La patronal de centros deportivos teme cierres y pérdida de empleo en Cantabria

Para Carmelo Barquín, presidente de la patronal que aglutina a los centros deportivos, «la situación es insostenible y, lo que es peor, la previsión para el 2023 no es nada halagüeña. Actualmente nuestros costes de suministros se han cuadruplicado y la situación de los centros es muy preocupante, hay en juego más de 500 puestos de trabajo en Cantabria». Por ello, están en contacto con la Administración regional en la búsqueda de soluciones que permitan continuar con su oferta, «aunque estamos ya muy al límite de nuestra capacidad», señala Barquin.

El presidente de la asociación señala que el sector arrastra una situación muy precaria desde el mismo comienzo de la pandemia del covid-19 hace más de dos años. «Venimos de unos años de pandemia donde nuestro sector ha estado señalado, sin motivo ni justificación, desde el minuto uno. Sin embargo, lejos de ser culpables o promotores de los contagios, los centros deportivos hemos sido y somos parte de la solución y no se nos tiene en cuenta», dice.

Hoy en día ya nadie duda de que la actividad física es un medio eficaz de prevención del sedentarismo, pero también es una fuente de salud para el cuerpo y para la mente. Existen numerosos estudios que demuestran que la práctica deportiva mejora la salud física/ mental. La OMS viene recalcando sobre nuestra forma de vivir desde hace años. En su web oficial señala que la inactividad física es directamente responsable del seis por ciento de las muertes en el mundo. Además, colabora muy directamente en la prevención de patologías tales como los cánceres de mama y de colon, la diabetes o las cardiopatías isquémicas, patologías en las que el sedentarismo es causa principal entre el 20 y el 30% de los casos.

«Por estas razones -señaló el presidente de Acesef- solicitamos a las instituciones de Cantabria una implicación más activa en la protección de nuestro sector como una forma adecuada de preservar la salud de los cántabros, especialmente los más vulnerables, y defender un sector económico muy lastrado por el incremento de los costes energéticos. La ayuda de las instituciones públicas nos permitiría sobrevivir y continuar ofreciendo a los ciudadanos la actividad física que se traducirá, indirectamente, en una disminución en la demanda de atención sanitaria».