Begoña Gómez vuelve al juzgado en una situación más delicada que hace dos semanas

El juez Juan Carlos Peinado tiene ahora en su arsenal una nueva arma con la que no contaba a principios de mes: las 20 páginas que la Secretaría General de la Asesoría Jurídica de la UCM le ha remitido dando cuenta de las «investigaciones internas» sobre la «posible apropiación indebida» del software por el que la Complutense desembolsó en tres tandas un total de 102.848,79 euros. Un dinero que sirvió para costear esa herramienta dedicada a elaborar «informes de impacto social y medioambiental» de pequeñas y medianas empresas.

Ese software, sin embargo, acabó ofreciéndose desde la web de la empresa que Gómez creó en noviembre del pasado año (Transforma TSC SL) con un capital social de 3.000 euros, que no tiene trabajadores, que tiene su sede en el piso de Pozuelo de Alarcón de la familia Sánchez-Gómez y de la que la mujer del presidente es la administradora y socia única. En el Registro Mercantil sobre Transforma TSC la universidad pública madrileña no figura por ningún lado. De hecho, el centro acaba de asegurar al juzgado que desconocía la creación de esta entidad, que se produjo solo días después de los contratos para adquirir el software.

La UCM, que ha denunciado ante el juez la falta de colaboración de Gómez en la investigación, acaba de poner sobre la mesa tres facturas bajo sospecha relacionadas con el software. Una primera de «asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto en la Pequeña y Mediana Empresa» por valor de 60.500 euros, impuestos incluidos. Una segunda factura de la empresa Making Science Group S.A. por la prestación del servicio de desarrollo e implementación de la Plataforma Transforma TSC para la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva por importe de 24.200 euros, IVA incluido. Y la tercera y más comprometedora factura, que firma la propia Gómez, desembolsando 14.999 euros sin IVA (18.148 euros con impuestos), al límite de un contrato menor, por lo que pudo ser adjudicado a dedo por la mujer de Sánchez a Deloitte- para «asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto en la Pequeña y Mediana Empresa».

Begoña Gómez, a pesar de las insistentes reclamaciones de la Complutense, no ha dado explicaciones sobre esos desembolsos, aunque desde su entorno se viene sosteniendo desde hace semanas que que en ningún momento ésta ha registrado la herramienta a su nombre ni la comercializa ni la canaliza a través de una empresa.

La polémica sobre este software no es el único flanco que la Universidad ha abierto en los últimos días a Gómez. El pasado 5 de julio el rector de la UCM, Joaquín Goyache, admitió durante su interrogatorio como testigo en la causa contra Begoña Gómez que se reunió en Moncloa con la esposa del presidente del Gobierno antes de que empezara el máster de liderazgo social que ésta codirigió entre 2020 y 2023. Es más, que fue citado a la sede de la Presidencia por la secretaría de Moncloa.

El supuesto uso de la sede de la Presidencia del Ejecutivo por parte de Gómez para sus asuntos profesionales también ha sido ratificado en los últimos días por otro de los testigos claves de este proceso, el empresario Carlos Barrabés, que fue quien resultó beneficiario de adjudicaciones del Gobierno central por valor de 10,6 millones de euros después de recibir dos cartas de recomendación por parte de Gómez, compañera de cátedra, y que son los contratos que está investigando la Fiscalía Europea. Barrabés el pasado lunes confirmó que se vio con la mujer de Sánchez en Moncloa, si bien algunas fuentes negaron que el jefe del Ejecutivo estuviera presente en esos encuentros, tal y como sostienen las acusaciones.

Sea como fuere, la parte concerniente a los contratos adjudicados a Barrabés, más allá de lo que está investigando las Fiscalía Europea- no parecen ahora los nubarrones más cercanos para Gómez. A principios de mes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en un nuevo informe, descartó que las cartas de la mujer del presidente tuvieran influencia alguna en los otros contratos obtenidos por el empresario por parte de otras administraciones.