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La aplicación de la ley del 'solo sí es sí' trajo aparejada la rebaja de penas a condenados por abuso sexual. Una tormenta política que la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, trata de capear con pedagogía a la espera de ... que el Tribunal Supremo unifique doctrina.
–¿Cuánta confianza tiene en que el Supremo encauce el conflicto por la rebaja de penas de la ley del 'solo sí es sí'?
–Entre cero y diez prácticamente diez. El Gobierno hizo su trabajo en el anteproyecto de ley durante casi dos años. El Parlamento hizo su trabajo y hubo informes que ahora se están sacando fuera de fecha, como el del Consejo General del Poder Judicial. El Ministerio de Justicia, que es el que técnicamente tiene más juristas, ya atendió a estas sugerencias que ahora se nos arrojan a la cara.
–El Consejo General del Poder Judicial no opina lo mismo.
–El Consejo, sobre el texto actual de la ley, dijo que si hubiéramos mantenido las penas máximas no habría revisiones, y no ha habido ninguna revisión de máximos. Como la que está pidiendo ahora el abogado de los violadores grupales de Pamplona.
–Pero el órgano insiste en que advirtió al Gobierno de que podían darse rebajas de penas.
–No advirtió de que la ley permita ahora bajar las penas mínimas cuando las penas que se impusieron están dentro de la horquilla legal. Hay jueces que se están saltando el derecho transitorio. La ley pasó por el Consejo Fiscal y por el Ministerio de Justicia, con 32 asesores. La ministra de Igualdad, que evidentemente no intervino en la adecuación de penas, está dando la cara por una ley que reconoce muchos más derechos que antes a las víctimas de violencias machistas. Es importante no sostener la mentira, porque es una falsedad que el Consejo advirtiera de esta revisión a la baja. Tanto es así que creemos que se van a corregir las revisiones automáticas de la ley.
Ley del 'solo sí es sí':
Miguel Ángel Alfonso Lourdes Pérez
Paula De las Heras María Eugenia Alonso
–¿Está diciendo que la ministra Irene Montero está siendo acusada de una falla en la norma que no es suya sino del Ministerio de Justicia?
–La norma es del Gobierno. Irene Montero es la primera que ha dado la cara por una norma que es del conjunto del Gobierno. Cualquiera que haya estado en el Gobierno sabe que la parte penal, la parte técnica de si se revisan o no las penas, corresponde al Ministerio de Justicia.
–¿Entonces las deficiencias son de los 32 asesores del Ministerio de Justicia?
–La ley no tiene deficiencias en el esquema penal, lo cambia. ¿Puede ser criticable? Por supuesto, igual que son criticables las sentencias. Pero la ley es del conjunto del Gobierno, que es un órgano colegiado. Y las decisiones de los órganos colegiados se respetan. A Irene Montero se le ha atacado personalmente como si hubiera escrito las penas de su puño y letra.
–¿Tienen plan B si el Supremo no unifica doctrina como ustedes esperan?
–El único plan es aplicar la ley.
–¿Entonces descartan radicalmente cambiarla?
–No tiene sentido cambiar una ley tras solo un mes de haber entrado en vigor. Es una barbaridad jurídica intentar hablar de penas posteriores cuando ya se ha producido la entrada en vigor de otra ley. Siempre se aplica la más favorable y la ley del 'solo sí es sí' no es la más favorable. Vamos a verlo a partir de los hechos cometidos desde el 7 de octubre, cuando entró en vigor la ley.
–Insisto, ¿y si el Supremo dice que la doctrina pasa por rebajar las penas?
–Está usted planteando que el Supremo se aparte de su propia jurisprudencia. Si la pena anterior entra en la nueva pena imponible, no se revisa. No hay plan b porque no creemos que haya un error de la ley.
–Lo que nadie niega es el ruido que existe en torno a la ley. ¿Cree que va a afectar a la tramitación de otras leyes, como por ejemplo la ley trans?
–Sinceramente espero que no. Si no recuerdo mal ley trans no tiene una parte penal.
–¿Pero no temen que el PSOEpueda echarse atrás viendo la cercanía de las elecciones?
–A la gente que hacemos un trabajo de profundidad nos puede alterar el calendario, pero porque el trabajo de calidades es de pincel fino y las campañas electorales casi siempre son de brocha gorda. Sería un error que un Gobierno progresista y feminista como este no llegara hasta el final de la legislatura defendiendo esas leyes.
–El ala socialista del Gobierno deja la puerta abierta a la revisión de la ley a la espera delSupremo. Es lo que dio a entender la ministra de Justicia, Pilar Llop.
–Creo que la ministra de Justicia ha defendido la ley y no ha hablado en ningún caso de reforma. No hay un plan B para arreglar un roto inexistente. Si el plan A pasa por aplicar la ley, en todo caso el plan B pasaría por aplicar la ley de forma uniforme.
–En Podemos hay malestar con el silencio de Yolanda Díaz durante la semana pasada.
–No echo de menos que alguien que es la candidata del espacio se queme en una polémica y diga algo de lo que, sin haberlo estudiado a fondo, se pueda arrepentir. Entiendo que eluda algunos charcos pero no se los echo en cara.
–¿No le apena que sus esfuerzos por explicar la ley se vean difuminados por mensajes de exdirigentes de Podemos como Pablo Iglesias?
–Creo que las redes sociales tienen el peligro de los caracteres limitados y los sobreentendidos. A mí no me gusta nada entrar nada en confrontaciones. El ruido puede alimentar a los enemigos del espacio y, en este caso, crea inseguridad.
–¿Los jueces son machistas?
–Yo no he dicho nunca eso.
–¿Y la ministra?
–Habló de una aplicación machista de la ley, cuando conocimos las primeras revisiones de penas. Como me parece una evidencia decir que hay algunas sentencias que son machistas.
El nombre de Victoria Rosell sonó con fuerza hace un mes para ocupar un puesto de vocal tras la renovación del Consejo General del Poder Judicial, algo que estuvo a punto de producirse hasta que el PPse levanto de la mesa de negociación cuando el acuerdo era inminente. La juez desvela ahora que el PSOE«había aceptado ceder dos vocales a UnidasPodemos» y que los socialistas no asumieron el veto que los de Alberto Núñez Feijóo, asegura, habían impuesto sobre ella. «Yo podía haber sido vocal pese al veto», afirma Rosell. «Hay posiciones que realmente son contradictorias y es contradictorio decir que lo mío era por haber estado en política, fue una excusa vil», lamenta la delegada del Gobierno para la Violencia de Género.
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