La «hija del cuerpo» que no se amilana frente al poder político

Este episodio ha marcado desde entonces el devenir de esta familia originaria de Siruela (Badajoz). Una saga que se crió huérfana pero que, pese a todo, siguió formando parte de la Guardia Civil. Varios de los hijos de José continuaron sus pasos. Ramón, por ejemplo, fue coronel y un nieto, Antonio, es hoy jefe de la Comandancia de Málaga. En cambio, su hermana Carmen se decantó por la judicatura, y hoy acapara los focos por su investigación de la marcha del 8 de marzo en Madrid.

Esta «hija del cuerpo», cuyo nombre honra la medalla que portaba su abuelo, ha puesto en el disparadero la gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno. Y, de forma indirecta, su instrucción ha provocado un cisma entre la cúpula de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior tras otorgar las pesquisas a la unidad judicial de Madrid. Una crisis que se originó tras el cese de Diego Pérez de los Cobos, jefe de la comandancia madrileña.

Minuciosa y trabajadora, comentan colegas de los juzgados de Plaza Castilla, Carmen es una instructora que requiere numerosa documentación y es un tanto «mesiánica» con sus causas: las exprime hasta el final, hasta que no deja cabos sueltos.

No solo ocurre ahora con las diligencias que tratan de dilucidar si el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, cometió prevaricación por desoir las advertencias sanitarias. También en la instrucción del 'caso máster', en enero de 2018. La causa que acabó con el procesamiento de Cristina Cifuentes -supuso el final de su carrera política- y la remisión al Tribunal Supremo de una detallada exposición razonada tras ver indicios contra Pablo Casado, líder del PP. Sería luego archivada.

Cosas del destino, hace tan sólo cuatro meses, sonó como candidata de Grande-Marlaska para ser la directora general de la Guardia Civil tras el cese de Félix Azón. Pero, en su lugar, se optó por la política socialista malagueña María Gámez. El interés del ministro viene de lejos. Compartieron trabajo en el Consejo General del Poder Judicial. Él como vocal a propuesta del PP y Rodríguez-Medel como letrada. Junto a ella estaba el juez Rafael Pérez, actual secretario de Estado de Seguridad.

Nacida en 1972, su paso por el Consejo apenas duró 11 meses. Doctora en Derecho por la Complutense, pertenece a la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura y está casada con otro juez. Sacó la oposición con 24 años. Su primer destino en 1996 fue Santoña (Cantabria) y luego Marbella a partir de 2002. En 2008 pasó al juzgado de Violencia sobre la Mujer y desde allí intentó, en comisión de servicios, reemplazar a Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional, pero el Consejo se decantó por Pablo Ruz.

Poca amiga de los focos, le gusta estudiar y sabe desplegar la ironía. Por ejemplo, cuando el Tribunal Supremo le obligó a archivar el caso contra Casado lamentó en un auto que, a su «modesto» entender, «se está elevando notablemente las exigencias habituales de la jurisprudencia para abrir una instrucción». Y concluía, con ironía, que aplicar este nuevo parámetro «conllevará, sin duda, una notable reducción de la carga laboral».