El Gobierno y los transportistas cierran un acuerdo de madrugada con ayudas por valor de mil millones

Esta medida, que estará vigente hasta el 30 de junio aunque será prorrogable «según evolucionen los mercados», sigue el ejemplo de los países del entorno, como Francia, Italia y Portugal, que aplicarán a partir del próximo 1 de abril descuentos de entre 15 céntimos y 30 céntimos de euro.

Pasaban las dos de la madrugada cuando la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ofrecía una rueda de prensa para informar de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y los transportistas durante una negociación que se prolongó más de 14 horas. Según detalló en la sede del ministerio, el Gobierno pondrá en marcha, asimismo, ayudas directas por un importe de 450 millones para empresas de transporte de mercancías y pasajeros en función del tipo de vehículo. En concreto, la cuantía será de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero que incluye taxi, VTC y ambulancias.

Por otro lado, se ampliará el plazo de vencimiento de créditos avalados por el ICO hasta 8-10 años y se ampliará el periodo de carencia de los créditos a seis meses. También se creará una nueva línea de crédito con 12 meses de carencia, según detalló la ministra, que también anunció que se duplicará el presupuesto de las ayudas por abandono de la profesión de transportista pasando de 10 a 20 millones de euros en los Presupuestos de este año.

Raquel Sánchez también ha avanzado que el Ministerio trabajará en una propuesta para aplicar «cuanto antes» los principios recogidos en la ley de la cadena alimentaria en relación a los costes de producción, que será presentada al sector antes del 31 de julio.

El encuentro entre el Gobierno y el sector estuvo comandado por la vicepresidenta Nadia Calviño –que lleva el peso de las negociaciones–, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y la de Hacienda, María Jesús Montero, todas ellas conscientes de lo mucho que el Ejecutivo se jugaba en términos de credibilidad por su gestión de la crisis y ante el caos vivido en los últimos días con el miedo a la escasez y al desabastecimiento. Habrá que ver hoy si este acuerdo es suficiente para que el Gobierno logre la paz social que persigue y finalice la huelga que ha puesto al país al borde del colapso. Y es que la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte, impulsora de los paros iniciados el 14 de marzo, no fue convocada al encuentro celebrado ayer en el Ministerio de Transportes.

En este sentido, Sánchez hizo un llamamiento a los convocantes para «que se recupere la normalidad» cuanto antes y les ha reclamado que «sean responsable» y no generen «más incertidumbre» a la sociedad pues las demandas «han sido atendidas».

Ya desde primera hora de la mañana, el representante de la Plataforma, Manuel Hernández, advertía que los paros no se desconvocarán hasta que no se sienten en la mesa con el Gobierno, a pesar de que muchas de sus reivindicaciones son las mismas que la patronal mayoritaria ha defendido en estos días de intensas negociaciones.

La división es absoluta. «Temen que sea una organización de la calle, nacida y dirigida por los camioneros, con la que tengan que llegar a acuerdos» criticaba ayer Hernández a través de sus redes sociales. «A nosotros no se nos compra con dinero ni subvenciones, se nos arregla el problema», insistió. Por eso, mantienen las movilizaciones convocadas para este viernes en distintas ciudades, con Madrid como centro de las protestas a las puertas del Ministerio de Transportes.

La división ha llegado incluso al seno del Gobierno. Frente al rechazo para reunirse con los convocantes de los paros, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, abogó ayer por la búsqueda de soluciones «con el conjunto del sector», subrayando que los transportistas movilizados «son los más vulnerables». Se aleja así del discurso empleado por algunos ministros que en los últimos días habían calificado de violentos de la ultraderecha a los huelguistas.