La Guardia Civil asegura que Rusia prometió 10.000 militares a Puigdemont si declaraba la independencia

Pero no solo eso. Los agentes, que realizaron 21 detenciones y una treintena de registros en ocho partidos judiciales diferentes durante este operativo denominado 'Volhov', también buscaron pruebas de la supuesta injerencia rusa durante el procés. Y es que, según desvelaron las órdenes de los registros de hoy, el instituto armado sostiene que algunos de los empresarios y expolíticos arrestados están detrás de un supuesto plan según el cual Rusia llegó a prometer 10.000 militares a Carles Puigdemont y pagar toda la deuda de la comunidad si declaraba la independencia en 2017 a fin de crear una suerte de una nueva Suiza.

Ese grupo de allegados de Puigdemont investigados por sus conexiones con el Gobierno de Putin también estarían al mando de la 'caja' de Tsunami; una misma hucha que también estarían financiando con dinero presuntamente procedente de corrupción política la estancia en Bélgica del propio Puigdemont. Entre los arrestados en esta operación, que se desarrolló de forma simultánea en las provincias de Barcelona y Girona, se encuentran, entre otros, el exdirigente de ERC Xavier Vendrell, quien fue consejero del Gobierno de Pascual Maragall; el exsecretario de comunicación de Jordi Pujol David Madí; el empresario Oriol Soler, investigado en su día por la financiación del 1-O; o el historiador Josep LLuis Alay. Todos ellos, muy cercanos a Puigdemont, están acusados de malversación de fondos públicos, prevaricación y blanqueo de capitales

Según explica en sus autos el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que reproduce los atestados de la Guardia Civil, la promesa de ayuda militar fue seria, hasta el punto de que si Puigdemont hubiera terminado por «aceptarla, probablemente los acontecimientos habrían sido trágicos y habrían desencadenado un conflicto armado en el estado con un incierto número de víctimas mortales«, señala textualmente el juez.

El magistrado revela que ese plan militar aparece en una conversación que mantuvo el ex dirigente de CDC Víctor Terradellas, investigado desde hace meses en esta causa y del que ya se sabía de sus supuestos contactos con el Gobierno de Putin, con el propio Vendrell. La Guardia Civil insiste en sus atestados en que «no hay motivos para dudar de su legitimidad y autenticidad dado que, al menos una parte de la información citada ha llegado a suceder con posterioridad ».

Según los documentos judiciales, el 'desembarco' de los soldados rusos no llegó a producirse porque Puigdemont «se cagó en los pantalones», según la transcipción que la Guardia Civil hace de las palabras de Terradellas.

«Parece evidenciarse que, en realidad, la injerencia rusa como medida de estrategia geopolítica de desestabilización fue un hecho durante el otoño de 2017 y por eso se difundió desinformación y noticias falsas, como que se había vivido la peor violencia en Europa desde la Segunda Guerra Mundial o que España no respeta las libertades básicas de votar », concluye el instituto armado.

Al margen del su supuesta participación en el plan de Putin para respaldar la independencia, los arrestados habrían inyectado fondos irregulares a plataformas independentistas precursoras de 'Tsunami' desde 2016 gracias a concursos amañados y comisiones provenientes de administraciones del entorno de la antigua Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), particularmente de la Diputación de Barcelona y la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanas.

Siempre de acuerdo con la investigación, los detenidos tras haber participado de forma activa en la financiación de la consulta ilegal de otoño de 2017, habría seguido trabajando para allegar dinero negro a la causa independentista dentro de un entramado en el que ya se estarían investigado a más de medio centenar de personas y que encebezaría Víctor Terradellas, quien, a su vez, fue una pieza central en la estrategia internacional del 1-0.

La investigación a Terradellas llevó hasta la asociación secesionista CatMon. Los agentes descubrieron en 2019 que esta entidad habría recibido subvenciones públicas irregulares para defender de la causa independentista y en el marco de esas pesquisas sobre el presunto desvío de dinero público aparecieron los primeros indicios que señalaban al entorno de Puigdemont y a la posible financiación irregular de su estancia en Waterloo y del propio 'Tsunami'.

Los seguimientos de la Guardia Civil, según fuentes de la investigación, habrían constatado los continuos encuentros de los investigados con el propio Puigdemont o con otras de las huidas, Marta Rovira, en Suiza, para encargarse de la logística y de su mantenimiento en el extranjero. Unas funciones que «compaginarían», en el caso de Soler y Vendrell, con la dirección de 'Tsunami' y la puesta en marcha de las grandes campañas de desobediencia civil y desórdenes públicos del pasado año tras conocerse la sentencia del Supremo contra los líderes independentistas.

Pero los arrestados no solo están investigados por allegar fondos a la causa independentistas, sino también por participar amaños y beneficiarse de contratos del Govern que hasta hace unas semanas lideraba Quim Torra. Durante la investigación de la Guardia Civil se descubrió la supuesta prevaricación en la recalificación de terrenos rústicos para la construcción de un centro de negocios, un restaurante y una escuela concertada en la localidad Cabrera de Mar (Barcelona), en la zona denominada Compleix Villabugatti.

Además de la recalificación se constataron adjudicaciones de obra por procedimientos no reglados, irregularidades por parte del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya en la concesión del concierto de la escuela y la modificación irregular del terreno de rústico a urbanizable, mediante la recalificación municipal aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Cabrera de Mar.