ERC y Junts también discrepan sobre el modelo de referéndum

En el pacto de investidura suscrito con el PSOE, Junts ya avanzaba que planteará a sus interlocutores la «celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución». El documento suscrito entre los socialistas y ERC también para la investidura del presidente del Gobierno era menos preciso: hablaba de «abordar el debate sobre el modo en que los acuerdos a los que se pueda llegar sobre el marco político de Cataluña puedan ser refrendados por el pueblo catalán».

Esquerra aboga por un pacto de claridad a la canadiense en lo que concierne a Quebec. El presidente de la Generalitat propone (de momento sin que ninguna fuerza le apoye) pactar las condiciones de un referéndum con Sánchez: mayorías necesarias para su celebración, fecha, pregunta y bases para implementar el resultado. Y sobre el modelo, se inclina por una autorización del Estado como se produjo con el de Escocia en 2014. Si un mínimo del 55% de los catalanes apoyara la independencia, los republicanos creen que el Estado estaría obligado a negociar los términos de la separación.

Aragonès, no obstante, se abre a otras vías. Hace meses, encargó un informe a un grupo de académicos para que plantearan fórmulas consultivas viables. Barajaron cinco. Entre otras propuestas, planteaban una consulta a la ciudadanía de Cataluña sobre la conveniencia de que el Parlament inicie un proceso de reforma constitucional que podría contemplar la independencia. También una fórmula de ratificación en Cataluña para que los catalanes voten un acuerdo político previamente adquirido sobre la independencia o una nueva acomodación dentro del Estado.

¿Por qué cita Junts el artículo 92 de la Constitución? Primero, para que nadie diga que su propuesta no está contemplada en la Constitución. El PSOE repite como un mantra que no negociará nada «divisivo» ni fuera de la Carta Magna. El 92 lo está y dice que «las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos». «El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados».

También dice que una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum. Visto así, parece sencillo, salvo que chocaría con los artículos 1 y 2: «La soberanía nacional reside en el pueblo español» y el Estado «se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española». El 92 habla, no obstante, de referéndum consultivo. Ese es el asidero al que se agarra Junts.

El grupo de expertos al que encargó el Govern alternativas para celebrar una consulta, incluyó el 92, pero lo propuso como un referéndum para toda España. Sería algo así como preguntar al conjunto de los españoles si estarían de acuerdo en que el Gobierno autorizara una consulta a Cataluña.