El Gobierno abre la puerta a recaudar impuestos de las indemnizaciones por accidente

La asociación critica que, «de forma escondida», la disposición final segunda del Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal «realiza una importante modificación» del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. A su entender, podría desembocar en que las indemnizaciones estén sujetas «a una indemnización disminuida por las retenciones o tributos fiscales».

«Ahora si la compañía de seguros te ofrece una compensación, se envía la cuenta corriente y se hace la transferencia. Con la reforma, hará falta pagar un mediador y un notario, o si no, habrá que tributar», explica a este diario Manuel Castellanos, presidente de Anava, cuya asociación representa a más de 200 despachos de toda España.

La redacción introduce la figura del «tercero neutral» que medie en el acuerdo, y también añade como novedad que dicho acuerdo «se haya elevado a escritura pública» cuando el pago lo realiza una entidad aseguradora. Además, Anava entiende que «generará un desbocado aumento de litigios, pues los ciudadanos deberían esperar a la sentencia judicial para que su indemnización quede exenta de tributación».

A preguntas de este diario, desde el ministerio de Justicia (a quién remite Hacienda al ser el responsable del proyecto) afirman que «está en la fase prelegislativa y, cuando llegue a las Cortes Generales -a lo largo de este mismo año-, se buscará el máximo consenso con los ciudadanos y los familiares de víctimas de accidentes». E insisten en que «se estudiará con detenimiento la cuestión ante la preocupación de las víctimas, por ser una de las cuestiones prioritarias», afirman desde la cartera que actualmente ostenta Pilar Llop.

El texto, firmado por el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, modifica el artículo d) del tributo, que regula las rentas exentas. La proposición de reforma «incurre en una grave confusión de la terminología legal, por lo que debe quedar claro que la exención de impuestos debe aplicarse a todos los perjucios, tanto extrapatrimoniales (los daños morales) como patrimoniales», según la asociación de letrados.

El nuevo texto «no tiene en cuenta que los perjudicados o víctimas en accidentes de circulación sufren unos perjuicios personales y patrimoniales en el momento en el que sufren un accidente de circulación por culpa de un tercero, y lo que pretende la indemnización es precisamente compensar esa disminución patrimonial con la restitución íntegra de los daños y perjuicios sufridos», argumenta Castellanos, que critica que el Ejecutivo «meta una reforma del IRPF en una ley para agilizar los juzgados».

Desde Unespa, la patronal de las compañías aseguradoras, también piden más claridad en la redacción del articulado «para que pueda mantenerse la exención de las indemnizaciones de daños personales, tanto de los daños morales como de los daños patrimoniales, a las víctimas de accidentes de tráfico». En caso de que continúe la actual redacción «se quebraría el principio de reparación integra o total indemnidad a las víctimas de accidentes al aplicarse el marginal del IRPF a la parte de la indemnización de daños patrimoniales», asegura un portavoz a este diario.

«Desde el punto de vista fiscal las indemnizaciones nunca se han considerado como un incremento de patrimonio si no una compensación de las disminuciones sufridas a consecuencia del accidente», aseguran desde Anava. Esta entidad ha enviado sendos escritos de queja al secretario general técnico del Ministerio de Justicia, Jacobo Fernández, y al director general de Seguros, Sergio Álvarez, en los que expresa su «más radical oposición» a la norma.

«Una indemnización es para dejar indemne o sin el daño que se compensa. Si me quitan una parte no sólo actúan de modo confiscatorio sino que el Estado recaudaría gracias a la desgracia de las víctimas. Es contrario a la Constitución», argumenta Antonio Salas, ex magistrado de la sala primera del Tribunal Supremo, en un mensaje en la red social Twitter.

Los abogados consideran que, si la reforma prospera, se abrirá la puerta «a un fraude procesal masivo». «Entre llegar a acuerdos o pagar impuestos, los abogados vamos a presentar demandas», considera Castellanos, que insiste en la paradoja de que una Ley para mejorar la eficiencia procesal «vaya a sobrecargar los juzgados por un rejonazo fiscal».