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Recientemente desde Madrid y de cara a la puesta en marcha de una nueva agenda social nos anuncian que las principales subidas fiscales (tasa Google, impuestos a la banca, subida del impuesto de sociedades hasta un tipo mínimo efectivo del 15%, recargo fiscal ... al diésel, etc.) se concentrarán en 2019 y que se retrasa hasta 2022 el fin del déficit público, es decir, un año más tarde de lo que había planificado el anterior Ejecutivo. Parece ir cumpliéndose dos elementos que planteábamos en esta misma tribuna hace días: uno, que una nueva configuración tributaria se abre camino y dos, que la difícil aritmética parlamentaria por la que el Gobierno está en minoría en el Congreso le hace tener que buscar continuamente respaldos suficientes para aprobar medidas. Así, la transacción se ha convertido de facto en un medio alternativo de búsqueda de soluciones complejas entre posiciones políticas diferentes que hace que tome cada vez más sentido el tener que elegir entre tener razón y ganar. Dicho de otro modo, hay que decidir con «lo que hay» y en un contexto como el actual pierden los que se sitúan en los extremos y ganan los que se mueven a posiciones menos maximalistas.
En todo caso, de cara a volver a ganar confianza es ante los contribuyentes es en este contexto en dónde de nuevo se está olvidando algo: un nuevo plan de lucha contra el fraude fiscal que evite futuras subidas de impuestos que perjudiquen a nuestra competitividad.
¿Por qué unos y otros cuando están en el Gobierno no han perseverado en dichos planes y simplemente han procrastinado dar soluciones al fraude tributario? Principalmente se debe a la falta de voluntad política y estimaciones oficiales (al igual que sucede con la economía sumergida), a diferencia de lo que ha sucedido con las balanzas fiscales, lo que hace que no conozcamos aún con precisión cuánto supone dicho fraude y su distribución por grupos socioeconómicos.
No obstante, en un reciente informe de FUNCAS se abordaba de modo monográfico esta problemática habiéndose cuantificado en nuestro país en un 23% y revelándose que el fraude es mayor en Andalucía y Canarias y menor en Madrid, País Vasco y Navarra). Asimismo, en dicho trabajo desde el Grupo en I+D en Economía Pública de la UC situábamos dicho nivel en el 20,8% del PIB cántabro, lo que nos resta eficiencia y competitividad.
De todos modos, no hay que llamarse a engaños pues ningún país desarrollado se libra de padecer problemas de fraude fiscal. Queda muy bien en tertulias y mítines decir que se va a hacer aflorar toda la actividad económica oculta pero la realidad es tozuda y, al igual que nadie puede acabar un maratón sin haberlo entrenado previamente, es imposible reducir todo el fraude fiscal en un año. Por tanto, se puede mejorar en este campo y ahí Alemania o Reino Unido pueden ser buenos espejos donde mirarnos o, sin ir más lejos, a unos kilómetros de aquí las tres Diputaciones vascas espoleadas por la bonanza económica actual van camino de batir la recaudación anual de tributos. En concreto, dejando a un lado los ingresos extraordinarios, el aumento de ingresos en el primer semestre del año supera el 8% frente a aumentos del PIB en el entorno del 3%.
Por consiguiente, es urgente una reforma fiscal a fondo que combine la reducción del déficit con la suficiente versatilidad para adaptarse a escenarios distintos según las preferencias políticas de cada momento. Esto debería tener su reflejo en comunidades como Cantabria de cara a 2019 en modificaciones en el IRPF autonómico a fin de favorecer aquellas rentas más desfavorecidas además de posibilitar nuevos beneficios fiscales que deberían adaptarse a nuestra actual realidad sociodemográfica.
En cambio, en lo que respecta al fraude fiscal aún queda mucho camino por recorrer. Primero, delimitar cuantitativamente el problema y segundo, tener voluntad de actuar pues ahora que estamos en época veraniega la «piscina» del fraude fiscal sigue llena y sin vaciarse. En resumen, si no se desea que las alzas impositivas sean mayores es preciso recuperar ingresos activando de manera decidida la lucha contra el fraude fiscal pues nuestro problema no es de tipos impositivos sino de cuánto se recauda finalmente. Estemos atentos.
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