El Gobierno se resiste a publicar el informe del Consejo de Estado

El presidente del Gobierno eludió las acusaciones y aprovechó para elogiar a la formación de Santiago Abascal por su «responsabilidad» y «sentido de Estado» a diferencia del PP. Pero no desmintió el reproche. Tampoco lo hicieron ninguno de los miembros de su gabinete que guardaron silencio cuando fueron interpelados sobre el texto del Consejo de Estado. Fuentes del Ejecutivo admitieron su existencia pero aseguraron que no tienen intención por ahora de hacerlo público «para no hacer el juego al PP». Argumentan que el dictamen, al no ser vinculante, no es obligatorio adjuntarlo en la tramitación del decreto. Por eso insisten en que «es falso que se haya retirado» y avisan de que se hará público cuando lo consideren «oportuno».

Desde el Congreso respaldan la versión del Gobierno y señalan que los reales decretos que llegan a la Cámara no incorporan los informes del Consejo de Estado salvo los que llevan aparejados un crédito extraordinario. Y no es el caso, dicen, del decreto sobre el plan de las ayudas europeas.

La principal crítica, incluida la de los grupos que permitieron la convalidación, es la falta de mecanismos de control y transparencia en la gestión de los 140.000 millones que llegarán de Bruselas. Pedro Sánchez se ha abierto a revisar el control absoluto que ejercerá la Moncloa sobre estos fondos en la tramitación del decreto como proyecto de ley. Pero los populares recelan de esas intenciones y sostienen que el Gobierno no incluyó el informe en la documentación enviada al Congreso porque el órgano consultivo cuestiona también el procedimiento para el reparto de esas ayudas. «Deje de prender fuego a todo para ocultar su negligencia», aseveró Casado, que auguró para el futuro del PSOE una catástrofe como la de los ERE de Andalucía.

El PP ya ha activado la maquinaria para hacerse con el dictamen del Consejo de Estado y ayer mismo registró una batería de iniciativas para que el documento se haga público. Los populares exigen además una reunión urgente de la Mesa del Congreso en la que acuerde dirigirse al Ejecutivo para que remita el dictamen a la Cámara y solicitan también que los servicios jurídicos emitan un informe sobre la validez del decreto y si puede ser anulado.

Ciudadanos se adelantó al PP y el lunes registró en la Cámara una solicitud del dictamen. «No es preceptivo pero sí facultativo y tenemos derecho a conocerlo», afirmó el portavoz adjunto de los liberales, Edmundo Bal. En las filas naranjas alertan además de que el hecho de no publicar el dictamen para «corregir los defectos» que señale el Consejo de Estado en la tramitación del decreto «puede sentar como un jarro de agua fría» en Bruselas.