El nuevo decreto obliga a parar a más de 35.000 trabajadores de la industria y la construcción

De una de las chimeneas de la planta de Ferroatlántica salía ayer lunes a primera hora una columna de humo blanco. Sólo de una. Eran las ocho y media de la mañana y, en la entrada, tres camiones hacían cola para acceder. Dentro -por lo que se podía ver desde el exterior- los operarios estaban trabajando. Desde las seis, tareas de cierre, según confirmaron fuentes sindicales (aunque desde la empresa indicaron que estaban esperando una aclaración por parte de Industria sobre las actividades esenciales antes de tomar una decisión definitiva).

Es sólo un ejemplo del efecto del endurecimiento de las medidas de reclusión decretado por el Gobierno para frenar los contagios por el coronavirus. Fábricas paradas o con dudas respecto al cierre. Pero hay más. El más palpable para los que aún salen a la calle es que las obras se han paralizado. En Magallanes, en Santander, hace sólo unos días los vecinos se quejaban por el ruido. Trabajos de acondicionamiento de la vía. Aceras, conducciones... «Encima que tenemos que estar encerrados...». Ayer, a media mañana, todo era silencio. El efecto de las nuevas medidas en la economía se resume en datos. Como referencia, los nuevos límites suponen que más de 35.000 trabajadores de la construcción y la industria tengan que parar e irse a casa hasta, mínimo, el 9 de abril.

El dato emerge de las últimas cifras ofrecidas por el Instituto Cántabro de Estadística (Icane) relativas a las afiliaciones a la Seguridad Social a cierre de 2019. ¿Por qué esta fecha? Porque es la que recoge información disgregada por ámbitos de actividad. Como premisa, al acabar el año había en la Comunidad 214.579 cotizantes, algunos de los cuales hoy ya no pueden desempeñar sus empleos. Ejemplo paradigmático, el negocio del ladrillo. Si hace tres meses la Seguridad Social totalizaba 15.240 afiliados, ese colectivo ya está 'disfrutando' del «permiso retribuido recuperable», tal y como ha bautizado el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez al parón obligatorio que conecte con Semana Santa para tratar de minimizar la movilidad entre semana y, por tanto, contener aún más la propagación del Covid-19. El colectivo habló ayer de 1.680 empresas y 15.700 personas, que se unen a 5.400 operarios más que se han ido retirando en las dos últimas semanas con la crisis sanitaria.

El desglose en la industria es más complejo, pero también se puede cuantificar de forma aproximada en base a los criterios del Icane. El sector secundario sumaba, según la misma fuente aportada por el sindicato UGT, 31.242 trabajadores. Tras el nuevo decreto, se mantiene como servicio esencial toda la actividad relacionada con el suministro de agua y energía, así como la de tratamientos de residuos (2.429 afiliados). Asimismo, quedan excluidas de las restricciones la industria farmacéutica (369 afiliaciones); aquella química (en total hay 2.429 afiliaciones) que esté vinculada a responder a la pandemia, esto es, fabricación de equipos individuales de protección o similares; o textil (Textil Santanderina aún sopesa cómo parar). Obviamente, la industria agroalimentaria, que concentraba 6.048 afiliaciones. El resto, a descansar. Más de 20.000 trabajadores, en números redondos.

Las grandes plantas tomaron decisiones contra el reloj o pidieron explicaciones sobre una decisión que sembró dudas. A eso se vieron obligados teniendo en cuenta la hora en que se publicó el Real Decreto el domingo, casi de madrugada. «Anoche, a la una de la mañana (del lunes) comenzaron las actividades necesarias para parar de forma segura la actividad tanto de acería como de laminación», explicaban a este periódico desde el departamento de Recursos Humanos de la Global (GSW), en Nueva Montaña. En la misma puerta, a eso de las nueve. El turno de las seis de la mañana había accedido a sus puestos «para seguir realizando las tareas necesarias para parar sin daño en las instalaciones». Desde las 05.15 la acería estaba ya «completamente parada» y algo antes (a las 04.00) se detuvo la actividad en cuanto a laminación. Para el siguiente turno (el de las dos de la tarde) estaban ya previstos sólo «servicios mínimos». Hay que tener en cuenta que un horno de laminación, por ejemplo, tarda unos cuatro días en enfriarse y el proceso debe estar controlado.

Las grandes firmas del sector secundario iniciaron trámites similares. Sidenor y Forgings & Castings (en Reinosa) fueron parando sus factorías; Santander Coated Solutions, en el Puerto, sólo dejó el mantenimiento; Hergom, en Soto de la Marina; Altadis esperaba suspender actividad hoy... Una paralización en bloque a la luz de las nuevas medidas.

