Senadores demócratas y conservadores pactan regular la venta de armas en EE UU

Veinte senadores, diez demócratas y otros tantos republicanos, pusieron este domingo la legislación sobre armas estadounidense en el camino de una reforma histórica. Después de una intensa negociación acordaron firmar una declaración que sienta las bases para introducir modestos cambios destinados a frenar el comercio indiscriminado de pistolas, escopetas o fusiles. Son peticiones moderadas, pero de alto calado en una sociedad aturdida y bloqueada por los constantes tiroteos, que asiste con inquietud al aumento de jóvenes de 18 años y menores de edad convertidos en pistoleros solitarios.

El acuerdo amplía sustancialmente el margen de los jueces para determinar si una persona está capacitada para disponer de armas o representa un peligro para sí misma o los demás. Aumenta los delitos federales relacionados con ellas. En el caso de los menores de 21 años, la compra estará sujeta a una verificación previa de antecedentes penales a nivel federal y que el cliente esté limpio de tropiezos juveniles con la Justicia y no haya tenido problemas de salud mental. Los senadores proponen asimismo ir más allá de la regulación actual respecto a quienes hayan sido sentenciados por violencia de género. Hasta hoy se prohíbe vender armas a los cónyuges condenados por agredir a sus parejas, pero si el acuerdo sale adelante, tampoco las podrán adquirir los novios, lo que en este momento constituye una laguna legal por la que se facilita la comisión de cientos de crímenes cada año en el país

El acuerdo, anunciado este domingo, representa un hito histórico también por su inmediatez. Los senadores comenzaron a trabajar en los días posteriores a la masacre de la escuela elemental de Uvalde (Texas), ocurrida el 24 de mayo, donde un joven de 18 años asesinó a tiros a diecinueve niños y dos profesoras. La matanza produjo un especial horror a la población estadounidense por la propia dimensión trágica del tiroteo –a medida que pasaron las horas se supo que el criminal, Salvador Ramos, se cebó con los pequeños, baleados hasta quedar irreconocibles–, pero también porque se trata de una sociedad colmada de sangre. Sólo diez días antes otro individuo asesinó a una decena de personas en un supermercado de Buffalo. En lo que va de año, Estados Unidos ha registrado 213 tiroteos masivos y se han contabilizado 17.000 muertes por armas de fuego. De ellas, cerca de 9.500 se han archivado como suicidios y entre todas las víctimas mortales hay 650 niños. Lo habitual es que anualmente 40.620 personas pierdan la vida bajo las balas como promedio, según el Gun Violence Archive. «Hay mas asesinatos en masa que días en el año», afirma el senador democrata de Conneticut, Chris Murphy.

Los veinte senadores del grupo de trabajo han propuesto además un ambicioso plan de inversión de miles de millones en programas de salud mental, habida cuenta de que un alto número de tiradores presentan síntomas de perturbación previos o carecen de otro móvil que impulse sus actos. También plantean dedicar parte de los fondos a mejoras en materia de seguridad en las escuelas, que se añadirían a las iniciativas puestas en práctica en los últimos veintitrés años, desde la matanza del Instituto Columbine, para blindar los centros educativos frente a intrusos armados.

El pacto es un primer paso, pero sus autores dieron ayer la clave al calificarlo como un importante punto de partida que puede llevar al Congreso a dictar la respuesta nacional más importante en las últimas tres décadas a este tipo de violencia. Los desencuentros entre los demócratas y los republicanos –alimentados por el lobby de las armas– han sido constantes, pero un acuerdo marco podría terminar con la denominada regla de la mayoría calificada en el Senado, una estrategia obstruccionista que ha impedido poner en marcha una nueva legislación sobre la venta de armamento a civiles. Casi cuatro de cada diez estadounidenses tienen entre una y cinco armas de fuego en sus casas.

«Las familias están asustadas y es nuestro deber unirnos y hacer algo que ayude a restaurar su sentido de seguridad en sus comunidades», señala el comunicado difundido por los senadores, para quienes su propuesta permitirá «salvar vidas» y proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos.

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