Detienen a un médico en Canarias por abusar de 20 pacientes en su consulta

El juez de guardia de la ciudad canaria, una vez escuchada la declaración del acusado, ha decidido dejarlo en libertad provisional a la espera de la celebración del juicio, pero, como medida cautelar, le ha prohibido ejercer la medicina mientras se dilucidan las posibles responsabilidades penales del caso.

La investigación que ha destapado este escándalo se inició el pasado 30 de noviembre, cuando una mujer acudió a la comisaría de Las Palmas para denunciar que su médico de cabecera, aprovechando sus visitas al centro de salud para consultar diversas dolencias, la había sometido de forma reiterada a tocamientos de carácter sexual que nada tenían que ver con la práctica clínica o con las exploraciones necesarias para lograr un diagnóstico.

La denunciante, según los datos aportados por la Policía Nacional, aclaró a los agentes que en ningún caso se trataba de un hecho casual o episódico, sino de un comportamiento sistemático y consciente contra su libertad y integridad sexual. Les aseguró que los tocamientos lascivos del médico habían ocurrido en varias ocasiones y desde hacía muchos meses, pero que, en parte por miedo a lo que le pudiese ocurrir, pero sobre todo por vergüenza, le había costado mucho dar el paso de acudir a la comisaría a poner los abusos en conocimiento de las fuerzas de seguridad.

 

La denuncia centró la investigación en un médico de la sanidad pública de 65 años que, según pudieron comprobar los agentes, ya contaba con antecedentes policiales por otros hechos de similar naturaleza. Los expertos policiales enseguida imaginaron que, dado el historial del sospechoso, era muy posible que la denunciante no fuese su única víctima. Su intuición se vio corroborada muy pronto por las siguientes pesquisas. Tras ponerse en contacto con las autoridades sanitarias y los responsables del centro de salud, los investigadores averiguaron que en los últimos meses hasta 99 de las pacientes femeninas que tenían al presunto asaltante sexual como médico de cabecera habían solicitado un cambio de doctor de familia. Una avalancha.

Los agentes se pusieron entonces en contacto, una a una, con este centenar de mujeres insatisfechas con la asistencia que recibían del facultativo y descubrieron que veinte de ellas aseguraban haber sufrido abusos idénticos a los de la primera denunciante, con tocamientos de carácter sexual reiterados por parte del doctor aprovechando sus visitas médicas a la consulta. También como en el primer caso, justificaron el no haber acudido a la policía para contar los abusos por sentir miedo o vergüenza, o ambas cosas a un tiempo.

Un vez finalizada la investigación e identificadas y reunidas todas las posibles víctimas de los abusos del médico de cabecera, los investigadores lo detuvieron, en la última semana de febrero pasado, por una multiplicidad de delitos de abuso sexual, y lo pusieron, junto con el correspondiente atestado policial, a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas, que ese día, el 1 de marzo, estaba en funciones de guardia. El magistrado interrogó al facultativo sobre las acusaciones de todas sus víctimas y acordó dejarlo en libertad provisional. No obstante, según confirmó hoy el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el juez remitió un oficio a las autoridades sanitarias del archipiélago en el que les comunicó que, «de manera inmediata y de forma cautelar», el investigado tiene prohibido ejercer la medicina en cualquier centro público o privado hasta que se diluciden las responsabilidades penales de los delitos, los de abusos sexuales, que pueden ser castigados con una pena de uno a tres años de cárcel o multa. Acordadas las medidas más urgentes, el juez de guardia se inhibió en favor de su colega del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas, que es quien ha tutelado la investigación policial y quien ha autorizado las diligentes de investigación necesarias desde que se iniciaron las pesquisas del caso hace algo más de tres meses.

El caso de Canarias recuerda a otro que en 2014 terminó con J. C., el antiguo jefe de urgencias del Hospital Santa Caterina de Salt, en la provincia de Girona, condenado a ocho años de cárcel. El tribunal consideró probado que este especialista había aprovechado la asistencia médica a al menos cinco pacientes femeninos en su consulta entre 2008 y 2009 para realizarlas tocamientos en los pechos y en la zona vaginal que, según indicó la sentencia, no tenían justificación clínica alguna y si en cambio la intención de satisfacer de manera ilícita sus deseos sexuales.