La economía catalana, víctima del 'procés'

La capital de España también ha hecho de los impuestos una de sus banderas. Tanto que ERC amenazó con no apoyar los Presupuestos Generales de Sánchez si no limitaban el poder de Madrid para modificar algunos tributos. Pero más allá del IRPF, Sucesiones y Patrimonio, las diferencias en la forma de ejercer la política fiscal lo ejemplifica que Cataluña tiene 15 impuestos propios y Madrid, tres.

Cataluña ha perdido el liderazgo económico de España desde 2017, coincidiendo con el año que se produjo el referéndum del 1-O. Mientras que en el año 2000 contribuía 1,5 puntos más que la Comunidad de Madrid al PIB de España, ahora ésta lo hace casi medio punto por encima. Una pérdida de competitividad que los expertos achacan a la inseguridad jurídica y la incertidumbre, mala amiga de la inversión extranjera y la demanda nacional.

En 2019 -últimos datos del INE-, Cataluña acumulaba un PIB de 236.800 millones de euros, el 19% del total nacional, ocupando el segundo puesto del ranking. Madrid dio el 'sorpasso' en 2018, cuando su economía representó un 19,3% de todo el PIB nacional, por primera vez tres décimas por encima de la catalana. La riqueza de la Comunidad de Madrid fue de 240.130 millones, mejorando en solo un año en casi 10.000 millones su PIB.

También se constata en el PIB por habitante, un buen indicador de la calidad de vida, que fue de 31.119 euros anuales en Cataluña en 2019.Aunque supera a los 26.426 de la media de España, la Comunidad de Madrid le gana también esta batalla, con 35.913 euros per cápita. Por delante de Cataluña se situaron también el País Vasco y Navarra.

Para Miguel Cardoso, economista jefe para España en BBVA Research, no todo es culpa del 'procés' ya que el «factor sede» de Madrid la ha beneficiado atrayendo sectores de alto valor añadido como el financiero o consultoría. También por las diferencias regulatorias en la construcción residencial y el comercio minorista, con una política de horarios y días de apertura mucho más flexible en Madrid.

Lo más sonado del 'procés' en términos económicos vino con las salidas de empresas ya que algunas de gran relevancia como CaixaBank o Sabadell decidieron abandonar su comunidad de origen. En total, 2.536 sociedades cambiaron su domicilio en 2017. Desde entonces, más de 7.000 lo han hecho, cifra apenas contrarrestada por las 2.244 nuevas que se han incorporado.

José Miguel Tabarés, vicedecano del Colegio de Registradores, explica que aunque con los años se ha ido apaciguando el ritmo de salidas, sigue habiendo muchas más que salen de las que llegan, al revés de lo que ocurre en Madrid. Además, cerca de la mitad de las 7.000 que han abandonado Cataluña en estos cuatros años, han escogido Madrid.

Se trata, únicamente, de cambios de domicilio, no de traslado de centros productivos ni de oficinas. La actividad puede seguir en la comunidad catalana. Pero Tabarés señala que esos traslados tienen consecuencias. Por ejemplo, tributarias: una empresa cumple con sus obligaciones fiscales allí donde tiene su sede social. Y afirma que también puede influir en el cambio de residencia que pueden decidir sus equipos directivos.

Después de varios años con Cataluña a la cabeza en llegada de turistas extranjeros, en octubre de 2019 registró el primer descenso, que además continuó hasta caer casi un 14% a final de año. Aún así, sigue siendo el destino principal para los turistas extranjeros, con el 23% del total de las llegadas, unos 19,4 millones de personas en 2019.

Miguel Cardoso recuerda que aunque Cataluña es la gran región turística de España, desde 2017 ha experimentado una «tendencia negativa» debido a los distintos golpes que sufrió la región ese año. En mayo comenzaron las restricciones sobre las plataformas de alquileres vacacionales (como Airbnb) y a la apertura de nuevos hoteles; en agosto se produjeron los atentados terroristas de Las Ramblas; y octubre comenzó con el referéndum, lo que «generó mucha incertidumbre fuera de España».

Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, asegura que la reducción de la oferta -tras el control sobre los apartamentos turísticos- tuvo como consecuencia la subida de su precio, pero una mayor disponibilidad en el mercado de alquiler residencial.

En 2017, año del 1-O, se perdió casi un 40% de inversión extranjera directa, hasta los 3.093 millones de euros desde los 5.138 millones de 2016, según datos del Ministerio de Industria. Ello contrasta con el crecimiento del 24,7% registrado por Madrid, hasta rebasar los 14.500 millones. De esta manera, si en 2016 Cataluña representaba el 20,1% del total de la inversión extranjera que recibía en España, el año siguiente cayó hasta el 13%. Y en 2019 se mantenía esa misma tónica: la inversión extranjera recibida por Cataluña rondó los 3.200 millones (14,4% del total), frente al 61,2% que representó la Comunidad de Madrid.

José Carlos Sánchez de la Vega, director técnico del Informe de Competitividad Regional que edita el CGE, explica que la evolución de la inversión extranjera suele ser muy volátil, pero reconoce que «el clima no es propicio para que sea una comunidad atractiva».

Uno de los graves problemas de la economía catalana es el de la deuda pública. Por un lado, porque es de las más elevadas de España respecto al PIB (35,9%) y, por otro, porque la mayor parte de esa cuantía se la tiene que pagar al Estado, su gran benefactor desde la crisis de 2012. La deuda de Cataluña asciende a los 72.300 millones (tercer trimestre de 2020), es decir, que cada catalán carga con unos 10.000 euros de deuda autonómica, el doble que un madrileño.

Esta cuantía representa casi una tercera parte del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que el Estado habilitó para evitar la quiebra técnica de las regiones ante la imposibilidad de acudir a los mercados internacionales a financiarse, como ocurría antes de la crisis. «Cataluña tiene un problema estructural en sus finanzas públicas que hay que arreglar, en parte dando más recursos a través de la reforma del sistema de financiación autonómica, pero también realizando una mejor eficiencia del gasto», asegura Miguel Cardoso.