El bloqueo aboca a jubilados, funcionarios y parados a la congelación salarial

En vilo por lo que puede significar para su economía doméstica está una quinta parte de la población: a día de hoy más de 8,8 millones de pensionistas no saben cuánto cobrarán a partir de enero. De momento, solo tienen asegurada una revalorización mínima del 0,25%, pues así lo contempla la ley actual, que se rige por la polémica reforma de las pensiones aprobada por Mariano Rajoy en 2013. Es decir, el próximo año su prestación apenas subiría una media de 2,5 euros, lo que provocaría una pérdida de en torno a un punto de poder adquisitivo.

Se trataría, por tanto, de un paso atrás. En los dos últimos años las pensiones mínimas han subido un 3% y el resto un 1,6% en 2018 y un 1,7% en 2019, una vez que se dejó en suspenso la aplicación del Índice de Revalorización (IRP) establecido en dicha reforma. La promesa de los socialistas de derogar esta ley que abocaba a los pensionistas a una cuasi congelación de sus ingresos para los próximos años no se llevó a cabo y el método que se emplearía para el próximo año quedó en pactarse durante estos seis primeros meses del ejercicio. Las elecciones trastocaron este plan y la polémica ahora es si un Gobierno en funciones está capacitado para aprobar de forma unilateral una subida de las pensiones en función del IPC, como es el deseo del PSOE. Desde el Ministerio de Trabajo dejan caer que podría hacerse a través de un Real Decreto Ley, eso sí, argumentando muy bien que se trata de un caso de urgente necesidad y de interés general. Pero la legalidad de este procedimiento genera muchas dudas incluso por parte de los sindicatos.

Y lo mismo sucede con el alza del Salario Mínimo, otra decisión que a final de cada año tiene que adoptar el Gobierno de turno. En 2019 se produjo la mayor subida de las últimas tres décadas, al elevarse un 22,3% hasta los 900 euros al mes. Y todo hacía indicar que en 2020 este incremento sostenido continuaría, pudiendo llegar a los 1.000 euros, tal y como habían pactado empresarios y sindicatos en el último acuerdo de negociación colectiva. Es más, Pedro Sánchez en su discurso de investidura y en las 370 medidas de gobierno anunciadas recientemente se comprometió a que el SMI alcance el 60% del salario medio a final de legislatura, lo que supondría unos 1.200 euros al mes. Pero ahora cerca de millón y medio de trabajadores verían congelado su sueldo para 2020, puesto que el Ejecutivo ya ha anunciado que no tiene intención de hacer nada al respecto si está en funciones.

Otro colectivo que sufrirá las consecuencias del bloqueo político y de la ausencia de unos Presupuestos son los 2,5 millones de funcionarios, que casi con toda probabilidad comenzarán el año sin la prometida subida salarial de al menos el 2%, puesto que, pese a haber un acuerdo firmado, también ha de aprobarlo el Ejecutivo y, en funciones, teóricamente no puede hacerlo.

También comenzarán el año perdiendo poder adquisitivo los más de 1,7 millones de parados que cobran una prestación por desempleo, cuya actualización depende de la subida del Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (IPREM), el índice que marca la cuantía de numerosos subsidios y que este año se incrementó un 2%. El bloqueo político pospondrá esta decisión y, sumadas a las anteriores, aboca a la congelación salarial a cerca de 15 millones de personas.

Pero además hay una serie de reformas pendientes que deben abordarse con urgencia, más en un contexto de desaceleración económica como el actual. Una de las prioridades es atajar el déficit de la Seguridad Social, que no tiene visos de moderarse en el corto plazo, y lograr la sostenibilidad del sistema de pensiones. Para ello, es fundamental incrementar los ingresos, puesto que mes a mes los gastos se disparan, y más cuando todo hace entrever que las prestaciones vuelvan a revalorizarse por ley en función del IPC y no entre finalmente en vigor el factor de sostenibilidad, los dos pilares de la reforma de Rajoy. La solución se fía a la comisión del Pacto de Toledo que, recién formada la semana pasada, volverá a desintegrarse en esta legislatura fallida sin avance alguno; y ya van ocho años sin acuerdos.

También se retrasa el nuevo Estatuto de los Trabajadores que los socialistas llevan en su programa electoral así como la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012. No es un tema baladí ya que se deben abordar los dos grandes problemas estructurales que arrastra el mercado laboral español: el elevado número de parados y la excesiva temporalidad. Por ello, será necesario diseñar un nuevo modelo de políticas activas de empleo que las hagan más eficaces y reorganizar los subsidios para desempleados, dos asuntos que ya colean desde la anterior legislatura del PP.

De igual manera se aplaza el objetivo de impulsar una reforma para que los autónomos coticen en función de sus ingresos reales, algo que estaba previsto implantar este ejercicio, una reforma fiscal así como establecer una nueva Ley Estatal de Vivienda, entre otra serie de medidas pendientes.