre asalariados y autónomos procederían de la economía sumergida. En torno a un 33,5% del total.

El Gobierno defiende esta situación por el uso de medidas como los ERTE y el cese de actividad de los autónomos, que ha provocado que muchos empresarios comiencen a dar de alta a empleados que antes no lo estaban para poder acogerse a estas figuras, o seguir haciéndolo si vienen mal dadas en los próximos meses.

Al mismo tiempo, indican que la ejecución del Plan de Recuperación -especialmente en materia de digitalización- «está permitiendo la reducción del desempleo estructural en 510.000 personas desde 2019».

La combinación de ambos factores ha provocado, a su vez, un incremento de los ingresos por cotizaciones sociales que el Gobierno estima en unos 0,2 puntos del PIB, lo que ayuda a rebajar el déficit estructural. En concreto, y partiendo de esa base de menores gastos por prestaciones y mayores ingresos por cotizaciones, se espera una rebaja del déficit estructural de más de 9.000 millones (0,7% del PIB), hasta el 3,3%.

La cifra es bastante más optimista que el 4% estimado por organismos como el Banco de España o la Autoridad Fiscal (Airef), que observan más riesgos que el Gobierno en el enorme desembolso, de más de 190.000 millones de euros, al que habrá que hacer frente en 2023 para pagar la revalorización de las pensiones conforme al IPC (tras subida prevista del 8,5% a la espera del dato de inflación de noviembre) o la mayor carga de intereses que habrá que asumir, unos 30.000 millones, en un entorno de tipos al alza por parte del Banco Central Europeo (BCE).