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En la legislatura sin tregua, el próximo mes se avecina trepidante y quién sabe si puede acabar resultado clave para el devenir del tercer y ... convulso mandato de Pedro Sánchez. Por de pronto, el calendario del Congreso tenía ya dos fechas marcadas en rojo: las de los plenos del 25 de febrero y del 11 de marzo, cuando está previsto que se debata –en uno o en otro, dependiendo de cómo manejen Junts y Esquerra sus cupos de proposiciones no de ley (PNL)– la cuestión de confianza a la que los de Carles Puigdemot pretenden que se someta el presidente del Gobierno. Pero si ya ese horizonte resultaba ya espinoso para Sánchez, siempre a expensas de cómo evolucionen las negociaciones pendientes con los independentistas, todo amenaza con ir a peor en el supuesto de que el PSOE y Sumar, María Jesús Montero y Yolanda Díaz, no cedan en sus antagónicas posiciones sobre la tributación del SMI.
El margen para un eventual arreglo ronda el mes: el lapso que media entre que la Mesa dé cauce rutinario este martes a las tres proposiciones de ley registradas contra la decisión de Hacienda de que el SMI tribute en el IRPF –las del PP, Podemos y la propia Sumar– y el ala socialista del Gobierno pueda formalizar un veto acogiéndose a la previsión del artículo 134.6 de la Constitución; veto que, en todo caso, podrían levantar los partidos de Feijóo y Díaz ejerciendo una mayoría inesperada en el órgano rector de la Cámara. «No vamos a llegar ahí», sostienen socialistas y magentas, conscientes de la imagen de ruptura que supondría que el socio menor enmiende al mayor apoyándose en la oposición y en el resto de los aliados contrarios al paso de Montero.
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Paula De las Heras
Pero a fecha de hoy, unos parecen confiar en el 'no se atreverán' de los otros, mientras CC OO y UGT alientan una posible salida que pase por admitir que el SMI puede tributar dejándolo exento este año. La Moncloa recalca que esto «no es una negociación» y que su posición está «decidida», mientras en Sumar subrayan que pensar que Díaz va a transigir es «no conocerla». Ayer, en un acto en Barcelona que terminó en 'modo mitin', la vicepresidenta eludió la polémica «no por ganas», pero haciendo suyas las palabras previas del ministro Ernest Urtasun plantando batalla y devolviendo a Montero los reproches de «populismo fiscal». Populismo es, rebatió, querer recaudar con el SMI cuando las grandes empresas, y singularmente las energéticas, «no pagan un duro». Mientras, Díaz se entregaba al motivo de la convocatoria –presionar para que el Congreso apruebe la reducción de la jornada laboral– con una llamada a «la movilización» en la calle.
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Ana del Castillo
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