Los deberes del Ejército ante el desafío de Trump

Este 'Gracias, Trump' no es más que una respuesta a minúscula escala de la tropa y marinería, con 76.000 -10.000 menos que hace una década- de los 123.000 efectivos que componen las Fuerzas Armadas, a la concatenación de acontecimientos internacionales que se han sucedido desde que la administración republicana se puso en marcha hace sólo un mes.

Un tsunami que ha sacudido los cimientos del tablero global y ha obligado a los aliados a acelerar su creciente militarización. Un zarandeo del presidente estadounidense a la guerra abierta desde hace tres años en suelo europeo, acercándose sin ambages al neoimperialismo del «invasor» Vladimir Putin en detrimento del «dictador» Voldímir Zelenski, otrora héroe de la resistencia.

O la explícita amenaza de Trump para desinvertir en la OTAN como primer contribuyente si los socios no aumentan de inmediato su gasto en Defensa; con España como incómodo farolillo rojo lejos aún del objetivo del 2% de su Producto Interior Bruto (PIB). En la actualidad, apenas llega al 1,3% y está obligado a pasar de 17.500 a 36.500 millones hasta 2029, según los compromisos de la cumbre de Madrid. Un reto enorme que exige decisiones difíciles para el Gobierno de Sánchez, atrapado por su debilidad parlamentaria y sin poder ejecutar un plan inversor por la falta de Presupuestos.

Este golpe en la mesa del comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo ha abierto otro melón inesperado: el debate que ha propiciado en el seno de la Unión Europea (UE) sobre su autonomía estratégica. Es decir, si llegó la hora de que los 27 constituyan un solo ejército comunitario o, de lo contrario, agilicen sus planes para dotar a Bruselas de un batallón de respuesta rápida que permitiría desplegar 5.000 soldados ante cualquier agresión territorial en el espacio común.

En suma, toca decidir nada menos si los socios reforman sus constituciones para transferir parte de su seguridad nacional a un bien colectivo sin el liderazgo de Estados Unidos. Todo ello en un contexto donde ha permeado la idea de que la integración económica y política ya limita las soberanías, dentro de esa corriente populista que preconiza el lema de menos Europa.

De igual manera, la falta de consenso dentro del bloque comunitario dificulta la creación de un ejército europeo. Los procesos de toma de decisiones, caracterizados por la unanimidad necesaria en el Consejo Europeo, afectarían a la eficacia y el alcance del operativo militar. Además, cada país tiene distintas prioridades estratégicas, que también dependen de su ubicación geográfica y de su contexto histórico. Por ejemplo, las políticas de seguridad y defensa de España o Italia, que miran al Mediterráneo o a la región africana del Sahel, difieren de las de Polonia o los países del Báltico, más pendientes de la amenaza que les supone Rusia desde la invasión de Ucrania. Pase lo que pase, los 27 deben decidir de inmediato si asumen una misión de pacificación en las fronteras ucranianas. Una iniciativa que contaría con presencia militar española, según contemplan en la planta noble de Defensa.

En el plano interno, no es ningún secreto que la nueva era Trump ha cogido con el pie cambiado la planificación militar de una potencia media como España. Unos objetivos a corto plazo -aumentar el gasto y la plantilla hasta 2029- que se han visto superados por los acontecimientos. Un panorama donde la incertidumbre que protagonizó la primera etapa del presidente norteamericano ha dado paso a un nuevo ciclo de choque. Un estado que precipita la toma de grandes decisiones tanto en el ministerio que dirige Margarita Robles como en la cúpula castrense.

En primer lugar, se necesita más músculo para hacer frente a las misiones asignadas a las Fuerzas Armadas y mantener su operatividad, tanto en el exterior como en territorio nacional. Los planes contemplan un refuerzo de al menos el 16% de la plantilla en los dos ejércitos y la Armada, así como en los cuerpos comunes como sanidad o jurídico, hasta alcanzar la cifra de 140.000 efectivos en 2035, el límite máximo fijado por la Ley de la Carrera Militar. De ellos, 50.000 son cuadros de mando, 200 generales y 1.050 coroneles. Según los datos de la Dirección General de Personal, de los 123.000 uniformados actuales, 77.003 corresponden a Tierra; 21.498, a la Armada; 21.347, al Aire y el Espacio; y 3.219, a los cuerpos comunes.

Hace años que la cúpula castrense viene reclamando un incremento de soldados en la Unidad Militar de Emergencias (UME), punta de lanza de la protección civil en caso de incendios, terremotos o inundaciones; el Mando Conjunto del Ciberespacio, responsable de las operaciones tanto ofensivas como defensivas; o el nuevo Mando del Espacio, encargado de la vigilancia, control y operaciones. Un escenario cada vez más crítico ante la necesidad de salvaguardar la seguridad de los satélites y monitorizar la basura espacial.

A ello se han sumado las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar de los militares. Se da la paradoja de que un 23% de la plantilla tiene reducción de jornada, exoneración de guardias, estudios o permisos de paternidad. Unos derechos adquiridos que, por otra parte, repercuten en la operatividad, por lo que el aumento de efectivos es una necesidad apremiante. Otro frente consiste en atender las misiones en el exterior, normalmente bajo el paraguas de la ONU, OTAN o UE, que en 2024 han batido un nuevo récord con 3.830 militares desplegados de manera simultánea en 16 operaciones.

Todo un desafío que deberá venir acompañado de un incremento presupuestario sostenido, con la prioridad puesta en alimentar los programas de armamento: la joya de la corona de la Defensa. Se trata del refuerzo de fragatas y submarinos para la Armada; cazas de combate, incluido el futuro FCAS (sistema aéreo) de la UE para el Ejército del Aire; o los vehículos 8x8 para Tierra. A todo ello habría que gestionar las nuevas atribuciones en los ámbitos espaciales y ciberespaciales. Una lista de deberes que con Trump en el poder exige más urgencia.