El Gobierno suma otros 330 millones a Muface para atraer a Adeslas y Asisa a la licitación

Después de que el Ministerio de Función Pública decidiese paralizar la segunda licitación para introducir modificaciones, el Consejo de Ministros ha decidido poner sobre la mesa otros 330 millones de euros respecto a la última oferta. Una cifra que eleva el total de la financiación para Muface a 4.808,5 millones en tres años y que implica una prima del 41,2%, también por encima del 33,5% anterior. Un nivel más en línea con lo que las aseguradoras reclamaban desde el inicio de este tortuoso proceso para garantizar que la cobertura sanitaria de 1,5 millones de funcionarios y sus familiares no sería a costa de unos números rojos cada vez más abultados en sus cuentas.

La propuesta tiene, en todo caso, un pero para el sector: el planteamiento del nuevo concierto se mantiene en tres años frente a los dos ejercicios o incluso uno por los que hasta el último momento han estado presionando las aseguradoras. Cabe recordar que el concierto actual está dotado con 1.276,5 millones de euros, pero solo para dos años.

En todo caso, la propuesta económica ha terminado por convencer a Adeslas, que había puesto en jaque al sistema al ser la aseguradora con mayor número de funcionarios en cartera, con un total de 508.703 según la última memoria anual de Muface.

«A la espera de conocer los detalles de los pliegos que serán publicados en los próximos días y de las deliberaciones en los órganos correspondientes de la compañía, Adeslas expresa su voluntad de avanzar en los pasos necesarios para dar continuidad de forma favorable a la participación de la compañía en la asistencia sanitaria a los funcionarios», confirmaba este martes en un comunicado. Por su parte, Asisa, la única que había mantenido públicamente su sí a la propuesta de Función Pública, valoró «el esfuerzo de la Administración» para «empezar a corregir los desequilibrios de la mutualidad y buscar su sostenibilidad a medio y largo plazo».

Ahora solo queda la duda de DKV, que ha estado más al margen de las últimas negociaciones, consciente de que con un acuerdo superior a un año es la gran perjudicada en términos contables. La firma tampoco estaba a favor de introducir un nuevo sistema de aumento de las primas por tramos de edad, que se mantiene. Y todo apunta a que otra aseguradora será la que asuma la prestación del servicio a los funcionarios en el extranjero.

Ahora solo queda esperar la letra pequeña y plasmar la firma de forma oficial. Pero el Gobierno tiene amarrado el acuerdo. Y el ministerio dirigido por Óscar López espera cerrarlo de forma definitiva con la mayor premura posible, con el objetivo de calmar también los ánimos con los sindicatos. Justo antes de conocer la decisión del Consejo de Ministros, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ya había convocado huelga para el 13 de febrero.