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Este lunes, los ministerios deben presentar a Hacienda sus proyectos presupuestarios individuales. Sumar, el socio de gobierno que controla los departamentos de Trabajo, Cultura, Sanidad, Derechos Sociales y Juventud e Infancia, incluirá en sus propuestas más derechos sociales, más impuestos para los pisos turísticos y ... medidas que aumenten el parque público de vivienda y permitan ganar poder de compra a los trabajadores.
Sumar considera prioritario que los permisos de maternidad y paternidad suban de 16 a 20 semanas, lo que aumentaría la corresponsabilidad de género y permitiría recortar la brecha salarial entre hombres y mujeres, explica el portavoz económico de Sumar en el Congreso, Carlos Martín. También reclaman que, de las ocho semanas de permiso para cuidado de menores de ocho años, cuatro sean retribuidas. Ambas medidas las habían pactado en el acuerdo de coalición y las habían planteado para los Presupuestos de 2024, que el Gobierno retiró en el último momento por temor a la falta de apoyos. El portavoz de Economía de Sumar es optimista y asegura que esta vez «todo apunta en la buena dirección para que haya Presupuestos», que la mayoría parlamentaria que apoyó al Gobierno «tiene interés» en sacar adelante unas cuentas que «son clave» porque «estamos en un momento crítico de policrisis» y para llevar adelante la transición verde y digital. Por supuesto, insisten en mantener los impuestos a la banca y a las energéticas.
En vivienda emplazan al PSOE a aumentar la fiscalidad de los pisos turísticos para bajar su rentabilidad y que esas viviendas vuelvan al alquiler residencial, Proponen aplicar a los pisos turísticos un IVA del 21% y que sus dueños paguen más en el IRPFy el Impuesto sobre Sociedades. Asimismo, plantean destinar 40.000 millones de euros de los préstamos de los fondos europeos (diez veces más de lo que el PSOE pretende movilizar) para crear un gran parque de vivienda pública no desclasificable, es decir, que nunca deje de ser pública. Carlos Martín explica que se podría movilizar un millón de viviendas vacías en zonas tensionadas y ofrecer a sus propietarios alquilarlas de forma segura a través de la agencia pública de alquiler y garantizando que si el dueño necesita el piso lo recuperará en un plazo de seis meses.
Los préstamos europeos permitirían acondicionar y adecuar esas viviendas vacías y construir en cinco años otro medio millón de viviendas públicas de alquiler. Un millón y medio de viviendas públicas que, de lograrse, reducirían las tensiones de precios y permitirían a los jóvenes ganar poder de compra.
El portavoz económico de Sumar asegura que mejorar el acceso a la vivienda y el poder adquisitivo «es lo que determinará el éxito de la legislatura». «Podemos quedar descolgados de la revolución digital si no hacemos bien la revolución inmobiliaria», subraya Carlos Martín.
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