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El inesperado desenlace de la trayectoria empresarial de Atunes y Lomos (Atunlo) en Santoña, con un acuerdo para el cierre y despido de toda la plantilla por una crisis de la matriz de la compañía y la solicitud de concurso de acreedores para ... no pagar las indemnizaciones a los trabajadores, ya invitaba a pensar que el conflicto continuaría en sede judicial. Así lo avanzaron los sindicatos presentes en el comité de empresa, CC OO y USO, y el paso de los días ha confirmado aquel rumbo: los empleados afectados por la insolvencia sobrevenida han presentado en los tribunales una catarata de demandas de carácter individual para que sus despidos se declaren improcedentes.
En el fondo, el personal viene a recoger el sentir de los sindicatos, que ya hablaron de «mala fe» de Atunlo a la hora de negociar el Expediente de Regulación Empleo (ERE), aceptado por los damnificados para poder cobrar con mayor celeridad las cantidades pendientes, pero finalmente pidiendo concurso y remitiendo a sus operarios al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), un proceso mucho más lento.
83 trabajadores
tenía la fábrica de Atunes y Lomos que operaba en Santoña.
Por ello, la amplia mayoría de la plantilla ha interpuesto demanda ante la Jurisdicción de lo Social para que se estime la improcedencia de las rescisiones contractuales. En la práctica totalidad de los casos están participando los propios sindicatos, CC OO y USO.
Como explica Alejandro Lirón, negociador de Comisiones Obreras en todo el expediente de Atunlo, «la compañía no ha cumplido el acuerdo. A la hora de firmar un ERE se debe consignar el dinero pendiente para las indemnizaciones», relata el sindicalista, que añade que «nunca me había encontrado con un caso parecido».
Lirón no sabe precisar el número concreto de demandas que pilota CC OO, aunque sostiene que «muchas, entre 30 y 40». De hecho, las primeras mediaciones ante el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (Orecla) están previstas ya para la semana que viene.
Por su lado, USO tenía claro desde el primer momento que acudiría a la instancia judicial. El sindicato tiene entre manos otras 40 demandas de los trabajadores que, en la práctica, buscan incrementar la cuantía de la indemnización al saltar de los 20 días por año trabajado que marca la ley para un ERE a los 33 que se recogen para los supuestos de despido improcedente. En cualquier caso, los afectados tendrán que tramitar ante el Fogasa su reclamación de cantidades una vez obtengan sentencia del juzgado, por lo que el proceso se demorará aún varios meses.
El razonamiento que arma las reclamaciones es similar al que apunta Lirón. En el fondo, el argumento gira sobre el hecho de que hasta la fecha ninguno de los trabajadores incluidos en el ERE ha percibido dinero alguno en relación con la indemnización acordada. Por tanto, dicho incumplimiento por parte de Atunlo deriva directamente en un despido improcedente, con el consiguiente incremento en las condiciones para la definitiva rescisión contractual.
En las demandas igualmente se recoge el agravio comparativo con los operarios de la planta de O'Grove, en Galicia. Más de un centenar igualmente fue despedido en paralelo al personal de Santoña, pero ellos sí que percibieron su indemnización. De hecho, dicha sociedad sí que mantiene la situación de preconcurso y no ha solicitado formalmente la insolvencia.
Por ello, USO habló desde un primer momento de «ingeniería financiera» dentro de un conglomerado societario con fábricas también en el extranjero. La única instalación que ha presentado el cierre es la de Santoña, cuando había sido rentable y, de hecho, prestaba otros servicios a otras compañías dentro del Grupo. De ahí que el sindicato sospeche que se le hayan atribuido pérdidas generales que no le corresponden.
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