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La negociación de la investidura de Pedro Sánchez ha entrado ya en un territorio crítico. Las reuniones con Sumar, PNV, BNG, ERC, Junts y EH Bildu de los últimos días han servido para lograr avances pero no se atisba un acuerdo, ni un principio de ... pacto. Los abucheos e insultos de parte del público en el desfile de las Fuerzas Armadas a Sánchez forman parte de un guion más o menos previsible. Incluso se pensaba que los destrozos podrían haber sido mayores. El presidente ha pagado un precio por su foto inédita con EH Bildu, aunque a estas alturas hasta parece un asunto amortizado. Y se muestra incluso dispuesto a hablar con Carles Puigdemont, lo que provocará una gran tormenta. Las concesiones políticas de esta negociación implican un coste que los socialistas asumen con cierta sensación de vértigo escénico, pero con la idea de que la alternativa, la de la repetición electoral, es infinitamente peor.
La determinación de Sánchez para poder formar un Gobierno de coalición en minoría pero con suficientes apoyos parlamentarios de todo el espectro nacionalista e independentista es total. Es una partitura compleja, que el PSOE tendrá que explicar con un relato propio y diferenciado frente a los discursos de la derecha y de los propios secesionistas. Construir esta narrativa no resulta fácil porque se va a remolque de los demás.
Habrá acuerdo probablemente, salvo sorpresa mayúscula que tampoco habría que descartar porque las exigencias de los independentistas catalanes plantean una ingeniería jurídico-política muy difícil. Y veremos qué alcance tiene el acuerdo, si sirve solo para la investidura o si va más lejos, al menos para permitir que la legislatura arranque con unos Presupuestos negociados. Quienes están en el meollo de la negociación se muestran prudentes. El problema no es tanto Puigdemont sino el aparato de Esquerra que controla Marta Rovira. La dirección del PNV maneja esta tesis, que los socialistas también han asumido en menor medida. El mayor temor es que el empeño republicano en forzar una negociación que no se limite a la amnistía, o a un concepto similar, que intente abordar un compromiso sobre las condiciones de un futuro proceso político para Cataluña para hacer factible un referéndum pactado de autodeterminación en el medio plazo. Si esto es así, se entraría en un terreno muy resbaladizo que podría dilatar las conversaciones y llevarlas a un punto crítico, con el reloj de la investidura ya puesto en marcha. El PSOE se niega a cualquier pacto que implique rebasar el actual marco constitucional.
El PNV no descarta que la negociación descarrile si al final ERC se empecina en buscar un acuerdo sobre la autodeterminación. El problema no estriba tanto en las reivindicaciones peneuvistas ligadas a la 'agenda vasca'. Ni siquiera por el reconocimiento de la realidad plurinacional de España, en donde puede alcanzarse un entendimiento en la medida en la que la propia Constitución recoge la existencia de nacionalidades y regiones. Pero sí admiten que no hay que descartar el riesgo de ruptura si se mantienen ciertas posiciones maximalistas en relación con el asunto más espinoso, el contencioso territorial. El PNV quiere que se abra el melón, pero es consciente de los límites que existen y apuesta por un proceso gradualista.
Si el independentismo catalán quiere forzar la máquina y entrar en el territorio del debate sobre el derecho de autodeterminación, la discusión podría bloquearse porque el PSOE ha dejado claro que esa es su línea roja infranqueable. Sobre todo con la actual correlación de fuerzas en España, con un bloque de centroderecha muy reactivo al debate territorial. El peligro de ir a unas nuevas elecciones es real aunque nadie quiere ese escenario. El conflicto es cómo articular en un relato inclusivo los dos enfoques que están sobre la mesa por parte de los actores de la negociación y que rebase los estrictos límites de un acuerdo de investidura para adentrarse en la legislatura. La rivalidad entre Junts y ERC resulta demoledora para la estabilidad en Madrid.
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