Al menos 52 muertos y 1.000 detenidos durante las últimas protestas en Etiopía

Según las autoridades locales, todos los detenidos son sospechosos de haber participado en actos violentos y en los daños a la propiedad, explicó la televisión etíope Fana Broadcasting Corporate (FBC).

Etiopía declaró recientemente el estado de emergencia durante un periodo de seis meses para frenar la expansión de las protestas en Oromia y Amara, dos de las regiones más importantes del país, con el objetivo de intentar frenar las crecientes protestas.

Bajo el estado de excepción, las fuerzas de seguridad pueden realizar detenciones sin orden judicial, e incluso los diplomáticos que quieran viajar fuera de la capital tienen que pedir permiso al Gobierno.

Protestas desde el 2 de octubre

"Entre los detenidos, hay entre 40 y 50 originarios de la localidad. La mayoría de ellos llegaron de otras zonas de la región de Oromia", afirmó el alcalde de Sebeta, Ararsa Merdasa, que insistió en que las autoridades seguirán arrestando a los responsables de la destrucción de propiedades.

Según aseguró, si tras la pertinente investigación se comprueba que son inocentes, serán liberados "de inmediato".

La ola de protestas estalló el pasado 2 de octubre, cuando al menos 52 personas perdieron la vida en una estampida provocada por una intervención policial durante un festival tradicional de los oromo en el que se escucharon algunas proclamas antigubernamentales.

Aunque la violencia se ha incrementado en las últimas semanas, las manifestaciones comenzaron a registrarse en noviembre de 2015, cuando los oromo empezaron a demandar más autogobierno, presencia en las instituciones políticas etíopes y una mayor redistribución de la riqueza.

Los oromo también piden respeto a su identidad, ya que han experimentado una marginación y persecución sistemática por parte de las fuerzas gubernamentales, que han utilizado un uso excesivo de la fuerza contra sus protestas pacíficas en más de una ocasión.

Ahora, el régimen autoritario etíope afronta un movimiento de contestación antigubernamental sin precedentes en los últimos años, al que, además de la etnia oromo, se han sumado los amara, el segundo grupo mayoritario, que también se consideran marginados por el Gobierno de Desalegn.