La OEA declara una «grave alteración inconstitucional» en Venezuela

La cancillería venezolana reaccionó de inmediato, denunciando una "destrucción" de la OEA, a cargo de un grupo de gobiernos en "complicidad" con la Secretaría General para imponer su "agenda ilícita". La representación diplomática de Caracas y sus aliados Bolivia y Nicaragua habían denunciado un "golpe de Estado" contra la organización continental y abandonaron la sala, en la sede de la OEA, en Washington.

La sesión había sido convocada por 20 países con carácter de urgencia para discutir el caso venezolano, debido a la crisis generada por la decisión del máximo tribunal de ese país de atribuirse facultades legislativas y retirar la inmunidad a los parlamentarios, en fallos luego parcialmente anulados. La resolución, impulsada por Estados Unidos, México, Canadá, Costa Rica, Argentina, Jamaica, Perú, Paraguay, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Panamá, declaró que las sentencias "son incompatibles con la práctica democrática y constituyen una violación del orden constitucional" de Venezuela. Aunque reconocieron la revisión de las decisiones por el tribunal, los países instaron al gobierno venezolano asegurar la "plena restauración del orden democrático".

La Organización también resolvió seguir acompañando la situación venezolana mediante gestiones diplomáticas, en el marco de la Carta Democrática Interamericana, incluyendo una reunión de cancilleres, sin dar detalles. En la sesión, la canciller argentina Susana Malcorra, a cargo de la presidencia pro tempore del Mercosur, acotó que el esfuerzo diplomático para mediar en Venezuela "no es en ningún sentido injerencista". Pero Maduro acusó a la OEA de convertirse en un "tribunal de inquisición para perseguir a Venezuela", y su cancillería denunció una "destrucción" del organismo a cargo de un grupo de gobiernos en "complicidad" con la Secretaría General para imponer su "agenda ilícita".

Creada por el consenso de la OEA en 2001, la Carta Democrática Interamericana fija mecanismos graduales para intervenir en un Estado miembro, en caso de "una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático". En caso extremo podrían terminar con la suspensión del país de la OEA.

La reunión del Consejo Permanente, la tercera en una semana sobre la crisis venezolana, estuvo a punto de no ocurrir. Tras asumir formalmente la presidencia del Consejo Permanente este lunes, Bolivia decidió suspender la sesión argumentando que la convocatoria había sido "inconsulta" y denunciando "imposiciones". Pero una mayoría de países protestó y acordó proseguir con las discusiones, aplicando un inusual artículo del reglamento del Consejo que faculta al embajador más antiguo cubrir la ausencia del presidente o el vicepresidente. De esa manera, el diplomático hondureño Leonidas Rosa Bautista se prestó para dirigir el debate. "De nuevo OEA convertida en Ministerio de Colonias. Se produce un golpe institucional al impedir el ejercicio de la presidencia de Bolivia", protestó el presidente boliviano Evo Morales en Twitter.

Las funciones de la Asamblea Nacional

La confusión se desató en Venezuela desde que los magistrados se adjudicaran las funciones de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y retirara la inmunidad de los diputados. Tras un fuerte rechazo internacional y la presión de la oposición que denunció un "golpe de Estado" y la intervención de la fiscal general, Luisa Ortega, que denunció una ruptura del orden constitucional, el máximo tribunal anuló parcialmente esos fallos tras un pacto entre los poderes públicos al que no acudió la cabeza del parlamento opositor.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, respaldó la resolución, subrayando la "seriedad" de la situación en Venezuela, donde denuncia la presencia de un centenar de "presos políticos". "El gobierno de Venezuela ha tenido mucho más oportunidades que los países a los que se le ha aplicado Carta Democrática", dijo el excanciller uruguayo. La aprobación de la resolución constituye el paso más drástico de la comunidad continental desde el inicio de la crisis institucional venezolana hace un año. Varios de esos países han llamado a Venezuela a liberar sus "presos políticos" y a fijar un calendario de elecciones, que incluya los comicios regionales suspendidos indefinidamente el año pasado.