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El Tribunal Supremo (TS) ha reconocido de manera definitiva y firme que los efectos del complemento de maternidad a los hombres son a fecha de la jubilación y no tres meses antes de la presentación de la demanda. El Alto Tribunal resuelve así en beneficio de miles de afectados en toda España, cientos en Cantabria, y contra el criterio que mantenía el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que había empezado a recurrir de forma generalizada todos los procedimientos para no tener que abordar los pagos retroactivos.
El sindicato USO había sido una de las voces más beligerantes contra esta estrategia de la Seguridad Social. Hace escasos minutos ha informado en un comunicado que dos sentencias del Pleno de la Sala Social del TS de fecha 17 de febrero de 2022, recursos 2872/2021 y 3379/2021, argumentaron que «el momento de producción de las consecuencias jurídicas anudadas al complemento de maternidad debía situarse en el acaecimiento del hecho causante de la pensión».
El Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, reunido el 18 de mayo, ha desestimado el recurso en casación unificadora del INSS que había solicitado que los efectos se fijaran en la fecha de publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Unión Europea. Esta maniobra jurídica del INSS fue descalificada por USO por entender que sólo buscaba entorpecer y dificultar el acceso de ese complemento y tenía como efectos inducidos bloquear más aún la labor de los juzgados con la tramitación de cientos de demandas y recursos sin ninguna razón para ello, aumentando los gastos de los jubilados beneficiarios que se han visto obligados durante este periodo, «afortunadamente corto», a acudir al Tribunal Supremo.
«USO quiere reconocer la rapidez con que el Tribunal Supremo ha resuelto el recurso dilatorio y que había provocado duras críticas, tanto desde USO, principal promotor en Cantabria de las demandas, como dentro del interno de la judicatura y en los propios servicios jurídicos del INSS».
El sindicato, con casi 600 demandas interpuestas en la Comunidad, exige a la Administración que, tras el pronunciamiento del Supremo, acometa con diligencia el pago, para lo cual el organismo público debe retirar los recursos presentados y con ello dar firmeza a las sentencias.
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