Sánchez enfada a los fiscales y concede a la defensa de Puigdemont una baza inesperada

La clave de la polémica está en la frase con la que el presidente del Gobierno en funciones trató de reivindicar su papel en todo este asunto, durante una entrevista en Radio Nacional. Sánchez argumentó que no sólo el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, activó el pasado 14 de octubre la euroorden contra el líder independentista para que pueda ser juzgado en España por los mismos delitos por los que han sido condenados el resto de los impulsores del proceso secesionista de 2017 sino que también la Fiscalía la solicitó. «¿Y la Fiscalía de quién depende? -se vanaglorió- Pues ya está».

El planteamiento no dista mucho del que en su momento empleó el independentismo para reclamar que se retiraran las acusaciones de rebelión, sedición y malversación planteadas por el Ministerio Público contra los acusados del procés a cambio de la negociación presupuestaria. Entonces, el Gobierno respondió lo que marca la propia ley, que, aunque el nombramiento del fiscal general se haga a propuesta del poder ejecutivo, este tiene autonomía funcional y está integrado en el poder judicial. Es decir, que lo que se le pedía estaba fuera de su alcance y suponía una vulneración de las normas básicas del Estado de derecho.

Eso, más o menos, es lo que advirtieron en sendos comunicados cargados de indignación las tres asociaciones de fiscales españolas. «La Fiscalía es independiente y sólo depende de la legalidad (...) no cumple órdenes del Gobierno y lamenta el desconocimiento de las funciones conferidas al Ministerio Fiscal por parte de quien hace tales manifestaciones», advirtió el colectivo mayoritario, AF. La Unión Progresista de Fiscales -a la que pertenece la fiscal general del Estado, María José Segarra- se sirvió de las redes sociales para hacer una proclama semejante y lo mismo hizo la minoritaria APIF. «Sánchez se equivoca. No puede dar ninguna orden al Fiscal conforme a la ley: art. 9 del Estatuto del Ministerio Fiscal. A lo mejor quiere decir saltándose la ley -escribió en su cuenta de Twitter-, pero eso es otra historia».

La propia fiscalía del Tribunal Supremo se sintió obligada a hacer público un texto en el que subraya que todas sus actuaciones en la causa del 'procés' se produjeron «en el ámbito de la autonomía funcional» y «con sujeción a los principios constitucionales de legalidad y imparcialidad».

No es la primera vez, desde que comenzó el periodo electoral, que un miembro del Gobierno provoca revuelo con sus declaraciones sobre este mismo asunto. Hace unos días, la vicepresidenta Carmen Calvo también advirtió a Bélgica de que si no se enviaba a Puigdemont a España el Ejecutivo tomaría decisiones que pueden afectar a las relaciones entre ambos países. El comentario fue rápidamente aprovechado por el abogado del 'expresident', Gonzalo Boye, para cuestionar la separación de poderes en España justo el mismo día en el que debía celebrarse la vista para decidir sobre la euroorden. Vista que luego fue aplazada mes y medio.

Este miércoles, de nuevo, Boye se frotó las manos. «Más que ganar las elecciones lo que realmente quiere es que le fichemos para la defensa», escribió en su perfil de Twitter sobre Sánchez. Las fuerzas independentistas también se lanzaron a sacar punta al desliz, aun entrando en contradicción con sus propias actuaciones. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, habló de «escándalo permanente», la cabeza de lista de JxCat por Barcelona, Laura Borrás, dio por certificada «la defunción de la separación de poderes», y la número dos de ERC por la misma provincia, Carolina Telechea, denunció la «absoluta falta de respeto» a los principios del Estado democrático.

En un primer momento el Gobierno en funciones no hizo nada por corregir el tiro. Calvo, de hecho, defendió a su líder. «¿El fiscal o la fiscal general del Estado quién lo nombra, según dice el artículo 124 de la Constitución? ¿Quién lo nombra? -insistió- El Gobierno». Horas después, sin embargo, el mismo Sánchez matizó sus palabras y defendió en Twitter la «imparcialidad» del sistema judicial español. «La Fiscalía -escribió- cuenta con el respaldo del Gobierno en la defensa de la Ley y del interés general».