Alcanzado un preacuerdo para acabar con la huelga del metal en Cantabria

Fue precisamente la propuesta nacional la que permitió desenquistar la cuestión. La oferta: un incremento salarial del 3,5% y una paga de atrasos de 250 euros en 2021; subida del 4,5% en 2022 con abono de atrasos generados como máximo hasta julio y revisión del IPC real al 65%; y alza del 3% y revisiones del 85% del IPC para 2023 y 2024.

Aunque el asunto llevaba varios días larvándose de forma discreta, sin dirimir qué departamento del Gabinete que preside Pedro Sánchez tomaría las riendas en el conflicto cántabro del metal, el Gobierno de España escenificó su aterrizaje visible –a través de llamadas telefónicas su participación igualmente se remonta bastante más en el tiempo– en la negociación del convenio para tratar de desbloquear una huelga que transita este martes por su vigésima jornada. Como contexto, un arranque de semana que este lunes dejó una nueva escalada de incidentes en diferentes polígonos, con barricadas e incendios en polígonos como Morero, Guarnizo o Requejada, así como en los accesos a empresas como Reinosa Forgings & Castings o Aluminios Ampuero, entre otras. Como resultado, varios recintos empresariales e industriales quedaron bloqueados.

Verónica Martínez, directora general de Trabajo del país, estuvo el fin de semana en la Comunidad por motivos personales. Tras la petición conjunta el sábado de los sindicatos CC OO, UGT y USO para que el Ministerio de Trabajo interviniera en el bloqueo, y la mano tendida de la propia Yolanda Díaz para asistir a las partes, Martínez citó por la mañana a la representación social y Pymetal en la Delegación del Gobierno de Cantabria a las 17 horas, tras preavisar a los interesados sobre un posible encuentro la noche del domingo.

Mediadora profesional, la directora sabía que al encuentro sindicatos y patronal llegaban tras la rocambolesca cita del domingo en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (Orecla) en la que se llegó a romper un acta sin acuerdo y, posteriormente, Pymetal remitió un comunicado anunciando que aceptaba una oferta de los mediadores –con ligeras modificaciones hechas por su parte– y llamando a la vuelta al trabajo con normalidad, así como agradeciendo su papel a las administraciones participantes.

De hecho, los portavoces sindicales, antes de entrar al encuentro donde la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, ejercía de anfitriona, expresaron que llegaban a la cita con el Ministerio como un «paso más en la larga negociación» y «una opción más» a explorar.

En el centro de la cuestión, las diferencias económicas, desde hace días separadas por apenas dos puntos dentro del incremento salarial para los cuatro años de convenio, unas subidas que Pymetal insistía que ya estaban por encima de la capacidad de muchos de sus asociados, en especial en lo relativo a 2021 y 2022, mientras que los representantes de los trabajadores no veían suficientes, más si cabe para compensar el desgaste, en todos los sentidos, de una huelga de este calado.

El cónclave arrancó con un saludo de Martínez a las partes, todas inicialmente en una única estancia. A partir de ahí, sindicatos en una sala y Pymetal en otra. La mediadora ministerial escuchó durante horas las posturas de la parte corporativa y sindical para conocer de primera mano los obstáculos mayores del proceso negociador.

Acto seguido, las ofertas. En el caso de la patronal, un aumento del 3% y pago de 250 euros para 2021; para 2022, subida del 4,5% y revisión del IPC del 65%, sin atrasos; y en 2023 y 2024 incrementos del 3% más revisión del 65%, también sin atrasos. Pymetal garantiza el 65% de la inflación de 2022, 2023 y 2024, que iría a tablas en 2025. La idea ministerial subía estas cifras, tanto en el fijo de 2021 como en algunas revisiones, especialmente en los dos últimos años del convenio.

Los sindicatos han informado este mediodía del lugar y la hora para que los trabajadores acudan a la asamblea, decidiendo que se celebre a las seis de la tarde en el Palacio de Festivales.

Los recelos saltaron ya la semana pasada, cuando entre cálculos y equilibrios en las cuotas de poder y protagonismo no se celebró reunión en Madrid pese a que el conflicto estaba ya enconado. Sin embargo, fue el propio vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga, el que evidenció públicamente que tras el pulso laboral igualmente hay una pugna política.

Reyes Maroto (PSOE) o Yolanda Díaz (Unidas Podemos). ¿Quién tiene que mediar en la huelga y, si acaso, anotarse el potencial pacto? La ministra de Industria lleva desde el comienzo en permanente contacto con el ala socialista del Ejecutivo cántabro, y con las partes que se sientan en la mesa, tratando de empujar en busca de una solución.

Sin embargo, es Yolanda Díaz quien públicamente anunció el sábado que acudirá a la petición de intervención efectuada por los sindicatos CC OO, UGT y USO. Como detalle importante, la fluida relación que la ministra de Trabajo tiene con CC OO a nivel nacional, que en este caso es mayoritario en el metal regional.

De ahí, el 'dardo' de Zuloaga, al que, cuestionado por la reunión en Delegación del Gobierno, le resultó «curioso», sobre la intervención de Yolanda Díaz, que «después de 17 días –de huelga, que se llevaban el sábado– no haya sido ella la que haya entrado en este escenario como sí lo ha hecho, en su momento, Reyes Maroto».

Una prueba más de que las elecciones, tanto municipales como generales, cada vez están más próximas. Sin ir más lejos, Maroto acababa de salir reforzada por su papel para atajar la crisis en la galletera SIRO.

La ministra entró en el conflicto que amenazaba con el cierre de las tres fábricas de la organización, una de ellas en Aguilar de Campoo con cerca de 70 trabajadores cántabros; y las restantes de Toro (Zamora) y Venta de Baños (Palencia).

En estas últimas la plantilla no quería firmar el plan de ajustes que reclamaban los fondos inversores para quedarse la empresa. La actuación de Maroto, con acto público incluido, solventó la problemática.

Al Ejecutivo cántabro, presionado por las peticiones de dimisión de los afectados para el presidente, Miguel Ángel Revilla; y el consejero de Industria, Javier López Marcano, no le ha hecho excesiva gracia el protagonismo de los ministerios nacionales, más después de echar el resto el domingo llamando a una nueva reunión en el Orecla y buscando, finalmente sin éxito, un pacto que levantara la huelga.

El propio Revilla, cuestionado igualmente por la cita con la directora general de Trabajo de España, respondió que «duda mucho» de que la mediación fuera a arrojar un resultado «positivo» «Hay un enconamiento muy grande entre las dos partes», dijo.

El jefe del Ejecutivo reiteró su deseo de que las partes «lleguen a un acuerdo» y se ponga fin a la huelga, que está teniendo consecuencias «muy negativas» para la economía cántabra.