El Gobierno y sus aliados aceleran para que las lenguas cooficiales se usen en la investidura de Feijóo

Esta medida no solo era uno de los compromisos adquiridos por la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, tras su llegada al cargo el 17 de agosto, y una propuesta que la coalición que lidera Yolanda Díaz había lanzado semanas antes, también se trataba de la condición principal que los independentistas catalanes de Junts y ERC habían marcado a cambio de apoyar a la política balear en su candidatura a hacerse con la presidencia de la Cámara baja y a PSOE y a Sumar para obtener la mayoría en la Mesa a cambio de los votos de sus siete diputados.

Los de Carles Puigdemont, aunque dieron su visto bueno a la propuesta, han preferido marcar distancias y no adherirse a este documento. Desde su grupo parlamentario justifican la decisión porque no quieren pertenecer «ningún bloque» ni son «socios de nadie». Pese al gesto, previsiblemente votarán a favor de esta propuesta al ser una condición que ellos mismos fijaron.

En cuanto al calendario para su tramitación, al tratarse de una proposición en lectura única solo necesitará un pleno para ser aprobada. La Mesa deberá calificar la propuesta durante su reunión el martes que viene, por lo que podría estar lista para llegar al hemiciclo en la semana que se inicia el 18 de septiembre, la anterior a la sesión de investidura que protagonizará Feijóo.

Otra cuestiones bien distintas son la técnica –los recursos tecnológicos necesarios para implantarla en la sede del Congreso, como auriculares y otros dispositivos– y la humana, que deberá resolverse con la contratación de intérpretes. Hasta ahora la Cámara baja solo cuenta con tres especializados en inglés, alemán y francés, que suelen ser requeridos cuando se recibe la visita de dignatarios extranjeros. En el caso del Senado, se cuenta con una lista de 25 traductores de lenguas cooficiales a los que recurre habitualmente esta corte para la traducción de las iniciativas en lenguas cooficiales en base el acuerdo de la Mesa de la Cámara alta del 12 de julio de 2005.

El Senado fijó para 2023 un presupuesto de 280.000 euros destinado a pagar a estos intérpretes, aunque la cifra abonada finalmente acabará siendo inferior ya que el parón entre legislaturas ha reducido al mínimo la actividad parlamentaria.

En la nota registrada por estos grupos se establece que, en relación con las intervenciones orales, el Congreso dispondrá «desde la próxima sesión de investidura» de los servicios precisos de traducción e interpretación para que éstas puedan realizarse en cualquiera de las lenguas oficiales.Sin embargo, no especifican más detalles.

Por otra parte, la reforma prevé un plazo de seis meses para disponer de los medios necesarios para tramitar los escritos presentados en alguna lengua oficial distinta al castellano. Durante este periodo, los diputados y diputadas que presenten sus escritos en una lengua oficial que no sea el castellano, deberán acompañar la traducción en dicha lengua.

Para acometer la reforma del Reglamento bastará con incluir un apartado 3 al artículo 6 del texto, en el que se señale que «los diputados y diputadas tendrán el derecho de usar en todos los ámbitos de actividad parlamentaria, incluidas las intervenciones orales y la presentación de escritos, cualquiera de las lenguas que tengan carácter de oficial en alguna comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y el correspondiente estatuto de autonomía».

El propio Feijóo ha criticado la medida, al considerar que el español es suficiente como lengua común. «Soy gallego y hablo mis dos lenguas, pero no concibo un Congreso con pinganillos. Si todos los políticos nos comunicamos en la lengua común, no procede que los ciudadanos paguen para entendernos en el hemiciclo. Puigdemont y Díaz no necesitaron traductor», afirmó.