El Gobierno sacrifica un primer peón por los pagos sin trabajar a la exnovia de Ábalos

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero, ya había avanzado a primera hora de la mañana en TVE que la información aportada al Tribunal Supremo por la mujer con la que el exministro mantuvo una relación extramatrimonial desde octubre de 2018 a noviembre de 2019 estaba siendo investigada y que, en caso de demostrarse cierta, se depurarían responsabilidades «igual que sucedió con el señor Ábalos». El ministro de Justicia, Félix Bolaños, sin embargo, defendió tras una comparecencia en el Congreso que «la Justicia tiene que hacer su trabajo» y que será esta quien responda «todas las preguntas» abiertas.

El que fuera también secretario de Organización del PSOE fue suspendido de militancia y forzado a abandonar el grupo parlamentario socialista de forma apresurada hace ahora un año, después de que su hombre para todo fuera detenido por el presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante lo peor de la pandemia. Pedro Sánchez que lo había cesado por sorpresa de sus cargos en el Gobierno y el partido sin aclarar el porqué en julio de 2021 (luego ha asegurado que no fue porque conociera de sus andanzas sino porque quería «relanzar» el Ejecutivo tras la gestión de la covid) quiso levantar un rápido cortafuegos y llegó a exigirle, sin éxito, que dejara el acta diputado para lanzar un mensaje de contundencia contra la corrupción.

De momento, la salida de Palacios, adelantada por El Mundo y confirmada por este periódico, es la única de las medidas de control de daños tras la testifical de Jésica Rodriguez que ha trascendido. Fuentes de Tragsa, empresa tutelada por el Ministerio de Agricultura y de la que es máxima accionista la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la presentaron como una «renuncia» de la propia trabajadora aceptada por la empresa en el «marco de la investigación» abierta, pero añadió que esa investigación continúa y «se depurarán las responsabilidades que en su caso correspondan».

El actual ministro de Transportes, Óscar Puente, declaró hace dos meses en el Senado que él había preguntado expresamente por los contratos a los que se refirió Rodríguez (Ineco, depende de su departamento) y que habían seguido «los procedimientos de contratación habituales». «No hay nada que me haya hecho pensar en ninguna irregularidad», sostuvo.

Fuentes de Transporte remarcan también ahora que la presidenta de la ingeniería pública Ineco en el momento en el que se metió en plantilla a la entonces amante de Ábalos era Carmen Librero, exsecretaria General de Transportes con el PP y ya jubilada, aunque admiten no tender claro aún si la decisión tenía que pasar por sus manos o si debía estar al tanto de que tenía una empleada que no se presentaba nunca al puesto de trabajo. «Lo estamos mirando», dicen.

Jésica Rodríguez también se refirió, en su testifical ante el juez, al apartamento de lujo en uno de los rascacielos de la Plaza de España de Madrid en el que vivió mientras mantuvo una relación con el exministro de Transportes y hasta marzo de 2022, cuando la red de Víctor de Aldama decidió, según sostienen los investigadores, dejar de pagarlo, una vez cesado Ábalos. La mujer -a la que el máximo responsable del Ministerio encargado de adjudicar obra pública llevó a entre 15 y 20 viajes oficiales tanto al extranjero como en España- aseguró desconocer si fue la presunta trama corrupta del empresario la que se hizo cargo del alquiler de 2.700 euros al mes durante los tres años que ocupó la vivienda, pero apuntó que imaginaba que todo había sido cosa del también exsecretario de Organización del PSOE, «coordinándolo con Koldo».

A diferencia de Bolaños, que no salió del mensaje de que la investigación judicial avanza y hay que dejarla trabajar, a vicepresidenta primera aseguró que todo lo que se va conociendo sobre los «presuntos» comportamientos de excompañero de Gobierno y de partido le produce «dolor» y «desasosiego».