Sin embargo, la forma de comunicar de Moncloa causó desajustes. Por ejemplo, en el caso de Solvay y Ferroatlántica. La química belga explicó a este periódico inicialmente que seguía produciendo al ser considerado servicio esencial, pero a unos niveles bajos ante la débil oferta del mercado. Aún así, estaba a expensas de una aclaración de la Administración central que confirmara que el complejo de Barreda estaba exento de las limitaciones. Similar situación a la ya mencionada en Ferroatlántica. Acerías como GSW tenían clara la detención, mientras que otras plantas próximas como la de Saint Gobain PAM mantenían su trabajo ordinario ya que, al dedicarse al negocio de las canalizaciones, debían seguir operando para garantizar el correcto abastecimiento de agua.

Cerca de allí, en el Polígono de Raos, la actividad no parecía muy distinta a esa hora -al menos, a primera vista- de la de días atrás. Más allá de las fábricas y las grandes plantas, donde sí se apreció la diferencia con respecto al viernes mismo fue por las calles de la capital. Santander, entre la nueva rutina de recados, repartidores y pequeñas colas a distancia ante farmacias o supermercados, estaba mucho más silenciosa. ¿Por qué? Por la parada en las obras que estaban repartidas por la ciudad.

En la calle Alta era una evidencia. Lo comentaban en el quiosco que hay frente al Ramón Pelayo, en el que el vendedor de prensa ha puesto una especie de barrera de plástico como protección. Allí mismo, en la esquina con la calle Argentina (frente a la residencia de 'La Caridad'), están construyendo un edificio. Siete alturas (contando la planta baja) que llaman la atención en la zona. El viernes estaban todos trabajando. Ayer, nadie. Todo vallado y las casetas de los obreros de la acera, cerradas a cal y canto. Pero es que en pocos metros de calle (cien o doscientos, a lo sumo), uno se encuentra otras tres mallas de protección en otras tantas obras de edificios en las que ahora no hay movimiento.

«Nosotros tenemos permiso de Vivienda hasta el miércoles. Ese día paramos. Estamos asegurando un muro de la propia obra por cuestiones de seguridad», explicaba un operario con casco y chaleco amarillo en los trabajos para construir 66 viviendas de protección oficial y el vial 'Convento de las Clarisas' frente al Parlamento de Cantabria. Uno de los pocos sitios donde había obreros (una cuadrillas de seis o siete) y con fecha de caducidad.

Porque en el resto, nada. En las tareas de la calle Magallanes, los carteles de corte parcial en la vía (del 24 de marzo al 15 de mayo con horario permanente de lunes a viernes) estaban colgados en vallas tras las que no se veía a nadie. El bordillo recién puesto, la masa, las máquinas paradas en mitad de la carretera cortada... Del trajín del pasado viernes a un silencio absoluto.

Y para silencios, el de la Plaza de Italia. Una de las obras de mayor impacto en cuanto a las que ahora mismo están operativas en Santander -corta el tráfico frente al Casino y al Rihn- también se ha visto afectada por el endurecimiento de las medidas decretado por el Gobierno. Como en Magallanes, todo como lo dejaron el último día. Las máquinas listas pero paradas, la valla, la parte terminada en contraste con la que aún está sin asfaltar... Ayer, entre la lluvia y el gris de una mañana desapacible, el aspecto de la obra vacía y la ausencia de gente en una zona por la que estos días no pasa casi nadie, El Sardinero parecía un páramo. Una estampa de película apocalíptica. Eso sí, allí al lado -justo al lado-, la gasolinera (considerada servicio esencial, aunque en el gremio pidan que se decreten servicios mínimos) permanecía abierta. Sin ningún coche para repostar en casi toda la mañana, pero abierta.

El calado de la situación no concluye aquí. Sin ir más lejos, este periódico ya avanzó días atrás una primera aproximación en la que adelantaba un riesgo sobre el empleo de 60.000 trabajadores, la mayoría centrados en comercio y hostelería, sin dejar de lado a los concesionarios de automóviles o fábricas como Bridgestone, Nissan o SEG que habían anunciado cierre en Puente San Miguel, Los Corrales y Treto, respectivamente.

UGT ayer igualmente analizó los datos de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) arracimados en la Dirección General de Trabajo, que el pasado viernes sumaban ya 5.262, una cifra que hoy, con la nueva actualización, volverá a crecer. La organización se centró en los casos ya tramitados y no englobó todos los ajustes anunciados o presentados. Así, con esta metodología, el 62% de los expedientes en Cantabria tramitados durante el estado de alarma por el coronavirus es de la hostelería y el comercio, sectores que acaparan casi la mitad de los trabajadores afectados (49,8%), según datos correspondientes a los 10 primeros días del confinamiento.

«Desde el 16 al 26 de marzo ya se han tramitado, no sólo presentado, 615 ERTE que afectan a un total de 4.655 trabajadores», informó el sindicato. Del total de ERTE tramitados, 263 expedientes (42,8% del total) y 1.589 trabajadores regulados (34,14% del total) son del sector hostelero; 118 casos (19,2%) y 729 empleados (15,7%), comerciales.

• Temas
• Pedro Sánchez
• UGT Union General de Trabajadores
• Sidenor
• Santander CS
• Altadis
• Bridgestone
• Santander
• Solvay
• Reinosa
• Coronavirus COVID-19
• Estado de alarma
• Empleo público