Las comunidades del PP plantan a Montero por la quita de la deuda

Apenas había transcurrido media hora del comienzo de la reunión cuando los representantes de las doce regiones en las que gobierna el primer partido de la oposición, incluido el consejero canario (donde los populares están en coalición), y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se levantaron de la mesa y abandonaron en bloque la sala del Ministerio de Hacienda en la que tenía lugar el encuentro. Ni siquiera llegaron a hablar de la deuda ni de otro de los puntos incluidos por Montero en el orden del día pero ya publicado en el BOE, el reparto de la recaudación del nuevo impuesto a la banca.

"No creemos que sea la forma de proceder en este foro en el que queremos trabajar de forma cooperativa -esgrimió el consejero de Hacienda de Galicia, Miguel Corgos-. Nos estamos encontrando con acuerdos que se toman en otros foros y se nos traen aquí para ratificar y para que seamos una comparsa". "Esto es un punto final -añadió a modo de portavoz de todo el grupo arremolinado en las escaleras del Ministerio- y no vamos a aceptar trágalas".

El efecto práctico de la actuación, concertada previamente con la dirección del PP, es nulo. El Gobierno contaba hoy con fuerza suficiente para sacar adelante la iniciativa sin el concurso de las autonomías populares porque su voto en el CPFF vale un 50% y, además del apoyo de Cataluña, contaba también con el respaldo de las otras comunidades gobernadas por el PSOE, Asturias y Castilla-La Mancha. Navarra, con sistema de financiación propio, solo asistía a la reunión como oyente.

En realidad, es precisamente el hecho de que su posición fuera inane lo que facilitó a Alberto Núñez Feijóo que nadie rompiera la unidad de discurso. Para el PP como partido es relativamente fácil oponerse a una operación que supone que el Estado asuma hasta 83.000 millones de euros de deuda autonómica ( 17.000 millones de ellos de Cataluña). Su argumento es que para el ciudadano que el pasivo cambie de manos no supone beneficio alguno porque lo que no pague a través de sus impuestos como andaluz, madrileño o catalán lo tendrá que pagar como español y en algunos casos, tendrá incluso que pagar más que antes. Pero para las administraciones renunciar a un alivio financiero de esa índole es más difícil.

El Gobierno lleva días vaticinando que si la propuesta sale finalmente adelante -para lo que es necesario aprobar una ley orgánica en el Congreso- no habrá ni una sola autonomía del PP que no pida acogerse a ella. Y lo cierto es que este miércoles casi ninguno de los consejeros que participó en el plante, salvo el balear, negó este miércoles, a preguntas de los periodistas, que así vaya a ser.

Montero ironizó, de hecho, con que al irse de la reunión los populares optaron de facto por una abstención para evitar el sonrojo de reclamar dentro de unos meses una ayuda rechazada en el órgano de cooperación. Es más, fuentes gubernamentales, remarcan que si de verdad hubieran querido tumbar la iniciativa, en lugar de irse una vez constituido el cónclave, los consejeros habrían renunciado a asistir a la convocatoria para evitar que hubiera quórum.

La vicepresidenta, que compareció al final del encuentro, acusó a los populares de "falta total de sentido de Estado y de la responsabilidad" y les recriminó que se plieguen a las estrategias de un Feijóo instalado, arguyó, en el "no a todo". "Los políticos tienen que representar a aquellos que los han votado y solo a través del diálogo, de la propuesta, tendremos ocasión de llegar a puntos de encuentro que nos permitan seguir avanzando", dijo.