España, farolillo rojo de la OTAN en gasto militar

A este escenario se suma una situación geopolítica compleja por la presión de la nueva administración Trump; la permeabilidad del secretario general de la Alianza, Mark Rutte, hacia los planes estadounidenses para reducir su aportación neta a la organización; y, en clave doméstica, el delicado equilibrio de alianzas dentro del Gobierno de Pedro Sánchez y de sus apoyos parlamentarios. Con partidos abiertamente antimilitaristas que no están dispuestos a vender barato su respaldo al mayor gasto en Defensa.

Por si esto fuera poco, una noticia positiva, el crecimiento de la economía española en 2024, un 3,2%, y la estimación del 2,4% durante este curso, provocará el descenso del porcentaje del PIB dedicado al departamento. Por lo tanto, se necesitará más esfuerzo para no bajar del 1,28% actual.

Con este panorama, entre los analistas se habla sin ambages de una posición incómoda. Una mala baza política, estar a la cola de la OTAN, porque un único indicador de gasto compromete la posición de España con la vista puesta en la cumbre de junio en La Haya (Países Bajos). Una cita donde se fijarán los nuevos objetivos de gasto más allá del 2% que Rutte quiere cumplir «antes del verano» (se habla ya del 3% e incluso Trump lo elevó al 5%). Un significativo adelanto al plazo de 2029 que se acordó en la reunión de la Alianza celebrada en Madrid en 2022.

Malos tiempos, por lo tanto, para la narrativa de la ministra Margarita Robles de que «no se trata solo de un problema de números, de gastar más sino de hacerlo mejor», según justificó el pasado jueves en la interministeral de la OTAN en Bruselas. «España es un aliado fiable y responsable, sabe perfectamente lo que tiene que hacer y no necesita recibir lecciones de nadie», se revolvió Robles para reiterar que los planes para alcanzar el umbral de gasto sigue siendo el año 2029.

Y es que, a día de hoy, en términos cuantitativos, España necesitaría gastar la friolera de 16.000 millones más al año para alcanzar el 2% si nos atenemos a los datos de las cuentas nacionales. Una cifra que baja a 14.000 millones si se aplica la metodología que emplea la Alianza, que incluye otros gastos corrientes. «Toca tomar decisiones difíciles a nivel nacional», avanzó recientemente Rutte, sugiriendo recortes en pensiones o sanidad «para asegurarse que el dinero está ahí».

En suma, el PIB español se acercó el pasado año a 1.600.000 millones, por lo tanto el 2% en crudo se situaría ahora en 32.000 millones, cuando hasta noviembre pasado, dentro del año natural, se habían gastado 15.541 millones gracias a la aprobación de créditos extraordinarios para cubrir contingencias: misiones en el exterior, programas de armamento o la defensa europea de Ucrania. En este asunto destaca el apoyo dado por el Ejecutivo tras el acuerdo de 1.000 millones en ayuda militar y desarrollo industrial rubricado en mayo pasado por el presidente Pedro Sánchez y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

A sabiendas de que la débil posición española puede ser vapuleada en la próxima cumbre de La Haya, el pasado viernes llegó una buena noticia. La Comisión Europea acordó activar la llamada 'cláusula de escape' para congelar las reglas fiscales y permitir que los países miembros puedan aumentar su aportación en Defensa para cumplir con la OTAN. La presidenta Ursula von der Leyen mencionó la necesidad de hacer un traje a medida de cada territorio «en función de su gasto militar y de su situación fiscal». Un anuncio que beneficiará la precaria situación nacional por la falta de presupuestos, en línea con otros países comunitarios sumidos en la inestabilidad parlamentaria y que no alcanzan tampoco el 2%, caso de Italia, Portugal y Bélgica, o Canadá al otro lado del charco.

En clave interna, fuentes ministeriales señalan la necesidad de hacer piña con otros aliados para defender el plazo de 2029. Apuntan para ello que el gasto militar español ha aumentado un 67% en la última década, el tercer país de la Alianza, y afirman que España es el décimo aliado en términos absolutos de gasto y que cumple con creces el otro parámetro fijado: dedicar el 20% del presupuesto a equipamiento militar, ya que destina más del 30%.

Pero el argumento de más peso es que España no es un consumidor de seguridad sino un contribuyente neto: alrededor del 70% de los más de 3.500 soldados desplegados en 17 misiones en el exterior están bajo bandera de la OTAN. Aunque los países del Este de Europa pueden presumir de dedicar más del 2% de su PIB a Defensa, es España la que les da protección, con casi 1.600 militares desplegados en las repúblicas bálticas, Eslovaquia o Rumanía. Algunos de los socios que más gastan, como Grecia y Turquía, lo hacen mirando sobre todo a su vecino, aliado en este caso, y participan en menos operaciones conjuntas.