Gobierno, sindicatos y patronal logran un acuerdo para prorrogar los ERTE hasta el 28 de febrero

El Gobierno esta vez sí tenía claro que, después del fracaso en las negociaciones del SMI con la patronal, tenía que conseguir rubricar el duodécimo pacto de la legislatura y para ello ha tenido que hacer una serie de concesiones que benefician tanto a los trabajadores como a las empresas. Una novedad que sorprendió porque no estaba en el debate inicial es la de alargar los ERTE cinco meses más: durante el mes de octubre se renovarán de oficio con las mismas ventajas que ahora y de noviembre a febrero ya no habrá prórroga automática y entrarán en vigor las nuevas condiciones. Así, las empresas tendrán el mes de octubre para solicitar un nuevo ERTE y la autoridad laboral dispondrá de 10 días de plazo para responder. En caso de que no haya respuesta, el ERTE se dará por aprobado.

El gran escollo estaba, como en las dos anteriores ocasiones, en las exoneraciones y el rechazo por parte de sindicatos y patronal de vincularlas a la formación. Finalmente se ha llegado a un término medio: no será obligatorio para las empresas impartir cursos de recualificación para sus trabajadores en ERTE, pero si lo hacen disfrutarán de mayores rebajas en sus cotizaciones sociales.

Concretamente, en los ERTE por limitación todas empresas tendrán una exoneración del 80% de las cuotas de sus trabajadores en ERTE si les ofrecen formación. En caso de que no les den cursos para recualificarles, la rebaja en la cuota se reduce al 40% para las compañías que tengan más de 10 trabajadores, y al 50% si tienen 10 empleados o menos. En los ERTE de impedimento de actividad las empresas mantendrán el 100% de exoneración en cualquier caso.

Las horas de formación también variarán en función del tamaño de la empresa: en las de más de 10 empleados se necesitarán 40 horas de formación, mientras que serán 30 en el caso de que tengan 10 o menos. Para pagar estos cursos, que deberán realizarse antes del 30 de junio, las empresas tendrán derecho a un incremento del crédito que anualmente disponen para la financiación de acciones en el ámbito de la formación programada, que oscilará entre los 160 y 320 euros por persona, en función del tamaño de la empresa.

Pero el nuevo texto incluye también importantes mejoras para los trabajadores, como la ampliación del denominado 'contador a cero' hasta el 31 de diciembre de 2022 y su extensión a los trabajadores fijos-discontinuos. Supone esto que las personas afectadas por un expediente no consumirán tiempo de paro hasta final del año 2022, de forma que si son despedidos a partir del 1 de enero de 2023 podrán cobrar todas las ayudas de desempleo que hubieran generado antes de la crisis. El resto de derechos que tenían los trabajadores se mantienen como ahora. Así, podrán acceder al paro cualquier trabajador en ERTE, aunque no tenga el tiempo cotizado requerido, y la cuantía de la prestación será del 70% de la base reguladora durante toda la vigencia del acuerdo. Las empresas no podrán despedirles en los próximos seis meses.

Además, se regulan unos ERTE específicos para las empresas afectadas por la erupción del volcán en la isla de La Palma, que se beneficiarán de exoneraciones de hasta el 100% en el caso de ver totalmente impedida su actividad y de hasta el 90% en el caso de limitación.