La Fiscalía francesa pide siete años de cárcel a Sarkozy por la financiación ilegal de su campaña de 2007

Después de tres meses de audiencias, este caso «ha dejado una imagen muy sombría por parte de nuestra República», ha asegurado este jueves por la tarde el fiscal Sébastien de La Touanne. Ha acusado al inquilino del Elíseo entre 2007 y 2012 de «una búsqueda desenfrenada» de dinero para satisfacer «una ambición política devoradora». El representante del Ministerio Público se ha mostrado especialmente contundente con el exmandatario, que defiende con vehemencia su inocencia. Ha considerado que «solo una pena de prisión firme» servirá «para proteger a la sociedad».

La Fiscalía ha pedido que condenen al antaño líder de la derecha tradicional por corrupción, financiación ilegal, malversación de fondos públicos y asociación delictiva. La pena solicitada se sitúa en la horquilla alta del castigo máximo por estos delitos (10 años de prisión y 375.000 euros de multa). Los responsables del Ministerio Público han tachado esta presunta trama de «inaudita e indecente». Han sostenido que «el responsable de tomar las decisiones» era Sarkozy, al que ya han condenado por otros dos casos de corrupción. Y que en febrero se convirtió en el primer expresidente de Francia en llevar un brazalete electrónico.

Menos de una hora después de la petición de la Fiscalía, Sarkozy ha calificado de «insultante» la solicitud de penas. Ha denunciado «la falsedad y la violencia de las acusaciones», en un comunicado publicado en la red social X. El expresidente se ha mantenido fiel a su posición histórica sobre este caso, que el diario digital Mediapart reveló en 2011 y describió como «quizás el más grave y loco de la Quinta República». El exdirigente considera, sin embargo, que se trata de una invención por parte del entorno de Gadafi para vengarse del rol preponderante de Francia en la operación militar de 2011 que acabó con esa dictadura, aunque alimentó la guerra civil en Libia.

Investigada desde hace una década por la justicia francesa, la supuesta trama de la financiación libia se remonta a 2005. Sarkozy, que ejercía como ministro del Interior, se reunió entonces con Gadafi en Libia y ambos acordaron un «pacto de corrupción», según la acusación. Presuntamente, el dictador norafricano le había prometido recursos ingentes para financiar sus ambiciones presidenciales a cambio de que Francia facilitara el final del ostracismo internacional de ese régimen.

El dinero, según la investigación judicial, circuló a través de maletas y transferencias en paraísos fiscales, como las Bahamas. El franco-libanés Ziad Takieddine, uno de los sulfurosos intermediarios juzgados por esta historia, dijo que había dado al equipo de Sarkozy unos cinco millones de euros procedentes del país norafricano entre 2006 y 2007. Pero cambió su versión en 2020. Los jueces sospechan que esa modificación se debió a un intento de soborno por parte del entorno del expresidente.

Además de los siete años para Sarkozy, los castigos solicitados más elevados han sido para el exministro del Interior, Claude Guéant, y para Takieddine. La Fiscalía ha pedido 6 años de prisión para ambos. Para Hortefeux y Woerth, que actualmente ejerce como diputado del partido del presidente Emmanuel Macron, ha rebajado su solicitud a tres y un año de cárcel, respectivamente. El resto de los castigos oscilan entre penas de cinco y un año. Y a eso se le suman importantes multas. En el caso del intermediario Alexandre Djouhri se eleva hasta los cuatro millones.