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En tiempos de presupuestos escuchamos que los ingresos públicos pueden estar sobrestimados, ya que las previsiones difícilmente se cumplen a mejor. A eso añadamos que los empleos y actividades ocultas son como ese iceberg que esconde un vasto ecosistema submarino. Dicho fraude escapa al ... control del fisco y, además de perjudicar a la economía ‘real’, hace que la recaudación sea significativamente menor y menoscaba la calidad de los servicios públicos.
La solución no es subir los impuestos y escudarse en la falta de corresponsabilidad fiscal. Y es que si los impuestos siguen aumentando puede llegar un momento en que hagan caer la recaudación simplemente por falta de incentivos, como cuando a un niño se le da la tableta para que juegue con ella y se olvide de que no se está jugando con él.
La economía sumergida nos compete a todos. Campañas que fomenten una mejor ética fiscal suponen más beneficios que costes si, como demuestran ya estudios de economía experimental, vienen acompañadas por sanciones e inspecciones más efectivas para reducir las actividades y empleos irregulares.
En Cantabria en los últimos años hemos estimado desde el Grupo de I+D en Economía Pública de la UC que se sitúa en un cuarto del PIB. No obstante, el alcance de actividades económicas ajenas a la legalidad varía según la comunidad, por lo que es necesaria una mayor diversificación autonómica en el tipo de medidas a implementar para atajarla. Y es que la ordenación económica de regiones por rankings podría variar en muchos casos si la economía sumergida se incluyese en el PIB en toda su amplitud. De ahí la incomprensible indolencia actual para atajarla, pues las soluciones son bien conocidas: más cultura fiscal, formación, personal, inspecciones y controles, así como ampliar los plazos de los que la Administración dispone para realizar revisiones.
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