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Llevemos el debate eólico al desarrollo rural

Llevemos el debate eólico al desarrollo rural

En Cantabria seguimos perdiendo un tiempo precioso y estamos a la cola de España en el desarrollo eólico. Se ha generado un debate perverso y mal informado sobre la implantación de parques de aerogeneradores

Agustín Valcarce

Santander

Viernes, 31 de diciembre 2021, 07:26

La Asociación Eólica de Cantabria considera que nuestra comunidad tiene aún pendiente hacer su propia transición energética hacia un modelo bajo en carbono y energías limpias y renovables. No hay discusión. Ya solo podemos debatir sobre cómo y qué energías implantar, especialmente por su incidencia sobre el territorio.

En el corto plazo tan sólo la energía eólica tiene una oportunidad viable de desarrollo respecto a otras como la fotovoltaica o la eólica marina. Si no apostamos por las renovables, tampoco podremos combatir efectivamente la brutal escalada de los precios de la luz. La energía de los parques eólicos contribuye mucho a reducir el coste de la electricidad.

Sin embargo, en Cantabria seguimos perdiendo un tiempo precioso y estamos a la cola de España en el desarrollo eólico. Se ha generado un debate perverso y mal informado sobre la implantación de parques de aerogeneradores. Ni se trata de un nuevo fracking ni produce traumas en las poblaciones locales, tal y como demuestra la experiencia de los habitantes de Soba, donde se halla el único parque eólico de Cantabria.

El gobierno regional ya ha declarado que el 90 % del suelo cántabro no va a ser apto para instalaciones eólicas. Cualquier promotor serio sabe que vivimos en una de las regiones más protegidas y exigentes en la tramitación de impacto ambiental. No revivamos debates ya superados. Demos un paso más y entendamos ya de una vez por todas que el desarrollo eólico tiene que convertirse en desarrollo rural y servir como herramienta contra el despoblamiento.

A partir de aquí, establezcamos una mesa de participación en la que se encuentren los habitantes del territorio a través de sus representantes legítimos, las administraciones con competencias de desarrollo rural y las propias empresas concernidas por su responsabilidad social. Solo así haremos inversiones más eficaces y de mayor alcance para desarrollar nuestras comarcas rurales.

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